Incumplimiento reiterado en las declaraciones juradas: una afrenta a la transparencia

La Cámara de Cuentas ha revelado un listado preocupante de legisladores y alcaldes, tanto entrantes como salientes, que, en abierta violación de la Ley No. 311-14, aún no han presentado su declaración jurada de bienes, obligación que deben cumplir al asumir y cesar en sus funciones. Este incumplimiento no es un simple descuido administrativo; es una bofetada a la ética pública, una negación del compromiso con la transparencia, y una grave falta de respeto a la ciudadanía que exige integridad en sus representantes.

En el caso de los legisladores, el informe de la Cámara de Cuentas señala a 136 diputados, entre ellos 33 electos en las elecciones de 2024 y el resto ya fuera de funciones. Lo más alarmante es que esta omisión abarca miembros de todos los partidos mayoritarios: 21 del Partido Revolucionario Moderno (PRM), 6 de la Fuerza del Pueblo, 5 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y representantes de otras agrupaciones como el PDI, PDP, PHD, e incluso un legislador sin afiliación partidaria declarada.

En cuanto a los gobiernos locales, 44 alcaldes y exalcaldes tampoco cumplieron con este deber legal. De estos, 13 fueron electos o reelectos en 2024, y 31 salieron del cargo sin rendir cuentas al pueblo que los eligió. Este patrón de impunidad no es nuevo, pero sí cada vez más indignante.

La ley es clara: la omisión de esta declaración conlleva sanciones que incluyen la retención del salario y multas equivalentes al monto percibido. Si hay falsedad en lo declarado, las penas se agravan con prisión de uno a dos años y multas de hasta 40 salarios mínimos. El enriquecimiento ilícito, aún más severo, puede implicar de 4 a 10 años de cárcel, una multa del doble del aumento patrimonial no justificado y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció que se retendrá el salario correspondiente a julio a quienes no hayan cumplido con este mandato legal. Sin embargo, esta medida, aunque acertada, llega tarde y no resuelve el fondo del problema: la recurrente y vergonzosa falta de compromiso con la rendición de cuentas por parte de muchos funcionarios. ¿Hasta cuándo toleraremos este irrespeto institucional? ¿Dónde queda el deber constitucional del Congreso Nacional de fiscalizar el uso de los recursos públicos? La democracia exige transparencia, y esta conducta reiterada mina la confianza ciudadana y desacredita la función pública.

Fuente: Contra Flujo