Doce tiros por un parqueo: conflictos entre vecinos terminan en trágicos desenlaces

El episodio de violencia más reciente entre personas que comparten vida en un edificio de apartamentos, ocurre en el residencial El Sembrador I, en Ciudad Juan Bosch, municipio Santo Domingo Este.

Videos difundidos este martes muestran a un conductor impactando un vehículo estacionado y posteriormente discutiendo con residentes. En otra grabación aparece un hombre portando lo que aparenta ser una escopeta y municiones. Algunos residentes han denunciado amenazas, pero hasta el momento las autoridades no han ofrecido una versión oficial.

12 disparos por un parqueo

Los conflictos por estacionamientos han aparecido repetidamente en expedientes de homicidio y violencia en el país.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en noviembre de 2011 en un condominio de Piantini.

El empresario Guillermo Moncada Aybar murió después de recibir 12 disparos durante una disputa por un espacio de estacionamiento con Rafael González Álvarez, otro residente del edificio.

González fue posteriormente condenado a 18 años de prisión. El caso produjo incluso una reacción colectiva dentro del condominio: vecinos colocaron mensajes rechazando la violencia después de una controversia que inicialmente había surgido como un problema de convivencia entre residentes.

Tres años después ocurrió otro caso en Santiago.

Edwin Rafael Henríquez Toribio, psicólogo y enfermero, encontró un vehículo estacionado frente a la entrada de la marquesina de su residencia. Según el expediente, pidió que fuera retirado y se produjo una discusión con Nelson Alberto Ozoria Pantaleón.

Henríquez terminó muerto a tiros. Su esposa y su suegra también resultaron heridas.

En 2015, Ozoria Pantaleón fue condenado a 20 años de prisión y al pago de RD$2 millones de indemnización.

En 2014, en Manoguayabo, un teniente coronel retirado de la Policía mató de diez disparos a Ramón Antonio Díaz Ureña después de que ambos discutieran porque pretendían estacionarse en el mismo lugar en una estación de combustible.

Gascue: de una discusión anterior a una condena de 30 años

Otro caso ocurrió en junio de 2018. Johnny Pérez Cepeda, dirigente comunitario de Gascue, había sostenido anteriormente una discusión por un parqueo con su vecino Sonari Labrada Amor.

Según la acusación del Ministerio Público, Labrada posteriormente siguió a Pérez y le disparó varias veces. Los fiscales lograron demostrar premeditación.

En febrero de 2019 fue condenado a 30 años de prisión y al pago de RD$2 millones a los hijos de la víctima.

Los casos tampoco pertenecen solamente al pasado.

En junio de este año, Ciro Valdez murió después de permanecer varios días hospitalizado tras ser agredido con arma blanca durante una disputa entre vecinos relacionada con un estacionamiento en el residencial Pablo Mella Morales, en Los Alcarrizos.

Un mes después, una mujer resultó herida de bala en Verón-Punta Cana durante otro supuesto conflicto por un parqueo. El presunto agresor fue detenido por las autoridades.

El patrón se repite.

¿Qué responsabilidad penal puede generar lo ocurrido en Ciudad Juan Bosch?

Desde agosto de 2026 está vigente el nuevo Código Penal dominicano. Su artículo 267 establece que quien intencionalmente destruya, degrade o deteriore un bien perteneciente a otra persona puede recibir de seis meses a un año de prisión, además de multa. La pena puede aumentar a entre uno y dos años bajo determinadas circunstancias. Por tanto, si se comprobara que un vehículo fue deliberadamente utilizado para impactar otro automóvil, podría discutirse la figura de daño intencional a propiedad ajena.

Si el choque fue accidental, el análisis sería distinto y entrarían las reglas de tránsito, responsabilidad civil y seguros.

Las amenazas tienen ahora una regulación mucho más detallada.

El artículo 154 considera amenaza anunciar mediante palabras, gestos, escritos o cualquier otro medio la intención de causar un daño cuando las circunstancias hagan creíble que podría ejecutarse.

Una amenaza de muerte puede implicar entre uno y dos años de prisión. Si existe una exigencia o condición y el autor porta visiblemente un arma, la pena prevista puede alcanzar de dos a cinco años.

Tener licencia no autoriza a amenazar

Otro punto importante es la procedencia del arma.

La Ley 631-16 diferencia entre tenencia y porte y exige las licencias correspondientes. La posesión o porte ilegal de un arma de fuego de uso civil puede ser sancionada con penas de tres a cinco años, además del decomiso y multas.

Incluso una persona que tenga legalmente un arma no adquiere por ello derecho a utilizarla para intimidar a otra.

La misma Ley 631-16 sanciona la exhibición evidente de armas en vías públicas con decomiso y penas de seis meses a un año. La aplicación concreta de esa disposición al estacionamiento interior de un residencial dependería de la naturaleza jurídica del espacio donde ocurrió el incidente.

Fideicomiso intervino

Tras darse a conocer el hecho, el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana (Fideicomiso VBC-RD) informó que su equipo de seguridad acudió al residencial luego de recibir una alerta de la comunidad sobre un incidente entre vecinos.

Según explicó la entidad en un comunicado, el personal recopiló las informaciones disponibles y las evidencias audiovisuales facilitadas por los residentes. También indicó que una patrulla de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional acudió a la zona tras una llamada de los vecinos al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

El fideicomiso indicó que la Policía Nacional asumió el caso y tiene a su cargo las investigaciones correspondientes.

Indicaron que la sana convivencia entre los residentes es responsabilidad de la administración de cada condominio, seleccionada por sus propios habitantes. La entidad señaló que, para que su equipo de seguridad intervenga ante una incidencia dentro de un residencial, es necesario que la comunidad notifique lo ocurrido.

La entidad exhortó a los residentes a reportar cualquier incidente a través del 9-1-1, mediante su equipo de seguridad o por la plataforma Reporta con Conciencia, creada para canalizar situaciones que afectan a la comunidad.

Fuente: Diario Libre