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El soborno y otras manifestaciones asociadas a los actos de prevaricación cometidos por los funcionarios públicos fi guran entre las infracciones penales tipifi cadas en la nueva ley de lavado de activos que se discute en el Congreso.

La sentencia 168-13, la ley 169-14 y el Plan Nacional de Regularización abrieron la puerta a la corrección del desorden migratorio que arrastraba el país desde hace más de 50 años y que a su vez arrastró consigo grandes deficiencias en la concesión de la nacionalidad dominicana.

Una de las tácticas más socorridas para quitar la vista de una crisis es exportarla, es decir, crear otra para que se tape la verdadera.

Andy Dauhajre es un economista de sólida formación que se caracteriza por hacer propuestas concretas sobre diversos tópicos de la economía, que en ocasiones tienen un alto componente polémico.Desde finales de los años 80 y con su punto más alto en la década de los 90, para cuando el país estaba involucrado en grandes reformas estructurales que en la actividad económica abarcaron las áreas arancelaria, fiscal y laboral, entre ellas, el creador de la Fundación Economía y Desarrollo ha estado en primer plano en los debates de índole económico. Algunas de sus ideas, como el impuesto a los activos, son parte de la plataforma impositiva dominicana.

En el tiempo que llevan las investigaciones sobre los sobornos y amañamientos de licitaciones pagados por Odebrecht, las autoridades dominicanas no han dado un paso que inspire la creencia de que habrá pago de consecuencias acordes con el tamaño del pecado. Si la firma brasileña mudó para este país su fábrica de corrupción, es porque tenía garantía de impunidad derivada de las debilidades de nuestro sistema judicial, y eso más que justifica la desconfianza y la impaciencia de la sociedad ante la aparente inacción.

En el tiempo que llevan las investigaciones sobre los sobornos y amañamientos de licitaciones pagados por Odebrecht, las autoridades dominicanas no han dado un paso que inspire la creencia de que habrá pago de consecuencias acordes con el tamaño del pecado. Si la firma brasileña mudó para este país su fábrica de corrupción, es porque tenía garantía de impunidad derivada de las debilidades de nuestro sistema judicial, y eso más que justifica la desconfianza y la impaciencia de la sociedad ante la aparente inacción.

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