La Columna de Trajano: Santo Domingo Cuna del Amparo

13 Febrero 2018
Trajano V. Potentini, Abogado Experto en Derecho Constitucional

El Recurso o Acción de Amparo, tal como lo conocemos en la actualidad, encuentra sus antecedentes más remotos en el Derecho Romano, a través de dos instituciones denominadas homine libero exhibendo e intercessio tribunicia. Durante la Edad Media aparece, en el Reino de Aragón, una figura encargada de velar por el cabal cumplimiento de los diversos fueros, conocida como la de “justicia mayor”, quien en sus resoluciones utilizaba ya la palabra “amparar”, siendo en el ordenamiento castellano la vía a través de la cual se introduce dicho vocablo como sinónimo de protección de derechos en la América española.

Otra referencia inmediata ubica sus vestigios iniciales en una ley visigoda de Castilla, en el Fuero Juzgo y en las Siete Partidas, donde aparecen los primeros recursos contra los actos del poder utilizados en la baja Edad Media, bajo la denominación de “justicia mayor del Reino de Aragón” o su lugarteniente, operando –si cabe el símil– como una especie de jueces de constitucionalidad amparando a las personas y a sus bienes contra los actos excesivos y arbitrarios del poder soberano.

A finales del Siglo XV, con la llegada de los españoles a las Indias Occidentales fueron trasladadas a América muchas instituciones jurídicas vigentes en la España de aquella época y, como en la legislación española ya se aplicaban diversos medios de garantía individual, tras la fundación de ciudades y la creación en 1511 de la Real Audiencia en La Española (Santo Domingo) puede afirmarse inequívocamente que la institución del amparo se inicia en esta isla caribeña, lugar desde donde posteriormente pasa al virreinato de Nueva España (México) durante los siglos XVI al XIX, período en donde se proyectan, aparecen y evolucionan los reales amparos concedidos por la Audiencia y Cancillería Real de Santo Domingo y posteriormente por la Real Audiencia de México.

Real Audiencia Santo Domingo

En realidad, se erigían en los primeros amparos coloniales, equivalentes a los interdictos posesorios de la época. De igual forma, el amparo durante el siglo XIX fue designado con el nombre de “Recurso Sumario”, por decreto de las Cortes Españolas del 28 de noviembre del año 1812.

En el libro “Historia de la Escribanía de la Nueva España y del Notariado en México” se publica que las acciones escribaniles ejecutadas por Don Diego de Godoy a orillas del Rio Grijalba durante la colonización de México por Hernán Cortés fueron “las primeras realizadas en tierra firme del Continente Americano” y el notario e investigador dominicano, Nelson R. Castillo Ogando, demostró que cuando Cortés navegaba por la costa sur de Cuba camino a la conquista de México ya habían transcurridos cinco años y medio que Vasco Núñez de Balboa había requerido al escribano real Don Andrés de Valderrábano, para que redactase un acta en la cumbre de una montaña en el istmo de Panamá (lo que hoy es América Central).

Traigo a colación esta reseña porque en el curso de nuestras investigaciones también hemos advertido un yerro histórico al considerar a la Nueva España (México) como el país con el antecedente americano más antiguo y, a título de hacer justicia histórica, la primacía en el ejercicio de las garantías individuales corresponde a La Española (Santo Domingo), lugar en donde existió con más de quince años de antelación un tribunal que conociera recursos que ubican al amparo en los tiempos de la colonia.

La Audiencia y Cancillería Real de Santo Domingo en la Isla Española se crea el 5 de octubre de 1511 por una Real Cédula de Fernando V de Castilla, constituyéndose en el primer tribunal de la Corona castellano-aragonesa en América. Posteriormente, (16 años más tarde) es cuando se crea, en fecha 13 de diciembre de 1527, bajo la presidencia de Nuño Beltrán de Guzmán, la Real Audiencia de México como otra institución de justicia del reinado español, con la excepción de los territorios forales de la Corona de Aragón.

Se ha comprobado asimismo que la Real Audiencia de Santo Domingo fue la primera instalada en América, y estaba en pleno funcionamiento en 1515, aunque a su integración original -como tribunal- se agregó la figura del Virrey, que no figuraba en sus inicios, para quedar conformada como una especie de “Consejo Virreinal”.

A pesar de que hubo divergencias entre el gobernador Diego Colón y la Corona por el funcionamiento de la Real Audiencia, al Virrey se le reconocieron facultades para la administración de la justicia civil y criminal, junto a la prerrogativa de conocer en segundo grado de las apelaciones contra decisiones de los Alcaldes Ordinarios pudiendo ser recurribles sus decisiones ante sus Altezas Reales o ante las Audiencias Reales.

En su modelo original la Real Audiencia copió el sistema español implementado por las Reales Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada, tribunales superiores competentes para conocer de las apelaciones contra sentencias originarias de provincias situadas dentro de su demarcación. Lo interesante del sistema es que las decisiones de los Corregidores, Alcaldes Mayores y otros elementos jurisdiccionales podían recurrirse no en apelación, sino en el llamado “recurso por agravio o injusticia notoria”, y mediante la “suplicación al Rey”.

No hay dudas de que entre 1515 y 1526 se conocieron y fallaron varios casos que pueden considerarse, técnicamente, como amparos. Cabe citar entre ellos el de las “lanzas jinetas” y el “Pleito Ovando-Tapia”, los cuales ampliaremos más adelante. Estas afirmaciones se basan en que, en ambos, como en otros similares, la cuestión originaria fue un acto de un poder público (la confiscación en el primero, y la expropiación en el segundo), que lesiona derechos fundamentales.

La sentencia fue, en ambas ocasiones, la restitución del derecho violado (indemnización en el primero, pero basada en la imposibilidad de restituir los caballos confiscados, y restitución del predio en el segundo).

La competencia de la Real Audiencia de Santo Domingo equivalía a la de un tribunal de apelaciones para todos los territorios americanos, incluyendo México. En suma, la Real Audiencia fue un precedente del modelo que se instituyó en todo el continente, representando el primer acto importante de presencia realizado por el Estado Español en aquellas islas descubiertas por Colon.

Ilustración de un Juicio

Estas razones de cronología histórica prueban que cuando el legendario conquistador de México, Hernán Cortés abandona las costas de Cuba –o Juana, como la bautizara Cristóbal Colón en honor a la hija de la Reina Isabel de España– para emprender la expedición que lo llevaría a la conquista del imperio azteca, ya la Real Audiencia de La Española tenía 16 años de haberse creado. Una vez allí, gobernó con el título de capitán general y justicia mayor y decidió establecer su gobierno en la población de Coyoacán debido a que la ciudad de Tenochtitlán había quedado devastada.

El primer conflicto de naturaleza civil de la colonia española en la isla se produjo en 1494. Se trata del caso llamado “Las lanzas jinetas”. En la especie, un cuerpo de lanceros de veinte miembros, con calidad de cuerpo policial, fue enviado a la isla de La Española por el rey Fernando, con atribuciones de autoridad militar en la isla y, por lo mismo, un serio reto a la autoridad de Colón. Para evitar que actuaran, el Almirante alegó que sus caballos no eran los mismos magníficos ejemplares que habían provocado admiración en Sevilla: trató de adquirirlos, pero, la venta le fue negada. Ante esa negativa, Bartolomé Colón confiscó los caballos y sus propietarios se rebelaron, se fueron a España e imploraron justicia al Rey. La solución fue concederle mérito a la pretensión y como no se podían devolver los caballos, la Corona se comprometió a indemnizar a los reclamantes y para no establecer un mal precedente, se puso el pago de las indemnizaciones a cargo de cada Capitanía de la Santa Hermandad a la cual pertenecía el escudero, salvando así a la Corona de Castilla y a la empresa colombina de solventar dichas indemnizaciones.

Otro precedente de la época lo fue el denominado “Pleito Ovando-Tapia”. Esta litis se desarrolló en el 1509 debido a que Nicolás de Ovando, a la sazón gobernador de la isla, fue procesado por haber expropiado un solar a su propietario, Cristóbal de Tapia, donde éste tenía su bohío y cuatro tenderetes de madera y cana que alquilaba a distintos sujetos. La expropiación tuvo como objeto una construcción pública (es decir, de la Corona). Ese proceso fue juzgado en primer grado por el licenciado Marcos de Aguilar, alcalde mayor, quien había sido alcalde o justicia de Sevilla y llegó como juez de residencia junto a Diego Colón en 1509, pronunciándose para que el Contador Mayor le hiciera retornar a Cristóbal de Tapia y restituir dicho solar, “aunque fuere necesario ceder otro igual o tan bueno”. Su sentencia fue dictada el 23 de enero de 1510. La decisión fue apelada por ante los Reyes por el licenciado Gómez García, procurador del Comendador Mayor. Las informaciones precedentes fueron publicadas localmente por Fray Vicente Rubio.

