Auditoría al hospital de la Policía expone fallas en compras, nómina, activos y combustibles en la administración de RD$4,198 millones

La auditoría de la Contraloría General de la República practicada al Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol) presentó irregularidades administrativas, financieras y de transparencia en una gestión que manejó más de RD$ 4,198 millones entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. 

El documento señala compras fraccionadas por RD$ 21 millones, una diferencia de RD$ 677 millones entre lo planificado y lo ejecutado en contrataciones, una brecha de RD$ 121 millones entre registros de activos y ejecución presupuestaria, expedientes de personal incompletos y asignaciones de combustible por encima del límite legal. 

La auditoría, fechada el 1 de septiembre de 2026, no afirma que esos montos sean pérdidas ni desvíos de fondos. Sin embargo, conforme a la fiscalización del órgano de control externo, sí muestran un cuadro de controles débiles, registros incompletos y correcciones que llegaron después de que las fallas fueron observadas. 

En su respuesta definitiva a los alegatos del hospital, la Contraloría indicó que varios hallazgos no sufrieron cambios y que la entidad debía presentar un plan de acción en un plazo no mayor a 15 días laborables. 

Compras bajo sospecha 

 El monto más alto observado corresponde a las compras, según el documento. Los Planes Anuales de Compras y Contrataciones contemplaron RD$ 381,317,073, pero la ejecución real llegó a RD$ 1,058,969,396. La diferencia, de RD$ 677,652,323, muestra que la planificación no sirvió como guía efectiva para ordenar las contrataciones. 

A esa brecha se suman fraccionamientos por RD$21,795,248. Según la auditoría, los casos involucraron combustibles, vehículos, remozamientos, reactivos médicos, pruebas antidoping, insumos y servicios. Esa práctica es sensible porque puede dividir necesidades que debieron tramitarse mediante procedimientos de mayor rigor. 

El hospital alegó razones operativas: más consumo de gasoil por las calderas y la planta de emergencia, compras de vehículos con partidas extrapresupuestarias, aumento de pacientes por contratos con aseguradoras y mayor demanda de reactivos médicos. 

La Contraloría reconoció que pudieron existir situaciones atípicas, pero mantuvo la observación porque esas explicaciones no cambiaban la condición detectada. 

Presupuesto y tesorería con controles débiles 

En materia presupuestaria, el informe indica que el Hosgedopol recibió una asignación acumulada de RD$4,198,213,583. De ese monto devengó RD$4,127,377,187, por lo que dejó sin ejecutar RD$70,836,396. La auditoría aclara que no se trató de dinero líquido transferido a una cuenta, sino de disponibilidad presupuestaria no utilizada. 

La subejecución puede parecer pequeña frente al volumen total de recursos, pero no es un detalle menor. En un hospital, ejecutar tarde puede significar retrasos en medicamentos, equipos, reparaciones o servicios. 

Como respuesta institucional, el hospital alegó que parte de la subejecución se originó en preventivos pendientes, cierres del calendario de compras, saldos no consumidos y disponibilidades que no pudieron ejecutarse al cierre de cada año. La Contraloría sostuvo que esas razones explicaban la situación, pero no cambiaban la condición observada, por lo que mantuvo el hallazgo para seguimiento. 

En su réplica, el hospital detalló que los saldos sin devengar se explicaron por disponibilidades remanentes y preventivos de compras que no pudieron consumirse antes del cierre fiscal de cada año. La entidad citó, entre otros factores, los plazos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas para el cierre del calendario de compras. 

La institución también sostuvo que parte de esos montos correspondía a recursos de nómina no utilizados, a saldos de la Cuenta Única del Tesoro y a procesos que quedaron pendientes por razones administrativas al término de los ejercicios fiscales. 

La Contraloría respondió que esos alegatos explicaban parte del contexto, pero no modificaban la subejecución identificada ni la necesidad de fortalecer la planificación presupuestaria y el seguimiento de los procesos pendientes. 

