Opinan comisión CP desnuda prisa del Congreso

La decisión del Poder Ejecutivo de constituir una comisión de seguimiento y socialización para el nuevo Código Penal ha provocado diversas reacciones en los estamentos jurídicos, académicos y religiosos del país.

Aunque prevalece la confianza en el perfil del expresidente del Tribunal Constitucional, la medida expone simultáneamente las grietas del proceso legislativo y las tensiones políticas en torno a la nueva normativa.

En ese tenor, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró como una decisión oportuna la creación de la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal mediante el Decreto núm. 507-26.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que este espacio plural, integrado por juristas, académicos, exjueces y representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, fortalecerá la seguridad jurídica y facilitará la correcta aplicación de la Ley núm. 74-25 en la República Dominicana.

Subrayó que el organismo no solo se enfocará en la educación y concienciación sobre la Ley núm. 74-25, sino también en la identificación de posibles mejoras que surjan durante su aplicación práctica.

En ese orden, reveló que la Finjus ya mantiene en marcha diversos programas de difusión dirigidos a la ciudadanía, la academia y los operadores del sistema de justicia, los cuales buscará articular con la nueva estructura oficial para garantizar un proceso de transición ordenado y efectivo.

“La entrada en vigor de un nuevo Código Penal representa una de las reformas jurídicas más trascendentales para cualquier Estado democrático. Por ello, resulta pertinente que el Poder Ejecutivo impulse un mecanismo institucional que permita informar, orientar y acompañar tanto a las instituciones públicas como a la ciudadanía en el conocimiento de esta legislación”, afirmó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS.

Asimismo, ponderó la composición de la comisión. A su juicio, esta pluralidad garantiza un debate de alto nivel técnico que contribuirá a elevar la seguridad jurídica, consolidar el Estado de derecho y adaptar el sistema de justicia penal a las exigencias actuales de la sociedad dominicana.

Opina el rector de la UCNE

Desde el ámbito universitario, el rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), padre Isaac García de la Cruz, calificó la creación de la comisión como una iniciativa atinada, pero indicó que su propia existencia envía un mensaje crítico hacia la labor parlamentaria.

“La creación de esta comisión me parece muy bien y no la critico, pero revela que todavía no existía plena confianza en lo que se estaba aprobando. Son situaciones que debemos prever antes de sancionar una legislación de este calado. La lección debe aprenderse: en la próxima ocasión, los técnicos, senadores y diputados deben despachar desde el principio la ley rigurosa que el país merece”, sostuvo García de la Cruz.

Los integrantes de la comisión para la supervisión del CPD

Además de Milton Ray Guevara, el cuerpo consultivo está integrado por los juristas Leyda Margarita Piña Medrano, Eduardo Jorge Prats, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín y Alejandro Moscoso Segarra, así como por los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro.

Sector evangélico cauteloso

Voceros del sector evangélico, como el reverendo Lorenzo Merán, valora la conformación del equipo como una estrategia clave del Ejecutivo para llevar sosiego y tranquilidad a los sectores sociales que mantenían reparos sobre la entrada en vigencia del marco legal.

El liderazgo evangélico destacó que la presencia de Ray Guevara al frente del órgano consultivo aporta solvencia técnica e institucional, recordando su rol en la coordinación de la reforma constitucional de 2010 junto a otros juristas que hoy integran la misma comisión.

Sin embargo, el representante religioso enfatiza la necesidad de no confundir los roles constitucionales. “La comisión no sustituye la capacidad legislativa, que recae de manera exclusiva en el Congreso Nacional. Cualquier ciudadano o institución inconforme tiene el camino abierto para acudir a las cámaras legislativas. No obstante, esta comisión servirá para afinar propuestas puntuales que fortalezcan la norma”, explicó el reverendo pentecostal.

En ese mismo orden, cuestionó la postura de exlegisladores y dirigentes que han encabezado recursos contra el articulado tras su promulgación.

Fuente El Caribe