Podemos afirmar que, en los tiempos de la colonia, en la isla de Santo Domingo existieron varias modalidades de amparo, aunque con otras denominaciones, pero con las características propias del amparo que hoy conocemos veamos:

A) Recurso de fuerza

Procedimiento o recurso relacionado con el Patronato Regio, que consistía en la facultad que tenían los miembros del clero de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia para reclamar de las resoluciones de los tribunales eclesiásticos, en caso de incompetencia de éstos para conocer de las causas, inobservancia de las normas de procedimiento y de las negativas de apelación que eran procedentes o su concesión en un efecto distinto de aquel del que correspondía, para que aquellos pusieran término a la fuerza con que habían conocido éstos.

El fundamento del recurso de fuerza era que el Rey tenía que proteger a sus súbditos. Si los tribunales eclesiásticos violaban los derechos de los súbditos, el Rey tenía que restablecer el imperio del derecho y por eso es que se inmiscuía en asuntos canónicos para enmendar la actuación del tribunal eclesiástico.

Este recurso era conocido en las Indias por la Real Audiencia y, eventualmente, por el Consejo de Indias, si el contencioso se había tramitado en España.

B) Recurso de injusticia notoria

Era un recurso procesal que conocía el Consejo de Indias, en su sala de gobierno (y no en la de justicia) por ser considerado una merced del soberano). Sólo procedía en materias civiles y a fines del siglo XVIII también se le incorporaba el fuero militar.

Procedía cuando existía algún defecto notorio (sustancial) en el procedimiento (falta de emplazamiento, la no recepción de la causa a prueba, etc.) o cuando la sentencia tenía un vicio al ir en contra de alguna de las fuentes del derecho vigente. Este recurso equivale a un recurso de casación o de nulidad actual.

C) Recurso de segunda suplicación

Recurso o mecanismo procesal extraordinario del que conocía exclusivamente el Real y Supremo Consejo de Indias en su sala de justicia. Procedía en juicios civiles conocidos en Indias por la respectiva Real Audiencia en grado de “revista” y procedía solamente cuando la suma disputada (cuantía) fuera superior a 6,000 pesos de oro ensayado.

Las Reales Audiencias conocían habitualmente de apelaciones de sentencias dictadas por tribunales inferiores, apelación llamada “sentencia de vista”. También podían dictar auto acordados para una adecuada administración de justicia, pudiendo con ellos suplir los vacíos normativos en cuanto a los procedimientos o para interpretar las normas procedimentales vigentes y, además, podían “suplicar” una ley (cuando esta adolecía de un vicio) presentándola al Consejo de Indias.

Si dudas que el amparo es un legado del continente americano para el mundo, surgiendo como figura en evolución en América, primero en La Española (Santo Domingo), durante los siglos XVI al XIX, período durante el cual aparecen los reales amparos otorgados por la Real Audiencia de Santo Domingo. Aun cuando reconocemos de la aparición de algunos vestigios exiguos en España en los procesos forales aragoneses y en Castilla, podemos concluir que La Española, hoy República Dominicana (parte española), es la cuna del surgimiento del amparo en América y posteriormente previsto por primera vez a nivel constitucional en México, a quien además le cabe el mérito de haberle dado un extraordinario desarrollo doctrinal y jurisprudencial.

Breve reseña biográfica del autor, Trajano Vidal Potentini A., Abogado, Politólogo y Catedrático Universitario por más de 29 años, con Maestrías en Derecho y Relaciones Internacionales; Ciencias Políticas, Menciones Relaciones Internacionales y Politología; Derecho Constitucional y Derecho Público; Derecho Administrativo y Gestión Municipal, Especialidad en Derecho Penal, Profesor Investigador de la Universidad del País Vasco de España y candidato a Phd, en el Curso de Doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, Coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la UASD, es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Socio Director de la Firma de Abogados Trajano Potentini & Asocs; es Secretario de Educación y Cultura del Colegio de Abogados, es Autor de más de diez obras en el área del Derecho Público.

Email: trajanopotentini1@gmail.com

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