FJT deplora funcionarios públicos no realicen Declaración Jurada de Bienes

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) expresa su profunda y legítima preocupación por el alarmante incumplimiento recurrente de la Ley No. 311-14, que obliga a los funcionarios electos a presentar su declaración jurada de bienes al asumir y finalizar sus funciones. En un revelador informe de la Cámara de Cuentas, se denunció que 136 legisladores y más de 1,500 alcaldes y regidores no han cumplido con este mandato legal. Esta omisión, lejos de ser un simple desliz administrativo, refleja una falta de compromiso con la transparencia, la ética pública y la responsabilidad que se espera de quienes ostentan cargos de alta confianza.

Para la FJT, esta situación es especialmente grave porque los legisladores, como representantes del pueblo y el primer poder del Estado, no solo están fallando a su deber institucional, sino que están haciendo un flaco servicio a la nación. De los 136 legisladores señalados por la Cámara de Cuentas, casi el 40% son aún parte activa del Congreso, mientras que el resto ya ha cesado en sus funciones. Esta desconexión con la ley y el desprecio por la transparencia no puede ser tolerada.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha señalado que a los infractores se les retendrán los salarios de junio. Sin embargo, esta medida, aunque simbólica, es preocupantemente tímida y, lo más grave, recurrente. Cada año nos encontramos con la misma problemática. ¿Acaso es este el tipo de sanción que merece la irresponsabilidad de quienes se deben al pueblo?

El vicepresidente ejecutivo de la FJT, Máximo Calzado Reyes, no dejó de señalar que esta falta de cumplimiento también es evidente en el ámbito municipal, donde alcaldes y regidores, al igual que los legisladores, prefieren eludir su obligación de rendir cuentas. Este incumplimiento, lejos de ser un accidente, es una constante que debe ser abordada con urgencia.

En un contexto donde la Ley No. 41-08 de Función Pública establece sanciones claras, las figuras elegidas por voto popular, como legisladores, alcaldes y regidores, parecen estar por encima de la ley, inmunes a las consecuencias por su conducta inapropiada. ¿Es este el mensaje que queremos enviar a nuestra sociedad? La FJT considera que ha llegado el momento de reformar las leyes existentes y de establecer sanciones realmente efectivas, como la suspensión temporal o definitiva de funciones, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la retención total de salarios y beneficios. Solo así podremos erradicar este vergonzoso comportamiento que atenta contra la ética pública, la justicia y, sobre todo, el deber ciudadano.

Calzado Reyes fue claro y enfático al subrayar que estos funcionarios no solo están fallando a la población que los eligió, sino que están minando la transparencia, fomentando la corrupción administrativa y debilitando la institucionalidad democrática. Por ello, la FJT hace un llamado urgente a los legisladores y a los responsables de la política pública para que, en una modificación de la Ley No. 41-08 o de la Ley No. 311-14, se incluyan sanciones más severas y disuasorias para los funcionarios electos. La posibilidad de suspender a los infractores y de inhabilitarlos para futuras postulaciones a cargos públicos debe convertirse en una realidad.

Finalmente, la FJT se compromete a seguir de cerca los informes de la Cámara de Cuentas y el cumplimiento de la Ley No. 311-14, exigiendo que todos los funcionarios, sin importar su cargo, cumplan con lo dispuesto en la legislación. De igual manera, instamos a la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, a tomar en consideración los informes de la Cámara de Cuentas e iniciar las acciones correspondientes para hacer cumplir la ley.

Un país que no exige cuentas a sus autoridades está condenado a repetir los mismos errores. La transparencia no es una opción, sino un mandato moral y legal. La hora de actuar es ahora.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES