Ángel Lockward asegura Gobierno pretende dar un “golpe brutal y arbitrario” a las cooperativas

Santo Domingo.–El jurista Ángel Lockward advirtió que el Gobierno pretende aplicar medidas que representarían un golpe “brutal y arbitrario” contra el sistema cooperativo nacional, al que definió como un pilar fundamental para la economía popular y el desarrollo de las comunidades más vulnerables del país.

“El gobierno quiere darle un golpe de efecto brutal y arbitrario a las cooperativas”, afirmó.

Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Lockward instó a la población, especialmente a los más de 2.5 millones de afiliados, a defender las cooperativas, al considerar que su eventual bancarización y traspaso a la supervisión del sistema financiero tradicional pondría en riesgo su naturaleza y su función social.

“Todo el mundo tiene que salir a defender a las cooperativas, sobre todo sus 2.5 millones de afiliados. , afirmó.

“Las cooperativas están siendo amenazadas”

Lockward advirtió que el sector cooperativo, que impacta directamente a cerca del 25 % de la población dominicana, está bajo amenaza pese a su importancia histórica y social. Recordó que las cooperativas existen en el país desde 1964, inspiradas en principios del socialcristianismo.

Lockward explicó que las cooperativas representan cerca del 25 % de la población dominicanay manejan más de RD$350 mil millones, recursos que se reinvierten en el desarrollo comunitario especialmente en barrios y zonas rurales, donde funcionan como el principal instrumento de ahorro y crédito para los sectores más humildes.

“Las cooperativas son los bancos de primer piso de la gente pobre, de los barrios y de los campos. No existen para lucrarse ni para recaudar dinero para el Gobierno”, sostuvo.

Críticas a la bancarización

Lockward rechazó la intención de tratar a las cooperativas como bancos comerciales, señalando que estas no son intermediarias financieras, sino depositarias del ahorro de sus propios asociados.

“Las cooperativas no reciben depósitos del público en general. Sus afiliados no son accionistas buscando lucro, sino bienestar común. Entonces, ¿para qué bancarizarlas?”, cuestionó, tras advertir que dicha medida abriría la puerta a la imposición de impuestos y cargos que afectarían directamente a los sectores más pobres.

Afirmó que, a diferencia de la banca tradicional cada vez más digital y distante, las cooperativas mantienen una relación directa con los productores, agricultores y pequeños comerciantes, evaluando de forma humana y cercana sus necesidades reales.

Debilidad del IDECOOP

El jurista sostuvo que el problema no es la falta de supervisión, sino la debilidad institucional del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), al que según dijo el propio Estado no le asigna los recursos necesarios.

“El IDECOOP no tiene ni para pagar la nómina de inspectores, mientras los inspectores del Banco Central y de la Superintendencia ganan sueldazos de por vida. Lo que hay que hacer es fortalecer al IDECOOP”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la solución no es bancarizar las cooperativas, sino fortalecer institucionalmente al IDECOOP para que pueda cumplir de manera eficiente su rol de supervisión.

Impuestos y protección constitucional

Lockward recordó que las cooperativas están protegidas por la Constitución de la República y por leyes vigentes que establecen su exención tributaria, por lo que imponerles impuestos o trasladarlas al régimen bancario requeriría modificar la Ley Monetaria y Financiera con mayoría calificada.

“La ley dice claramente que no se les pueden cobrar impuestos. Cualquier intento en ese sentido es ilegal”, enfatizó.

“El principal enemigo de las cooperativas es su propio éxito”

El jurista consideró que el crecimiento del sector cooperativo ha despertado el interés del Estado para convertirlo en una nueva fuente de recaudación.

“El enemigo de las cooperativas no es el superintendente de bancos, es su propio éxito. Como han sido exitosas, ahora el Gobierno quiere empezar a cobrarles impuestos”, afirmó.

Críticas a la Superintendencia de Bancos

Lockward acusó a la Superintendencia de Bancos de ser cómplice de abusos cometidos por las entidades financieras, al permitir prácticas que según dijo vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos, como la negación arbitraria de servicios financieros.

“Hoy hay jóvenes, emprendedores y pequeñas empresas a los que no les abren cuentas bancarias sin explicación. Eso es una violación grave, porque sin cuenta no se puede ejercer el comercio”, sostuvo.

Indicó que, en una economía cada vez menos dependiente del efectivo, negar el acceso al sistema financiero equivale a una “muerte civil”.

“El banco puede negarte un préstamo porque implica riesgo, pero no puede negarte una cuenta de ahorro o corriente. Ese es un derecho fundamental”, afirmó,

Defensa del rol del Tribunal Constitucional

Lockward valoró positivamente que el Tribunal Constitucional haya comenzado a trazar límites frente a los abusos del sistema financiero, aunque reconoció que aún queda un largo camino para garantizar plenamente los derechos económicos y financieros de la ciudadanía.

“No es perfecto, pero el Tribunal Constitucional existe para garantizar los derechos fundamentales, y eso incluye el acceso justo a los servicios financieros”, concluyó.

Finalmente, el jurista reiteró que el sistema cooperativo es una de las estructuras que mejor funcionan en el país y advirtió que cualquier intento de desmantelarlo o asimilarlo a la banca tradicional afectaría directamente a los sectores más vulnerables.

“El gobierno destruye todo lo que está funcionando bien. Y ahora le toca a las cooperativas”, concluyó.

Fuente: Su Mundo Digital