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El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) aprobó el pasado 29 de mayo un proyecto de reglamento de aplicación de su ley orgánica, la número 138-11, el cual ha sometido a consulta pública, según su texto, para cumplir con los artículos 57, 58 y 59 del reglamento de aplicación de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

En mi entrega del viernes 12 del presente mes traté el tema de la obsolescencia de los productos de consumo, lo que ha suscitado un gran interés entre varias personas que leyeron el artículo y que me sugieren aportar más conocimiento sobre este fenómeno.

Por el caso de los sobornos de Odebrecht se ha desatado un positivo movimiento que busca que el sistema de justicia investigue, detecte, persiga, acuse y reprima a los responsables de haber recibido los sobornos delatados.

Por la trascendencia y el manejo atolondrado del proceso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y porque la gente está ahíta de tanta corrupción sin sanción, hay manifestaciones de rabia, indignación y reclamos para poner fin a la impunidad.

El 8 de febrero de este año el presidente Danilo Medina depositó en el Senado el proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que modifica sustancialmente la Ley Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas (Ley 72-02), que busca, como dice el mensaje enviado al Presidente del Senado, “actualizar la legislación dominicana conforme a los nuevos estándares internacionales sobre la materia”; y si bien es de justicia reconocer que fue aprobada por el Senado en un tiempo relativamente breve, queda la suspicacia de la exclusión de las bancas de apuestas.

La desgracia del dominicano, entre otras muchas causas, se debe a que la mayoría de las autoridades no tiene ni idea de lo que son los derechos fundamentales, los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos, los derechos de las personas. Y, por su comportamiento irresponsable, suelen actuar con pleno desparpajo, con lo que confirman que no les importa conocer la trascendental importancia que tienen esos derechos en la vida democrática que vivimos.

Si los supuestos o posibles delitos relacionados al caso Odebrecht se iniciaron en el año 2002, conforme al orden jurídico que rige en la República Dominicana, se puede determinar, que para algunos imputados ya estaría prescrito cualquier delito relacionado con este famoso caso.

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