¿Qué está en juego para el arroz dominicano si se elimina el Decreto 693-24?

La petición de Estados Unidos de que República Dominicana derogue el Decreto 693-24 pone una vez más al arroz en el centro de una discusión que va más allá de un arancel: qué tan preparado está el país para abrir completamente su mercado a la competencia externa y qué puede ocurrir con una de las producciones agrícolas de mayor peso en el consumo nacional.

La solicitud fue planteada esta semana durante una reunión virtual entre representantes de República Dominicana y Estados Unidos, en la que también se abordaron las relaciones económicas entre ambos países y una eventual negociación de un Acuerdo de Comercio Recíproco.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) señaló que la derogación del decreto es relevante para que República Dominicana cumpla con las condiciones de acceso al mercado para el arroz estadounidense contempladas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Pero ¿qué cambiaría realmente si el decreto desaparece?. Para entenderlo hay que mirar primero qué establece la disposición.

Un arancel que cambia según la cantidad importada

El Decreto 693-24, emitido el 17 de diciembre de 2024, establece las condiciones arancelarias para las importaciones de arroz en el marco del DR-Cafta.

La norma establece un 20 % de arancel para el arroz que ingrese dentro del contingente definido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Cuando las importaciones superan ese volumen, la tarifa asciende a 99 %. Además, el decreto contempla una cuota específica de 23,300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos con arancel cero.

En términos sencillos: existe una cantidad determinada de arroz que puede entrar bajo condiciones preferenciales, mientras que el cereal que exceda los límites establecidos enfrenta una tarifa mucho mayor. Ese mecanismo funciona como una barrera para evitar que un aumento considerable de las importaciones desplace rápidamente a la producción nacional, precisamente ahí está el punto de conflicto.

Estados Unidos considera que ese esquema limita el acceso de su arroz al mercado dominicano y sostiene que debe modificarse o eliminarse para cumplir con los compromisos comerciales asumidos bajo el DR-Cafta.

¿Qué pasaría si se elimina?

La derogación del Decreto 693-24 no significa automáticamente que al día siguiente desaparezcan los aranceles sobre todo el arroz importado ni que la producción dominicana deje de existir. Lo que sí cambiaría es el mecanismo específico mediante el cual República Dominicana regula las importaciones de arroz bajo ese decreto.

El efecto concreto dependería de las disposiciones que sustituyan a la norma y de cómo se apliquen los compromisos del DR-Cafta. Para los productores, sin embargo, la preocupación es clara: una mayor entrada de arroz importado puede aumentar la competencia por el mercado dominicano y presionar los precios a los que pueden vender su producción.

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcos Rodríguez, advirtió que eliminar las medidas de protección sin establecer condiciones que permitan al productor local competir podría llevar a la desaparición de la producción nacional en poco tiempo y afectar también a las factorías y los empleos vinculados al sector.

Rodríguez señaló que en 2025 las importaciones de arroz alcanzaron unas 220,000 toneladas, cifra que calificó como un récord. También sostuvo que de Estados Unidos no ingresaron las 20,000 o 23,000 toneladas correspondientes a la cuota que podía entrar sin aranceles, sino que parte del arroz fue adquirido en países de Sudamérica.

“Los Estados Unidos ven esa situación y es donde viene y se aboca”, afirmó.

Según su explicación, el problema no estaría únicamente en la existencia del contingente establecido para Estados Unidos, sino también en cómo República Dominicana ha manejado las importaciones y los permisos de entrada.

El problema de fondo: competir no cuesta lo mismo

El debate adquiere otra dimensión cuando se observan los costos de producir arroz. Rodríguez reconoció que República Dominicana tendrá que prepararse para competir bajo las condiciones del acuerdo comercial, pero señaló que existen diferencias importantes entre los productores dominicanos y estadounidenses.

Entre los factores que, según el dirigente arrocero, dificultan la competencia local están el precio de los fertilizantes, el combustible y la energía, además del tamaño de las propiedades agrícolas. El promedio de tierra de los productores dominicanos ronda, de acuerdo con sus declaraciones, las 80 tareas, mientras que los productores más pequeños en Estados Unidos pueden manejar alrededor de 500 hectáreas, equivalentes a unas 7,900 tareas.

