Columnas

Actos inexistentes

Por: Rafael Ciprián

En un reciente seminario sobre derecho administrativo, organizado por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), en que actuamos como capacitador, se discutió ampliamente el punto de si en el ordenamiento jurídico dominicano se puede admitir o no la teoría de la inexistencia de ciertos actos administrativos.

La opinión predominante fue que esa teoría no tiene cabida en nuestro sistema, porque ninguna norma la contempla. Ese es el criterio que tiene la mayoría de los colegas especialistas en derecho administrativo. Sin embargo, nosotros consideramos lo contrario. Afirmamos que en nuestro país sí se materializa la teoría jurídica de la inexistencia de los actos administrativos.

Por tanto, disentimos de los que afirman que solo en Argentina tiene plena vigencia la referida teoría. O del iuspublicista Parejo Alfonso que sostiene que la inexistencia de los actos administrativos no encuentra su asidero en el derecho positivo. Según el administrativista Agustín Gordillo, los actos que pueden ser afectados por la sanción de la inexistencia son los que se manifiestan con grandes similitudes con los hechos o las vías de hecho administrativas. Vale decir, aquellos que no cumplen con la formalización o elementos esenciales del acto propio de la administración pública.

De este mismo parecer es el jurista Héctor Mairal.
Para el doctrinario peruano Víctor Baca los actos objeto de este trabajo están afectados por vicios que impiden que surtan efectos jurídicos, y no deben dar lugar a que la preclusión se manifieste. Así el vencimiento de los plazos para recurrir no será un obstáculo.

Viene bien recordar que en nuestro sistema existe la presunción de validez de los actos de la administración pública. Esto es, que todos los actos administrativos son válidos hasta que una autoridad competente los declare nulos.

Ahora bien, entre nosotros, tradicionalmente, se ha manejado el régimen de las nulidades bajo el lente jurídico dual de la nulidad relativa y la nulidad absoluta. La primera, afecta a los actos que tienen irregularidades de forma, que muchas veces son subsanados, y conviene al sistema regularizarlos, y algunos son anulados con efectos para el porvenir. Mientras que la segunda nulidad, la absoluta, liquida el acto jurídico que contiene vicios groseros, que violan derechos fundamentales y, por tanto, subvierten el orden constitucional. Los efectos de esta nulidad se irradian tanto para el pasado, desde el origen mismo del acto, como para el porvenir.

Y ahí está, con la nulidad absoluta, la presencia y materialización efectiva de la teoría de la inexistencia de los actos administrativos, conforme a los artículos 6 y 73 de la Constitución, y con la ley 107-13. No es necesario que se diga expresamente.

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