Justicia

Abogados de apresados en caso Larva defienden inocencia de sus clientes y piden su libertad

Los abogados de los 14 apresados durante los allanamientos de la Operación Larva han estado respondiendo este viernes las imputaciones sobre presunto lavado de activos del narcotráfico que le atribuye el Ministerio Público a sus clientes.

Varios de los abogados que lograron expresarse en la audiencia, defendieron la inocencia de sus clientes y trataron de desmeritar la acusación del Ministerio Público. También presentaron documentos para probar el arraigo de los imputados y de esa forma tratar de evitar la prisión preventiva.

Algunos de los defensores que hablaron con Diario Libre consideraron que no es cierta la advertencia del Ministerio Público de que existe un peligro de fuga o posibilidad de destrucción de pruebas.

Pidieron al tribunal que en caso de que les impongan una medida cautelar a sus defendidos, que sea el arresto domiciliario, la presentación periódica, el pago de multa o cualquier otra coerción diferente a la prisión preventiva.

Más temprano el Ministerio Público habría terminado de leer su expediente, y concluyó solicitando que a los presuntos miembros de la red se le imponga 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo para disponer de un mayor periodo de tiempo para llevar a cabo su investigación.

Los procesados por este caso de lavado de activos son Domingo Ventura, Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o el Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).

Lo que establece el expediente

El Ministerio Público establece que los sometidos son miembros de una red que invertía las ganancias obtenidas del narcotráfico en el sector inmobiliario, y supuestamente utilizaban a familiares de los principales miembros de la estructura y compañías fantasmas para adquirir inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.

También que los miembros de la red adquirían inmuebles de alto costo a título personal, no acorde con el perfil económico reportado por las entidades oficiales como Tesorería la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Impuestos Internos.

El Ministerio Público asegura que el presunto entramado criminal está vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona, que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.

El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (el Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.

Fuente: DL

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