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El presente artículo sobre la Corte Penal Internacional, analiza el derecho constitucional de la corte entendido como la base constitutiva de las obligaciones internacionales de los Estados Partes,  los principios generales del derecho penal e internacional  su fundamentación, las competencias, expone la indefinición del crimen de agresión conforme al estatutos de la CPI y el renovado compromiso de la comunidad internacional para establecer un orden de sanción a los crimines internacionales generalmente aceptado.

La formación de la Corte Penal Internacional es un avance para la justicia internacional,   procurando  la sanción a las personas que violen gravemente las leyes penales internacionales por ejemplo: Genocidio, Lesa Patria, Lesa Humanidad y  Agresión. 

El tratado constitutivo de Roma de 1998 crea la base internacional de las obligaciones de los Estados Partes, es la culminación de un proceso que inició con anterioridad su precedente constitucional codificador; es la  Asociación Internacional Penal que adoptó un proyecto de código de Represión Internacional en 1928. Este código, con precisiones normativas del delito internacional, los procedimientos, las sanciones, las excepciones de competencias, puede ser considerado como un  aporte al derecho constitucional de la corte. Pero sin duda la base multilateral que va creando las condiciones para su nacimiento, está en  las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946 y 95 (I) del 11 de diciembre de 1946. Además los cuatros convenios de Ginebra  del 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de guerra, permite el reconocimiento de crímenes internacionales.

La propia experiencia de las Naciones Unidas en la creación de tribunales especiales se considera una acción fallida, esto fue  debilitando el sistema de protección internacional, la década de los ochenta y los noventa fue tipificada  como  de   tribunales ad hoc en materia de derecho internacional penal.

El derecho constitucional de la Corte se expresa en la competencia de conformidad con el  Estatuto respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio, b) Los crímenes de lesa humanidad, c) Los crímenes de guerra y d) El crimen de agresión. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo haría.

Parte de las normas contenidas en el artículo 5 del estatuto  de la CPI se consideran norma Jus Congens, de Derecho Internacional Público, se ha constituido en imperativa en materia de derechos humanos. Son normas oponibles a todos los Estados.

La Corte no sustituye los sistemas penales nacionales, más bien los complementa y suple el vacío jurídico que puede existir en los sistemas nacionales. La corte se crea con un carácter permanente, superando así a los anteriores tribunales como el Tribunal de Núremberg, el Tribunal para la ex Yugoslavia, conocidos también como tribunales ad hoc. 

El derecho Penal Internacional  se fundamenta en un conjunto de Principios como son: principio de admisibilidad, principio denominado de complementariedad, La obligación de cooperar,  principio de la irretroactividad y principio de la cosa juzgada.

El principio de admisibilidad está relacionado con la relevancia del crimen si entra dentro del ámbito de la competencia del Artículo 5 de la Corte. Ahora bien, cuando esa decisión sea adoptada por los Estados la Corte deberá examinar si se trata de un acto de Estado dirigido a proteger y a sustraer al individuo de la responsabilidad penal  por crímenes que son de la competencia de la Corte. 

La corte deberá examinar la substanciación del proceso de forma que sea independiente. La Corte deberá examinar la existencia un sistema jurídico que permite al Estado llevar hacia delante el proceso como ocurrió en la antigua Yugoslavia. 

El principio de complementariedad diseñado en el Estatuto procura una solución intermedia entre los sistemas jurídicos nacionales que deben suplir los medios y recursos cuando está siendo conocido un caso en la jurisdicción interna. El principio de complementariedad unirá esfuerzos para solucionar en las ausencias internas de norma de procedimiento internacional a seguir. Esbozado en su preámbulo, el sistema es recogido en varias disposiciones del Estatuto, en particular en los Artículos 17, 18 y 19, relativos a las cuestiones de admisibilidad, y en el artículo 20 referido al principio ne bis in ídem. 

El principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional representa una innovación respecto de los tribunales ad hoc anteriores y una clara voluntad de la búsqueda funcional de los sistemas penales nacionales y el sistema penal internacional. Los legisladores de Roma propusieron en la conferencia mencionada el llamado principio de complementariedad. 

Es necesario establecer el principio de la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerras y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal. Los Crímenes de guerra son tipificados a partir de la definición del Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg del 8 de agosto de 1945.

Uno de los principios renovados en el estatuto de Roma y puesto de manifiesto es la obligación de cooperar por parte de los Estados miembros de la Corte. El análisis de la disposición ponen claro la exhortación que hace el Consejo de Seguridad en su Resolución 1593 cuando expresa: En el conflicto de Darfur los Estados no partes deben cooperar plenamente con la Corte y el fiscal prestando toda la asistencia necesaria, a fin de poner en marcha esta Resolución. Se insta a La Corte y a la Unión Africana a que examinen arreglos prácticos que faciliten la labor del fiscal y de la Corte, incluyendo la probabilidad de llevar actuaciones en la región. Llama la Resolución a que aliente también a la Corte a que, según corresponda y de conformidad con el estatuto de Roma, apoye la cooperación internacional con medidas nacionales destinadas a promover el imperio de la ley, proteger los derechos humanos y combatir la impunidad en Darfur. 

La obligación de cooperar es un principio universal en la carta de la ONU, siendo un pilar del derecho internacional que vincula a los Estados partes. 

