Mientras no se logre una distribución homogénea de recursos médicos, humanos y materiales, en el territorio nacional, la salud y la vida de muchos ciudadanos estarán notablemente expuestas a crisis en el sistema asistencial. Más de un sector profesional de la medicina ha expresado preocupación por el desequilibrio en servicios, visto como una consecuencia de la falta de atención plena del Estado al área sanitaria; lo que algunos desinformados se resistirán a creer porque ven al Gobierno inaugurar hospitales una y otra vez. No con ello cambia la realidad expuesta en estadísticas de que esta es una de las naciones del hemisferio a las que menos recursos presupuestarios son destinados a enfrentar enfermedades, algunas de las cuales se caracterizan por altos índices de mortalidad.

En las sociedades las cosas no ocurren porque sí, como dice el pueblo, sino que tienen un trasfondo de algún tipo que es necesario encontrar para poner fin a una situación que se considera nociva.

Si nos miráramos así mismo nos daríamos cuenta con evidencias reiteradas que en todo nos falta consistencia como sociedad. Cada cosa en la que fallamos tiene su causa en esa ausencia de crear procedimientos y seguirlos.

Nadie más responsable que las autoridades del gobierno, llámese Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el Ministerio de Medio Ambiente, que no accionaron como debieron frente a Lajún, por el tejemaneje a que recurrió para apropiarse de los terrenos del vertedero de Duquesa.

El Gobierno remodela hospitales y hace bien, aunque la experiencia enseña que el mal no está en reparar edificios viejos ni construir otros nuevos.

Fue la Procuraduría General de la República la que solicitó a la Cámara de Cuentas que abriera una investigación especial sobre las operaciones financieras de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), tras el asesinato del abogado Yuniol Ramírez, quien había hecho denuncias públicas de actos de corrupción en esa dependencia.

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