Tesorería también presentó debilidades, conforme a la fiscalización del órgano de control externo. Entre 2024 y 2025, la auditoría observó que no se preparaban conciliaciones bancarias de la cuenta del fondo reponible institucional, que cerró al 31 de diciembre de 2025 con un balance de RD$360,580. Aunque el punto fue considerado subsanado posteriormente, la omisión expuso al hospital a riesgos de registros incorrectos y saldos no verificados. 

La institución respondió que, tras el requerimiento de los auditores, corrigió la falta y presentó una certificación sobre las medidas adoptadas. En este caso, la Contraloría dio el punto por subsanado después del informe. 

Además del presupuesto formal, la auditoría consignó ingresos extrapresupuestarios por RD$3,663,290,312 durante el período auditado, provenientes de servicios prestados y otras fuentes propias. Ese dato amplía el tamaño real de los recursos administrados y refuerza la necesidad de controles financieros consistentes. 

El informe también registra dos cuentas bancarias en el SIGEF con un balance conjunto de RD$25,735,160 al 31 de diciembre de 2025. A ello se suman anticipos financieros por RD$3,838,983 y una caja chica de RD$88,801 asignada a Tesorería. 

Las conciliaciones bancarias son una defensa básica contra errores, omisiones o movimientos no detectados. Cuando no se realizan de forma mensual, se debilita la trazabilidad del dinero público y se reduce la seguridad sobre la exactitud de los saldos. 

Transparencia incompleta 

Otro hallazgo toca directamente la transparencia. La auditoría identificó que los ingresos de 2020 y 2021 no estaban publicados en el portal institucional. Esa omisión limitó el acceso ciudadano a información financiera que, por ley, debe estar disponible, completa y oportuna. 

El hospital atribuyó la omisión a que en esos años no contaba con una Oficina de Acceso a la Información, creada a partir de marzo de 2022. La Contraloría aceptó que la situación fue corregida para períodos posteriores y dio el punto por subsanado.

La transparencia no consiste solo en subir documentos a una página web. Supone publicar información confiable, homogénea y verificable para que la ciudadanía pueda conocer cómo se reciben y se usan los recursos públicos. 

Activos sin control suficiente 

El capítulo de bienes muestra otra zona delicada, según la auditoría. Al 31 de diciembre de 2025, los activos fijos del hospital ascendían a RD$328,430,340. Pese a ese volumen patrimonial, el documento observó que la entidad no contaba con un inventario físico conciliado al inicio de la nueva gestión ni con actas de entrega y recepción que formalizaran el traspaso de bienes. 

Sin inventario de transición, no queda claro qué bienes recibió una nueva gestión, en qué estado estaban ni quién debía responder por ellos. Esa falta de punto de partida debilita la responsabilidad administrativa. 

La institución tampoco realizaba inventarios físicos semestrales de bienes muebles, como exigen las normas aplicables. Ese incumplimiento aumenta el riesgo de que existan bienes registrados que no estén físicamente disponibles, activos sin registrar o equipos ubicados en lugares distintos a los reportados. 

El hospital informó que instruyó a la encargada de Activos Fijos a realizar levantamientos exhaustivos de los bienes registrados. La Contraloría aceptó como subsanado el punto relativo a los inventarios semestrales, pero mantuvo para seguimiento el inventario de transición de la nueva gestión. 

La balanza revisada por la Contraloría mostraba existencias por RD$70,392,661, de las cuales RD$44,704,316 correspondían a materiales y útiles médicos, dice el documento. La cifra vincula las fallas de inventario con bienes directamente relacionados con la atención sanitaria. 

Durante el período auditado también se registró un pago de RD$547,993 por reparación del área materno infantil. Aunque el informe no presenta esa obra como un hallazgo central, el dato muestra gastos de mantenimiento en áreas sensibles de servicio. 

