Demandan al Gobierno de Trump por ocultar ubicación de detenidos con órdenes de deportación

Organizaciones que ofrecen servicios legales a inmigrantes presentaron este miércoles una demanda para frenar una nueva política del Gobierno de Donald Trump que oculta la ubicación de miles de detenidos con órdenes definitivas de deportación, informó The Associated Press (AP).

La acción, interpuesta ante un tribunal federal de Boston, sostiene que la medida dificulta y, en ocasiones, hace imposible que los abogados localicen a sus clientes para brindarles asistencia legal. Los demandantes solicitan una orden judicial que bloquee el cambio, al que califican de «ilegal e inhumano«.

La política fue adoptada de manera repentina el mes pasado para acelerar las deportaciones, según la demanda. Consiste en retirar del sistema de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la información sobre dónde permanecen las personas con órdenes definitivas de expulsión e instruir al personal para que no revele su paradero.

Hasta el mes pasado, la medida afectaba a más de 16,000 de los cerca de 69,000 detenidos bajo custodia de ICE, de acuerdo con AP, que informó inicialmente sobre el cambio.

Obstáculos para la asistencia legal

«Nadie debería verse privado de una oportunidad real de defender sus derechos porque el Gobierno haya hecho imposible que su abogado lo encuentre», afirmó Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services, una de las cuatro organizaciones demandantes.

Bowman advirtió que el cambio administrativo expone a cientos de miles de personas a consecuencias que podrían alterar sus vidas sin contar con asistencia legal esencial.

Desde 2010, abogados y familiares utilizan el sistema de localización en línea de ICE para seguir el traslado de detenidos entre los centros de su extensa red de detención.

Según la demanda, desde que entró en vigor la nueva política, los abogados no han podido encontrar a algunos clientes y posibles representados, mientras que han tenido que dedicar mucho más tiempo a localizar a otros.

Las llamadas a ICE, incluida su línea de información sobre detenciones y deportaciones, derivan en largas esperas, interrupciones repentinas, falta de información o ausencia de respuesta, sostienen las organizaciones.

Algunos abogados han intentado localizar a sus clientes mediante un programa de ICE que permite agendar llamadas legales. Sin embargo, solo una pequeña proporción de los centros de detención utiliza esa herramienta, según el documento judicial.

Las organizaciones afirman que estas dificultades han provocado retrasos o incumplimientos de plazos para presentar documentos legales y han reducido la cantidad de casos que pueden asumir.

Una orden definitiva no elimina todas las vías legales

Aproximadamente 1.4 millones de personas que viven en Estados Unidos tienen órdenes definitivas de deportación. Esto significa que un juez de inmigración dispuso su expulsión y que la decisión fue confirmada en apelación o no fue apelada.

No obstante, estas personas todavía pueden recurrir a determinadas vías legales para cuestionar su detención o deportación. Entre ellas figuran solicitar la reapertura de sus procesos, buscar protección frente a una expulsión a terceros países y denunciar violaciones de sus derechos.

De acuerdo con AP, jueces federales han ordenado en miles de ocasiones la liberación de detenidos o la celebración de audiencias para evaluar si pueden salir bajo fianza.

ICE no respondió de inmediato

ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que pertenece la agencia, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

Aunque las agencias no han confirmado públicamente el cambio, han señalado que priorizan la deportación de personas con órdenes definitivas de expulsión. También han afirmado que enfrentan un «número histórico de órdenes judiciales» que bloquean sus actuaciones.

Las autoridades han rechazado los señalamientos de que estén haciendo desaparecer a detenidos y sostienen que estos pueden realizar llamadas telefónicas.

La demanda argumenta que la política vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo porque fue adoptada sin explicación. También sostiene que infringe la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, al interferir con la capacidad de los abogados para asesorar sobre derechos legales y buscar posibles clientes.

Fuente: Diario Libre