Ramón Núñez Ramírez: Lo importante es el financiamiento de los partidos

09 Octubre 2017

El tema de las primarias internas ha provocado un tranque en el avance que sostenía la comisión bicameral en la discusión del proyecto de ley de partidos, sin embargo no se ha arribado a la discusión de temas fundamentales, como son lograr una ley que limite el tiempo de las campañas, internas y nacionales, que coloque un tope al gasto y se conozcan los aportes privados a las organizaciones políticas.

Con el tema de las primarias simultáneas y con padrón abierto se ha alegado que la Constitución de la República en su Artículo 216, cuando se refiere a la “democracia interna” habla de elecciones internas con la participación de los miembros, pero más recientemente el Tribunal Superior Electoral en su sentencia 23-2017, emitida el miércoles 27 de septiembre, entre otras establece: “Lo legal, lógico y democrático es que los delegados que deberán nominar a los candidatos de los partidos en sus convenciones, sean personas que pertenecen únicamente a dichos partidos….”. También está el precedente de una sentencia de la SCJ que declaró inconstitucional la Ley 286-04 de primarias abiertas.

Ahora bien, ¿Cuál padrón? Porque lo cierto es que ningún partido cuenta con un padrón depurado, hay miles de personas inscritas en varios padrones de los principales partidos; habría que comenzar con depurar los listados para poder hablar de votación con padrones cerrados.

En el caso de las primarias simultáneas estamos hablando de un proceso complejo y costoso, como señaló el actual Presidente de la JCE, más complejo que las últimas elecciones presidenciales, municipales y congresuales. ¿Salvaría la democracia interna de los partidos la celebración de primarias simultáneas con todo lo que ello implica? Personalmente no estoy convencido de que la cura al déficit democrático de las organizaciones se encuentre en ese modelo de elección.

Parecería, por el nivel del debate, que las primarias son el eje principal de la ley de partidos, sin embargo otros temas, que aún no han sido abordados, son de una importancia trascendental como lo es el tiempo de las campañas, el tope al gasto y que las contabilidades de los partidos sean de público conocimiento.

La duración de las campañas y el tope al gasto es clave para garantizar más equidad, menor corrupción y evitar que una campaña presidencial cueste miles de millones de pesos, que la campaña de un senador cueste cientos de millones. Hemos construido un sistema político basado en el dinero y ese es uno de los principales combustibles de la corrupción.

Los aportes privados a los partidos y candidatos deben conocerse para evitar que recursos del narcotráfico, de la corrupción, de las comisiones por el otorgamiento de obras y compras del Estado nutran las campañas y precampañas; aún más, es vital conocer los aportes de los empresarios y grupos económicos que hacen inversiones en candidaturas, especialmente presidenciales, para luego obtener retornos sobre la base de permisos, obras, compras, privilegios, que afectan a sus competidores, y que en el fondo se trata de corrupción.

Así como una serie de sectores económicos son “sujetos obligados” en la nueva Ley de Lavado de Activos, también los partidos políticos debían serlo porque sin el control actual es muy fácil que las organizaciones políticas sean utilizadas para el lavado.

Parece una ilusión que las cúpulas partidarias lleguen a un consenso para entregarle al país una ley de partidos que fortalezca la democracia interna y que minimice el papel del dinero como insumo principal para ganar elecciones.

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