Abogados piden investigar a fiscales por muertes en operativos policiales

Un grupo de siete abogados solicitó al procurador general titular de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, investigar a los fiscales que tramitaron órdenes de arresto contra personas que posteriormente murieron durante operativos de la Policía Nacional.

La denuncia pública busca establecer quiénes solicitaron las órdenes judiciales, a qué agentes fueron entregadas y qué hicieron los representantes del Ministerio Público antes y después de las intervenciones que terminaron con fallecimientos.

La petición, fechada el 11 de noviembre, está firmada por Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra Pérez y Valentín Medrano Peña. Los juristas sostienen que las investigaciones no deben limitarse a determinar la conducta de los policías que dispararon.

Quieren que se examine si los fiscales que intervinieron en la tramitación de las órdenes de arresto supervisaron su ejecución, participaron en las diligencias posteriores y documentaron adecuadamente las circunstancias de cada muerte.

«Nos interesa saber cuáles fueron los fiscales que han tenido actividad procesal en las ejecuciones», explicó Balcácer durante una entrevista con Diario Libre.

Las diligencias solicitadas

Los abogados piden que Sepúlveda solicite a la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, encabezada por la jueza Kenya Romero, la identificación de los fiscales que requirieron órdenes de arresto y allanamiento en los casos cuestionados.

Además, reclaman determinar las fechas en que fueron expedidas, quién las retiró del tribunal, cuándo se entregaron a los policías y si continuaban vigentes cuando se realizaron los operativos.

Otro aspecto de la denuncia es la actuación de los fiscales después de los fallecimientos. Los firmantes solicitan identificar a quienes levantaron o firmaron las actas procesales y establecer si estuvieron presentes en los lugares donde ocurrieron los hechos.

Quieren conocer las autopsias, los informes de los médicos legistas, los peritajes balísticos, las armas ocupadas, los registros de evidencias y las grabaciones de cámaras de vigilancia que permitan comprobar o descartar las versiones de enfrentamientos armados.

También proponen entrevistar a los responsables de Asuntos Internos y reconstruir el recorrido de cada orden judicial.

Según Balcácer, resulta necesario determinar si existió una investigación fiscal efectiva tras cada intervención y quién asumió la dirección de esas diligencias. Insistió en que una orden de arresto autoriza detener a una persona para presentarla ante la justicia, no causarle la muerte.

El artículo 38 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 133-11, otorga a los procuradores generales de corte facultades para supervisar las investigaciones de las fiscalías de su región, impartir instrucciones cuando adviertan negligencia manifiesta y velar por la dirección funcional de las investigaciones.

Los denunciantes invocan esas atribuciones para exigir que Sepúlveda investigue posibles actuaciones u omisiones de fiscales del Distrito Nacional. La instancia no busca identificar individualmente a funcionarios del Ministerio Público como responsables de delitos: precisamente exige obtener los expedientes para establecer quiénes intervinieron y qué responsabilidad podría corresponderles.

El documento cuestiona, además, el uso de la expresión policial «clave 29«, a la que los abogados atribuyen un significado relacionado con la muerte de personas perseguidas. Esa interpretación forma parte de sus alegatos y requiere comprobación.

Acciones legales anteriores

La nueva acción se suma a las diligencias iniciadas en octubre. El grupo había solicitado a la Procuraduría General de la República investigar las muertes en supuestos intercambios de disparos y posteriormente presentó una querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra el director policial, Ernesto Rafael Rodríguez García, y otros agentes.

En esta ocasión, los abogados afirman que no han recibido respuesta a sus requerimientos de documentos e investigaciones. Advirtieron que, si tampoco se tramita esta nueva petición, acudirán ante un juez para reclamar actuaciones concretas.

Como parte de sus argumentos, los firmantes incluyen una relación de 47 muertes que atribuyen a intervenciones policiales entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026, coincidiendo con las primeras semanas de la gestión de Rodríguez García.

La controversia trasciende esos casos. Al 9 de noviembre, al menos 116 personas habían fallecido en hechos reportados como intercambios de disparos desde septiembre, mientras dos iniciativas legislativas para convocar al director policial y a la ministra de Interior y Policía no llegaron a conocerse en el Congreso.

El 28 de octubre, Rodríguez García respondió a las acusaciones anteriores con el argumento de que toda imputación debe estar sustentada. «No hay condena sin pruebas«, declaró entonces.

Los juristas sostienen que esa comprobación exige revisar tanto las actuaciones de los policías como los controles ejercidos por el Ministerio Público. El objetivo de la nueva denuncia es que se identifiquen las órdenes judiciales, los fiscales responsables de su tramitación y las diligencias realizadas cuando los procedimientos terminaron en muertes.

Fuente: Diario Libre