Editoriales Invitados

Ante cierta actuación

La sociedad desea fervientemente una consistente actuación del Ministerio Público para liberarse del miedo y la inseguridad que sufre por la acción de la delincuencia. Por eso, cada vez que se acomete una batida contundente contra los criminales presta atención y hasta concede aplausos.

Pero con frecuencia, esa actuación deja flecos sueltos que generan inevitables comentarios y críticas, al margen de la satisfacción que experimentan algunos actores del sistema por los “éxitos alcanzados”.

Dudas y brumas acerca de las causas que impidieron que el principal señalado como cabecilla de la organización criminal develada recientemente no fuese detenido con sentido de oportunidad, y las presunciones de que la orden de detención fue retrasada o que ciertos actores avisaron al supuesto perseguido.
El caso da pie a un cuestionamiento al alcance de la acusación cuando la justicia ha liberado al menos cinco acusados y el más reciente señalado como testaferro fue “pura y simplemente” puesto en libertad por el magistrado, porque no encontró elementos que lo vincularan con la acusación.

El desempeño de los fiscales plantea algunas inquietudes sobre los derechos de los justiciables. De cómo, después de un amplio despliegue militar, las personas son detenidas, y bajo graves cargos, expuestas a los medios en un ambiente estimulante de la previa condena social.

Están en juego algunos principios. La Constitución de la República y el mismísimo Código Procesal Penal establecen que “toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad física, psíquica y moral. Nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Asimismo, predomina todavía la presunción de inocencia. “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta tanto una sentencia irrevocable declare su responsabilidad”.

Se nos ocurre recordar uno de los principios cardinales de la actuación del Ministerio Público, la objetividad: “Los miembros del Ministerio Público ejercen sus funciones con un criterio objetivo para garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas. Les corresponde investigar tanto los hechos y circunstancias que fundamenten o agraven la responsabilidad penal del imputado, como los que la eximan, extingan o atenúen…”.

Lamentablemente, los medios no siempre reparamos y asumimos que si se trata de la actuación de las autoridades, impera el sentido de la ley.

Comentarios para este artículo

Mostrar más

Otros Artículos

Ver también

Close