El informe detectó, además, diferencias entre los vehículos registrados en el Sistema de Administración de Bienes y los datos de la Dirección General de Impuestos Internos. Según la auditoría, algunos aparecían en un registro y no en el otro, lo que crea incertidumbre sobre propiedad, localización y control. 

A ese problema se añade la falta de codificación en activos fijos. En la muestra revisada, 20 activos no tenían código de Bienes Nacionales y siete carecían de códigos institucionales. Sin codificación adecuada, los bienes se vuelven más difíciles de ubicar, verificar, trasladar o descargar formalmente. 

La situación se agrava con el caso de una ambulancia Ford E-350 donada por la Fundación Familiar Guiribitey Inc., que no estaba registrada en el SIAB ( Sistema de Administración de Bienes) y cuyo traspaso no se había completado. Una donación sin registro oportuno puede convertirse en un activo invisible para los sistemas oficiales, aunque exista físicamente y sea utilizada por la entidad. 

La institución explicó que algunos vehículos no aparecían en los registros por falta de soportes, traspasos pendientes, descargos realizados o unidades no localizadas físicamente. Sobre la ambulancia donada, sostuvo que el registro se gestionó después de recibir la carta de donación. Sin embargo, la Contraloría mantuvo el hallazgo al no verificar evidencia suficiente en el SIAB. 

Uno de los hallazgos más significativos en activos fue la diferencia de RD$ 121,519,924 entre las adiciones reportadas por el SIAB y la ejecución presupuestaria de bienes muebles, inmuebles e intangibles durante 2020-2025, conforme a la fiscalización del órgano de control externo. La brecha obliga a revisar la trazabilidad entre compras, registros patrimoniales y ejecución financiera. 

El hospital alegó que parte de las discrepancias respondía al modelo de ejecución usado entre 2020 y 2023 y a ajustes contables posteriores. La Contraloría indicó que no verificó documentos que demostraran que las diferencias ya no persistían, por lo que mantuvo el punto para validación futura. 

Sobre las diferencias entre presupuesto y registros de bienes, la administración informó que había iniciado depuraciones y ajustes para armonizar la información institucional. La Contraloría, sin embargo, dejó el punto abierto hasta que esas correcciones pudieran verificarse con documentación suficiente. 

En el caso de los activos, el órgano auditor sostuvo que las depuraciones anunciadas debían comprobarse con evidencias. Hasta tanto no se verificara la corrección en los sistemas correspondientes, el hallazgo permanecía abierto para seguimiento. 

Cuando los registros de bienes y los registros presupuestarios no coinciden, la información institucional pierde fuerza. También se hace más difícil saber qué se compró, dónde está y si realmente forma parte del patrimonio público. 

Cuentas por pagar con registros inconsistentes 

En cuentas por pagar, la auditoría encontró saldos negativos o contrarios por RD$ 723,857 en el reporte de antigüedad de proveedores. Este tipo de partida, dice el documento, afecta la razonabilidad del reporte y puede provocar decisiones equivocadas sobre pagos, conciliaciones y obligaciones pendientes. 

La entidad atribuyó esos saldos a errores humanos en el manejo del sistema y afirmó que fueron corregidos. La Contraloría aceptó la explicación y consideró el punto subsanado después del informe. 

El manejo de cuentas por pagar exige información precisa, porque incide en la relación con proveedores y en la salud financiera de la entidad. Si los reportes muestran saldos contrarios a su naturaleza, la institución puede pagar mal, retrasar compromisos reales o presentar una imagen distorsionada de sus obligaciones. 

En recursos humanos, la auditoría encontró problemas de transparencia en la publicación de la nómina. Las nóminas de 2020 y 2021 no fueron publicadas debidamente, y entre 2022 y 2025 la información difundida era incompleta, limitada al nombre de los empleados y al sueldo bruto. 

El hospital ofreció una explicación similar: la ausencia de una Oficina de Acceso a la Información hasta marzo de 2022. La Contraloría dio por subsanado el punto al observar que la omisión no se mantuvo en los demás períodos. 

