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Instalada la Constituyente en Venezuela queda marcado el destino pesaroso que le espera a las libertades públicas y al respeto a los derechos humanos en ese país. Su primera decisión fue destituir a la Fiscal General, un primer zarpazo que delata lo que será un régimen de fuerza.

El Diccionario de la Lengua define Autoridad como” “Potestad, facultad. Poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Persona revestida de algún poder o mando.” Al funcionario se le supone facultad de mandar y dar órdenes, que deben ser acatadas siempre que actúen con respecto a las leyes y normas vigentes. En el devenir de nuestra convulsa sociedad actual vemos, con estupor, cómo se dan, de manera violenta, reacciones contra la autoridad de uniforme. Circulan en las redes sociales varios videos de agresiones contra miembros de la AMET, que dan cuenta de un desafío del principio de autoridad que se le supone a quienes dirigen el tránsito. Sin ánimos de profundizar en causas y razones, cabe establecer que la autoridad como tal, es un principio básico de la organización social y el respeto a normas básicas de convivencia. No menos cierto que en nuestra siquis, el autoritarismo es propio del cargo, y quien lo ejerce tiende a excederse en lo que le corresponde como tal. En otras épocas el funcionario de por sí, inspiraba respeto, hasta que la politiquería invistió de “autoridad” a cualquier “carajo a la vela”. Este principio de autoridad va mucho más allá que la simple designación en un cargo, o del uso de un uniforme cualquiera. No hay dudas de que la autoridad como tal, está en crisis y de allí esas manifestaciones que merman la capacidad de hacer cumplir leyes, frente a la actitud de “chivo sin ley” que impera en la ciudadanía. El mayor obstáculo es el desprestigio de la línea de mando y la dificultad para rescatar el respeto perdido.

La mira de las autoridades está puesta en el desafiante caos que ocasiona la movilidad del tránsito y el transporte por tierra. Sin embargo, en un país con uno de los índices más altos de mortandad por accidentes de tránsito, el hecho de que carezcan de seguros el 60% de los vehículos de cuatro ruedas y el 85% de las letales motocicletas, representa un problema gravísimo, al que hay que ponerle especial atención. Esa carencia significa que hay una pobre cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros y a la propiedad, ocasionados por vehículos de motor. Significa que es mucha la gente que no recibe compensación adecuada por muerte, lesión permanente y perjuicios materiales. La falta de pólizas de seguro afecta además a un 80% de las viviendas.

Sorprende el anuncio de que actualmente se están haciendo aprestos para la confección de una Ley de Transparencia del Patrimonio, en momentos en que existe un esfuerzo de la Administración Tributaria por cerrar las grandes brechas evasoras que afectan al país.

Uno de los puntos conflictivos de la nueva Ley de Tránsito es el que determina que no podrán manejar vehículos de transporte público personas mayores de 65 años.

El procurador general de la República está preocupado porque un 80 por ciento de las mujeres amenazadas o agredidas por sus parejas o exparejas no reportan estos episodios a las autoridades.

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