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Al abordar denuevo el tema de los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones hay que subrayar una premisa preponderante: debido a su raigambre constitucional, la legislación sectorial de las telecomunicaciones no agota estos derechos.

En lo que definimos a bolsillos de quién fueron a parar los 92 millones de dólares de los sobornos y sobrevaluación de Odebrecht en sus operaciones y confabulaciones en República Dominicana, he preferido aprovechar el asueto de la Semana Santa también conocida como la Semana Mayor, para hacer un stop, meditar un poco y saber si estamos actuando como ciudadanos con nobleza o con ego ante nuestros semejantes.

Finalizado el asueto por motivo de la Semana Santa, los residentes del Distrito Nacional, pudieron atestiguar el trabajo tesonero de la alcaldía; organizando y supervisando las actividades en la plaza Güibia.

Desde hace tiempo los cuestionamientos respecto a la adquisición de los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa. Han sido pábulo de polémica; sin importar nada ni nadie, la sociedad comercial Lajun Coporation hace lo que quiere afectando al Gran Santo Domingo.

La sociedad dominicana está saturada de pleitos entre empleadores y trabajadores. Algunos solo se enteran de las grandes causas de esos enfrentamientos, porque salen en los medios de comunicación de masas. Tales como la lucha por el aumento salarial, muy especialmente del salario mínimo del sector privado o del público. O cuando se libra la batalla por un pacto colectivo en un emporio industrial o comercial. Y no puede ser de otra manera, porque estas cuestiones salen del estrecho ámbito del centro de trabajo y pasan a ocupar la atención general. Tienen una gran importancia política. Afectan al gobierno y a los intereses del gran capital, de los empresarios que manejan la economía nacional.

El 8 de febrero de este año el presidente Danilo Medina depositó en el Senado el Proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que busca sustituir la Ley Contra el Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas (Ley 72-02), que busca, como dice el mensaje enviado al Presidente del Senado, “actualizar la legislación dominicana conforme a los nuevos estándares internacionales sobre la materia”.

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