¿Quién protege al ciudadano cuando la corrupción compra la seguridad?

Por Máximo Calzado Reyes

Cuando se desvían recursos destinados a cámaras de vigilancia, iluminación, vehículos policiales, equipos de comunicación o programas preventivos, no solamente desaparece dinero del presupuesto. Desaparece la capacidad institucional para proteger vidas. Una patrulla que no llega, una llamada que no recibe respuesta o una investigación que se paraliza pueden ser consecuencias concretas de decisiones administrativas corruptas.

La seguridad ciudadana no comienza cuando ocurre un delito, se construye mucho antes: en escuelas que mantienen a los jóvenes dentro del sistema educativo, espacios públicos recuperados, oportunidades laborales, policías capacitados, instituciones confiables y comunidades donde el Estado mantiene una presencia legítima. La corrupción debilita cada uno de esos componentes.

También puede penetrar directamente en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Cuando un agente acepta dinero para ignorar una actividad ilícita, cuando se filtra información sobre un operativo o cuando una investigación se modifica para proteger a una persona influyente, el crimen deja de enfrentar al Estado y comienza a utilizarlo.

Ese desequilibrio produce un daño profundo, las víctimas dejan de denunciar porque consideran que nada ocurrirá. Los testigos guardan silencio por temor a represalias. Las comunidades comienzan a percibir que existen personas intocables. Poco a poco, la autoridad pierde legitimidad y el miedo ocupa el espacio que debía pertenecer a la confianza.

La corrupción también distorsiona las estadísticas, si las denuncias no se registran correctamente, los expedientes desaparecen o determinados hechos se reclasifican para presentar mejores resultados, las políticas públicas se diseñan sobre una realidad falsa. Entonces los recursos se distribuyen mal, los puntos críticos permanecen desatendidos y las autoridades celebran avances que la población no experimenta.

Las personas pobres sufren con mayor intensidad este deterioro, quienes tienen recursos pueden pagar vigilancia privada, instalar cámaras, utilizar transporte seguro o mudarse a zonas protegidas. Quienes dependen exclusivamente de la seguridad pública quedan expuestos a calles oscuras, respuestas tardías y territorios controlados por estructuras criminales.

Combatir esta realidad exige transparentar las compras de equipos, publicar indicadores verificables, controlar el uso de combustibles y vehículos, fortalecer asuntos internos, proteger a los denunciantes y rastrear el patrimonio de quienes ocupan posiciones sensibles. También requiere mejores salarios y formación, pero acompañados de supervisión, evaluación y consecuencias.

No basta aumentar el número de agentes o endurecer las penas. Un sistema amplio puede seguir siendo débil si sus decisiones están capturadas por intereses económicos, políticos o criminales.

La seguridad ciudadana depende, en última instancia, de que nadie pueda comprar impunidad. Cuando la corrupción controla una institución, el uniforme permanece, el edificio continúa abierto y los informes siguen publicándose, pero la protección desaparece.

Quien regresa de su trabajo, centro de estudios y camina solo por la calle quizá nunca conozca el contrato sobrevaluado, el combustible desviado o el soborno que impidió un operativo. Sin embargo, soportará sus consecuencias.

En resumen, la corrupción no es un delito sin víctimas visibles, su rostro aparece en cada ciudadano que modifica su ruta, encierra temprano a sus hijos o aprende a vivir con miedo porque el Estado llegó tarde, llegó debilitado o, sencillamente, nunca llegó. Mientras, el delincuente que puede comprar protección adquiere una ventaja sobre el ciudadano que únicamente cuenta con la ley.

La corrupción administrativa parece distante de esta escena, pero puede estar detrás de cada una de sus carencias. Por eso, cuando la corrupción entra por la puerta de la administración pública, los derechos fundamentales salen por la ventana de la injusticia. El delincuente que puede comprar protección adquiere una ventaja sobre el ciudadano que únicamente cuenta con la ley.