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El presente año escolar inició con magnificas expectativas: 2.8 millones de estudiantes, 1.15 millones en tanda extendida, aumento salarial adicional de 10% a los docentes por desempeño, inicio del programa República Digital; con estos precedentes debe ser un compromiso de padres, docentes, estudiantes y toda la sociedad empoderarnos de este proceso, porque lo cierto es que la raíz de nuestros principales problemas radica en el déficit de educación.

El auxilio de cesantía que legalmente les corresponde a los trabajadores está en peligro de nuevo. Los empresarios vuelven a la carga. Están promoviendo con más fuerza que nunca una modificación del Código de Trabajo (CT). Desean librarse de la obligación de pagar ese derecho a sus empleados, en los casos específicos que la norma de la materia impone.

El Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal) fue instituido por Ley 166-12, del 13 de junio de 2012, como la infraestructura encargada de las actividades relacionadas con el desarrollo y la demostración de la calidad, normalización, metrología, inspección, ensayo, certificación y acreditación para proteger la salud y la seguridad de los consumidores.

La actual Constitución de la República Dominicana es una oferta muy avanzada de cómo debemos proceder los dominicanos del presente siglo y el porvenir. La forma de cómo fue consensuada nunca se había hecho antes, en la que toda la sociedad organizada, incluyendo los estudiantes universitarios, tuvo la oportunidad de discutir en grupos la Carta Magna que deseábamos.

Hace un par de semanas, la directora ejecutiva del Instituto de Protección a los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), Anina del Castillo, solicitó a la Fiscalía del Distrito Nacional iniciar investigaciones para determinar la legalidad de las operaciones de la página en Internet MyTradeCoin, dedicada a la comercialización del denominado dinero electrónico.

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia que aclara y precisa la facultad legal que tenemos los jueces de la República Dominicana para imponer astreinte en los casos de acción constitucional de amparo.

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