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Cuando el presidente Danilo Medina Sánchez emitió el decreto 327-13 el 29 de noviembre del 2013 todos pensábamos que era para solucionar el problema migratorio de los haitianos que se encuentran de forma ilegal en el país, pero fue todo lo contrario. Después de culminar el proceso de regularización, el gobierno de Danilo Medina reveló con bombos y platillos que el 98% de los beneficiados en el plan de legalización eran haitianos, y que en total habían sido documentados cerca de 250 mil extranjeros.

La acumulación de basura en nuestras ciudades, los vertederos a cielo abierto, mientras padecemos un tránsito caótico, un sistema de transporte público caro y malo, una tasa elevada de accidentes, ocupando uno de los primeros lugares mundiales de muertes, nos retratan como un país atrasado y con un elevado déficit en educación. Frente a estos dos graves problemas las esperanzas están puestas por un lado en el plan “Ciudad Limpia” por otro en la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Ley 63-17).

Son muchas nuestras debilidades institucionales, empresariales y de recursos humanos. Conocemos nuestros problemas.

Tanto que han quedado reflejados en miles de documentos, discursos, talleres, conferencias, charlas, congresos y declaraciones de políticos, empresarios, intelectuales, instituciones de sociedad civil y profesionales de las más diversas áreas.

Un simple telegrama no tiene la fuerza sufi ciente para derrocar un gobierno ni lanzar a una nación a la guerra, pero si puede culminar un proceso de acumulación y provocar el estallido fi nal de las contradicciones latentes.

Cuando la Organización Mundial del Comercio surgió para regular el mercado global que se abrió al libre comercio, dictaminó y sugirió una serie de mecanismos de supervisión, con los cuales dejaba eliminados los controles de precios para dar paso a un sistema de regulación mediante normas y leyes conforme a la nueva situación que, obviamente, demandaba un marco jurídico diferente.

A propósito del debate que se ha producido en la Cámara de Diputados en torno a la incorporación al Código Civil del derecho de los menores a contraer matrimonio, es saludable que los legisladores, tomando en consideración la trascendencia de esta decisión, reflexionen sobre las graves consecuencias que tendría para nuestras niñas, la incorporación de esta disposición, en tiempos en que, por el contrario, la tendencia mundial se inclina por su prohibición.

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