Una finca de mayor escala puede repartir determinados costos entre una producción mucho más grande, mientras que un productor que trabaja una superficie menor enfrenta esos gastos sobre un volumen reducido. Rodríguez sostiene que esa diferencia de escala coloca al productor dominicano en una posición más vulnerable frente a un arroz producido en un mercado con mayor capacidad de producción.

Además, Estados Unidos produce cantidades que superan su consumo interno, por lo que dispone de excedentes que pueden ser colocados en otros mercados. Es justamente esa competencia la que preocupa al sector dominicano.

¿Significaría más arroz importado?

No necesariamente de forma inmediata ni exclusivamente desde Estados Unidos. Pero una eliminación de las restricciones contempladas en el Decreto 693-24 podría abrir espacio para modificar el flujo y las condiciones de las importaciones, dependiendo de las nuevas reglas que se establezcan.

El propio Rodríguez plantea que República Dominicana debería determinar primero cuánto arroz necesita producir e importar para garantizar el abastecimiento y, cuando exista un faltante, recurrir a la cuota correspondiente a Estados Unidos. Su posición parte de una premisa: que la importación complemente la producción nacional y no termine sustituyéndola.

El dato de las importaciones de 2025 es uno de los argumentos utilizados por el sector para advertir sobre el riesgo. Rodríguez afirmó que ese año entraron unas 220,000 toneladas de arroz, mientras que productores locales enfrentaban dificultades para colocar sus cosechas.

También señaló que algunas importaciones realizadas a finales de 2024 y durante 2025 no fueron consensuadas en la Comisión Nacional Arrocera, instancia que, según explicó, participa en las decisiones relacionadas con el sector.

Un mercado que ya tiene inventarios acumulados

Todo esto tampoco ocurre en un escenario de escasez. El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, había advertido en octubre de 2025 sobre el volumen de arroz almacenado en el país.

Lorenzo afirmó entonces que los almacenes habían llegado a acumular unos ocho millones de quintales de arroz, mientras otros cuatro millones de quintales que estaban en proceso de cosecha enfrentaban dificultades para encontrar espacio.

«Más de 33 mil productores de arroz del país van a la quiebra», declaró en aquella intervención, en la que responsabilizó al Gobierno por el manejo de las importaciones y sostuvo que estas estaban afectando la capacidad de los productores para colocar su cosecha.

Aunque esas declaraciones corresponden a octubre 2025, cobran relevancia dentro del debate actual porque muestran que la discusión sobre las importaciones precede a la presión estadounidense para modificar el Decreto 693-24.

El dilema: proteger o preparar al productor

El punto central no es simplemente escoger entre arroz dominicano o arroz importado. República Dominicana tiene que cumplir los compromisos asumidos en el DR-Cafta, pero al mismo tiempo enfrenta la necesidad de preservar una actividad agrícola de la que dependen miles de productores, trabajadores y empresas vinculadas a la transformación y comercialización del cereal.

El propio sector reconoce que la apertura comercial plantea un reto de competitividad. La pregunta, por tanto, es qué ocurrirá durante esa transición. Si el país reduce las barreras a la importación sin resolver los factores que encarecen la producción local, el productor dominicano podría enfrentar una competencia más fuerte en precio.

Si, por el contrario, se mantienen mecanismos de protección sin atender las obligaciones comerciales asumidas, el país queda expuesto a nuevas tensiones con uno de sus principales socios comerciales y en medio de ambas posiciones está el consumidor.

Una mayor disponibilidad de arroz importado podría aumentar la competencia en el mercado y eventualmente presionar los precios, pero una caída de la producción nacional también podría generar una mayor dependencia de las compras externas.

Lo que realmente se discute ahora

Por eso, la solicitud de Estados Unidos para derogar el Decreto 693-24 no se limita a decidir si se mantiene o se elimina un arancel. Lo que está sobre la mesa es cómo República Dominicana administrará la apertura de su mercado de arroz y qué condiciones tendrá el productor nacional para competir dentro de ella.

Washington vincula el decreto con las obligaciones de acceso al mercado establecidas en el DR-Cafta y, al mismo tiempo, ha planteado la posibilidad de negociar un Acuerdo de Comercio Recíproco con República Dominicana. Del lado dominicano, el sector arrocero pide que cualquier modificación tome en cuenta la producción local, las necesidades de abastecimiento y las diferencias de costos y escala frente a los productores extranjeros.

Fuente: Panorama