Los repetidos paros en los hospitales, lejos de representar un movimiento en pos de conquistas legítimas para los trabajadores del sector salud, representan la reacción de una parte del Colegio Médico Dominicano, el sector del presidente del gremio, opuesto a la reforma del sector salud, como señala el acuerdo arribado el 12 de octubre de 2016: “el objetivo del diálogo siempre ha sido avanzar juntos en la reforma global de la salud dominicana que nuestro pueblo necesita y demanda, y que deberá traducirse en mejoras sustanciales en la atención, así como en las condiciones de trabajo del sector”.

El neoconstitucionalismo inaugurado en el 2010 institucionalizó los Partidos Políticos, como organizaciones de derecho público regido por el artículo 216. Esta plantea la necesaria sujeción de los Partidos Políticos a los principios de la constitución. El texto constitucional extiende su alcance al artículo 212, que establece la misión de la Junta Central Electoral, en su Párrafo IV le otorga mandato como: garante de la democracia, la equidad y la transparencia. El artículo 214 creó el Tribunal Superior para que decida sobre los conflictos entre los partidos y al interior de estos. Sobre estos sólidos pilares constitucionales, se fundamenta la argumentación jurídica de que los partidos políticos fueron constitucionalizados.

Es indiscutible que el nacimiento del Estado dominicano estuvo inspirado fundamentalmente en la denominada “Manifestación de los pueblos de la parte del Este de la Isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana”, del 16 de enero de 1844. En este documento, considerado como una Pre-Constitución, se visualiza el futuro Estado dominicano, enunciando las garantías individuales que serian dispensadas a los ciudadanos.

En la ilustrativa conversación de Luigi Ferrajoli y Mauro Barberis, de la que surgió la obra Los derechos y sus garantías, como si se refiriera al proyecto de Ley de Partidos Políticos que actualmente se debate en nuestro país, Barberis le sugirió a Ferrajoli lo siguiente: “Esta reforma de los partidos debería afrontar también un segundo problema: la corrupción y, más en general, las relaciones cada vez más estrechas entre política y negocios, el descrédito que envuelve al conjunto de los partidos y la urgente necesidad de superar el dialogo de sordos entre quien querría liquidar a todos los partidos excepto al propio, como aparatos parasitarios del poder, y quien, como tú y yo, defiende que una democracia sin partidos todavía no se ha inventado; y si acaso existe, se llama totalitarismo, no democracia”.

Desde el punto de vista jurídico-técnico, no es lo mismo dictar sentencias que legislar: “el arte y la ciencia de legislar no es un trabajo para “amateurs” y una Corte Constitucional que quiera operar como legislador, aunque precario y suplente, puede no ser el órgano más adecuado para estas funciones, que en principio resultan anómalas al tribunal”, ha escrito el jurista argentino Nestor Pedro Sagués.

Semanas atrás las declaraciones del expresidente Rafael Hipólito Mejía Domínguez dejaron entrever que no hay retroceso en su aspiración de dirigir los destinos nacionales una vez más. Lo que ha sido una franca manifestación de madurez política, porque para promover su imagen y proyecto no ha tenido la necesidad de golpear ni detractar a sus adversarios; que son bastantes los que temen una posible candidatura del guapo de Gurabo.

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