La nómina del hospital al 31 de diciembre de 2025 incluía 1,246 empleados, con un sueldo total de RD$56,166,984. Con una estructura de ese tamaño, la publicación completa y actualizada no es una formalidad, sino una condición mínima de rendición de cuentas. 

Los expedientes de personal también mostraron omisiones, según la fiscalización. De una muestra de 50 expedientes, faltaban confirmación de asistencia, informe de entrevista, evaluación de desempeño y certificación del código de ética en el 100% de los casos. Además, el 72% no tenía contrato o nombramiento, el 88% carecía de pruebas psicométricas, el 86% no incluía certificado médico, el 80% no tenía papel de buena conducta, el 26% carecía de certificado de estudio, el 12% no contenía hoja de vida y el 4% no incluía copia de cédula. 

La institución informó que Recursos Humanos inició un proceso de revisión para identificar y completar la documentación faltante. La Contraloría mantuvo el hallazgo para validarlo en el plan de acción posterior. 

Respecto a los expedientes de personal, la Contraloría dejó constancia de que la revisión iniciada por Recursos Humanos debía validarse posteriormente mediante el plan de acción y la documentación que demostrara la corrección de las omisiones. 

Esas carencias dificultan verificar cómo ingresaron los empleados, qué requisitos cumplieron y qué evaluaciones recibieron. En una institución de salud, los expedientes incompletos también debilitan la supervisión interna.

Combustible por encima del límite legal 

El uso de combustible fue otro foco de observación, según el informe. En marzo de 2024 y julio de 2025 se registraron asignaciones superiores al límite del 10% del salario bruto establecido por la Ley 105-13, con un monto anual observado de RD$ 1,735,166. 

El hospital respondió que corrigió la entrega de combustible para ajustarla al valor permitido. La Contraloría aceptó los alegatos y consideró el punto subsanado después del informe. 

El exceso en las asignaciones de combustible no es solo un asunto contable. También obliga a revisar quién autoriza esos beneficios, con qué criterios se entregan y cómo se controla su cumplimiento. 

Controles que llegaron tarde 

El informe contiene varios puntos que fueron considerados subsanados con posterioridad. Eso significa que la entidad presentó documentos, ofreció explicaciones o adoptó correcciones después de los hallazgos. Aun así, una corrección posterior no borra la debilidad inicial ni elimina la necesidad de establecer por qué los controles no funcionaron antes de la auditoría. 

Visto en conjunto, el documento describe un patrón: fallas en planificación, registros, publicación de información, conciliaciones y seguimiento. Según la auditoría, no aparece como un problema aislado, sino como una cadena de debilidades administrativas. 

Ese punto pesa más porque el Hosgedopol presta servicios de salud a miembros activos y pasivos de la Policía Nacional y a sus familiares. Cuando la administración falla, el efecto puede sentirse en medicamentos, insumos, reparaciones y calidad del servicio. 

El caso también muestra, conforme a la fiscalización del órgano de control externo, que las auditorías no deben terminar como documentos archivados. Las recomendaciones apuntan a medidas concretas: evaluaciones propias de control interno, inventarios físicos, conciliaciones periódicas, depuración de cuentas, publicaciones completas, planificación realista de compras y supervisión sobre beneficios como el combustible. 

La Contraloría advirtió además que las recomendaciones de control interno son de aplicación obligatoria e inmediata, conforme a la Ley 10-07 y su reglamento. Según la comunicación, el incumplimiento de esas medidas puede constituir desacato, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales. 

El reto ahora es que las correcciones no se queden en respuestas a una auditoría. El control interno debe funcionar antes de que aparezca el problema, no después de que los auditores lo señalen. 

La auditoría deja una advertencia más amplia, según el documento: manejar dinero público no es solo gastar o comprar. También es demostrar, con documentos completos y accesibles, que cada decisión se tomó conforme a la ley y con responsabilidad. 

Fuente: acento