El principio de la cosa juzgada se consagra en el artículo 18: Nadie ser Juzgado por un crimen por el cual ya fue juzgado. Otro tribunal no tendrá competencia para juzgar conforme al artículo 5 de los estatutos. No se procesará a nadie que haya sido juzgado en otro tribunal, a menos que el propósito no fuese sustraerlo de la competencia de la Corte por crímenes, o no fuese el resultado de una instrucción independiente. 

Fundamentado en los principios sustantivos del Derecho Internacional, el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad parece recobrar hoy inusitada vigencia en materia de normas imperativas y competencia ilimitada de los tribunales nacionales en materia de delitos internacionales penales. 

La parte que guarda relación con los principios generales del Derecho Penal dispone que cuando el derecho sea aplicado de conformidad con los estatutos, no habrá responsabilidad penal (Nullum Crimen Sine Lege). 

EL principio de la irretroactividad, expresa que no se podrá juzgar a una persona por actos cometidos antes de su entrada en vigor. La responsabilidad será penal e individual y no podrá incluir a los Estados, aunque sean  las personas naturales. Es necesario destacar que todo el que se asocie, intente, ordene o proponga la comisión de un crimen, o aquel que no prevenga, impida o facilite la comisión de un crimen incurre en responsabilidad penal internacional. 

Es obvio que donde los sistemas nacionales funcionen estaremos en presencia de un sistema penal capaz de juzgar a sus propios ciudadanos. No se requerirá la intervención de la Corte Internacional Penal, pero está claro que los Estados tienden a proteger sus nacionales y más cuando en las actuaciones derivadas de su conducta en acciones militares, por ejemplo, entran valoraciones más profundas en términos de las relaciones de pertenencia de valores socioculturales, tradición y lealtad. 

La Corte también tendrá competencia para conocer del crimen de agresión cuando este sea definido por la Asamblea de los Estados partes, según lo establecido en los artículos 5, 121 y 123 del Estatuto de Roma.

El crimen de agresión fue definido en la conferencia de Ratificación Kampala, sobre las Enmiendas de al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero su entrada en vigor esta previsto para el 201, según se cumpla el mandato sobre ratificaciones.

La existencia de la Corte de nuevo plantea ciertos retos, como por ejemplos quienes irían a cumplir las sanciones cuando se comprueben sus responsabilidades. De nuevo serán los ciudadanos de los Estados más vulnerados los que tendrán que cumplir con el mandato de la Corte mientras que los Estados poderosamente independiente puede articular su relaciones de poder con la corte a partir de unos condicionamientos que no son tan simple desde el campo de las relaciones internacionales entre los Estados y alcanzan un nivel mayor de complejidad. 

Una de las principales obligaciones derivadas del compromiso con la garantía y respeto de los derechos reconocidos en los instrumentos interamericanos, es la de ejecutar a nivel local las medidas que posibiliten la ejecución de las decisiones del sistema interamericano.

El artículo 2 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) obliga a los Estados a adoptar aquellas medidas de carácter legislativo, judicial o administrativo que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos consagrados en dicha convención.

La democracia política supone un orden representativo, elecciones periódicas, sufragio universal, división de poderes, rendición de cuenta y respeto del principio de la soberanía popular. La democracia social en América Latina  es más una corriente de pensamiento que una realidad. Presupone que la libertad política requiera no sólo de la igualdad ante la ley,  sin privilegios y la convivencia en paz, sino también se necesita garantizar un mínimo nivel de vida para la población. Los planteamientos de la socialdemocracia pueden rastrearse hasta 1848, pero es después de 1930, cuando la crisis económica genera quebrantos, desocupación masiva y miseria, que en la mayoría de los países desarrollados se toma conciencia de la dimensión social de la ciudadanía.  Sin embargo toda definición de Democracia ha contenido siempre un elemento ideal, de deber ser, y otro real. De ahí que, con el objetivo de distinguir entre ambos niveles, Dahl acuna el concepto de “poliarquía” para referirse exclusivamente a las democracias realmente existentes. Según esta definición una poliarquía es una forma de gobierno caracterizada por la existencia de condiciones reales para la competencia (pluralismo) y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (inclusión).

El ser humano debe de ser el centro y la finalidad de todas las actividades del Estado. Las políticas públicas tienen que estar orientadas a satisfacer las necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad. Y la actuación de los funcionarios públicos estará dirigida a esos fines. Lo contrario sería negar el pacto social prefigurado por Juan Jacobo Rousseau desde los albores de la ideología burguesa en la Francia revolucionaria y de la organización del sistema capitalista mundial. Lástima que una gran parte de nuestros dirigentes políticos ignoran esas verdades, y otra parte, que sí las conoce, las desprecian. Hacen vida pública con el propósito definido de satisfacer apetencias egoístas, ya sean individuales o de grupo.

Estoy casada desde hace 5 años y no he podido sostener una relacion sexual con coito pues al momento de la penetración siento miedo, dolor, rigidez en las piernas, mi pareja se siente muy frustrado porque piensa que no lo quiero, en cada intento se siente rechazado

La política migratoria es uno de los elementos cardinales de la soberanía de la nación dominicana. La propia Constitución establece en su artículo 3: “(…) Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución (…)”

 Quise citar este artículo porque cuando la Constitución se refiere a que ninguno de los poderes públicos puede propiciar una intervención directa o indirecta, o cualquier tipo de injerencia que atente contra el Estado; esto incluye al Poder Judicial, que a través de sus sentencias no puede desconocer los preceptos constitucionales ni las leyes adjetivas que conforman la estructura jurídica de la nación. 

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