Con anterioridad he dicho que la naturaleza asociativa y no estatal de los partidos políticos comprende un margen de libertad que ha de ser protegido por el Estado. Se trata de una auténtica expresión del derecho fundamental de asociación, un derecho político enmarcado dentro de la esfera de libertades de las personas. Y es que, tal y como se expresa en la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional de Alemania, “(…) la función que los partidos desempeñan en el proceso de libre formación de la voluntad popular exige una posición constitucional de libertad, esto es, que los ciudadanos, a través de los partidos, puedan determinar, libres de limitaciones por parte del poder público, la voluntad del Estado (…) de manera que debe garantizarse no sólo la libre concurrencia, sino también que el Estado observe neutralidad respecto de los competidores (los partidos políticos)” [BVerfGE 85, 264, 9 de abril de 1992].

La aspiración no declarada del presidente Danilo Medina de intentar la prolongación del mandato vía repostulación, pese al actual impedimento constitucional, es parte de una estrategia en curso, con al menos tres sucesos recientes en esa dirección.

 

Se le atribuye a la genialidad de Albert Einstein la afirmación de que el Universo y la estupidez humana son las dos cosas infinitas que existen. Pero confesó irónicamente que no estaba completamente seguro de que el Universo fuera infinito.

 

La vigésima disposición transitoria de la Constitución Dominicana, ha sido objeto de una acción directa de inconstitucionalidad, por ante el Tribunal Constitucional. La disposición impugnada prohíbe al actual mandatario dominicano presentarse como candidato presidencial para el periodo 2020-2024, por el hecho de haber sido el Presidente de la República durante el período 2012-2016 y por haber sido candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020. El accionante persigue que la referida disposición sea anulada y expulsada de la Constitución, en el interés de allanar el camino al Presidente dominicano, para que pueda optar un nuevo mandato presidencial.

La disfuncionalidad institucional es inherente al proceso de mejoramiento de las funciones que tienen bajo su responsabilidad las diversas organizaciones públicas y privadas en la sociedad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no desaprovecha la más mínima oportunidad para encarar a la República Dominicanas las supuestas violaciones de los derechos humanos, en especial aquellos derivados de la migración ilegal haitiana en el país.

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