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Así va el caso Odebrecht en América Latina: entre condenas y muertes

Desde que la empresa brasileña admitió en 2016 el pago de US$788 millones en sobornos en 12 países, políticos y empresarios han sido investigados

Mientras en la República Dominicana se comenzará el juicio de fondo el jueves contra seis implicados en el caso Odebrecht, en otros países de América Latina los expedientes de este macro caso transfronterizo siguen impactando e imponiendo condenas.

Entre los más notorios hay un suicidio y muertes de testigos e imputados prófugos.

El jueves, comenzará el juicio de fondo por los sobornos que Odebrecht pagó en el país para lograr contratos públicos. Están encartados el empresario Ángel Rondón, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, el senador Tommy Galán, el expresidente del Senado Andrés Bautista y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcatarillados (Inapa), Juan Roberto Rodríguez.

A finales de 2016 la constructora brasileña Odebrecht admitió ante la justicia de los Estados Unidos que pagó aproximadamente US$788 millones en sobornos en 12 países, entre estos 10 de América Latina. El monto distribuido en la República Dominicana asciende a US$92 millones, según la compañía.

En los siguientes países, las investigaciones de las autoridades han generado estos y otros impactos:

Brasil (sobornos: US$394 millones entre 2003-2016)

En el país del epicentro del caso Odebrecht y su caso “madre” Lava Jato, las investigaciones han llevado a la cárcel al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Este fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, al declararlo culpable de recibir un apartamento a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

La pena fue variada a 8 años y 10 meses. El lunes de la presente semana, la Fiscalía brasileña denunció a Lula da Silva, y a su hermano José Ferreira da Silva, en un nuevo caso relacionado con Odebrecht. Son acusados de un delito de “corrupción pasiva continuada”.

La vorágine del caso también llevó a un juicio político a la ahora expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, quien terminó siendo destuida en agosto de 2016. La terminaron acusando de modificar ilegalmente cuentas antes de su reelección en 2014 para ocultar un déficit en el presupuesto de la nación y continuar financiando programas sociales.

Posteriormente, en junio de 2018, un juez condenó a 24 años y 10 meses de prisión a Eduardo Cunha, un exdiputado considerado el “arquitecto” del juicio político contra Rousseff. Está acusado de corrupción, lavado de dinero y violación del secreto profesional.

En ese país también guardan prisión otros políticos y empresarios vinculados al caso Lava Jato y sus ramificaciones, entre ellos Marcelo Odebrecht, el expresidente de Odebrecht, quien en diciembre de 2017 pasó a prisión domiciliaria luego de estar dos años y medio en una celda. Fue condenado a 31 años y 6 meses de prisión, pero se redujo a 10 años por un acuerdo de colaboración.

También hay denuncias contra el presidente Michel Temer por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Perú (sobornos: US$29 millones entre 2005-2014)

En este país sudamericano el caso Odebrecht también ha ido por quienes gobernaron o gobernaban en su momento.

Uno de ellos era el expresidente Alan García, quien fue investigado por los delitos de colusión y lavado de activos por los alegados sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios de su segundo gobierno para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

El 17 de abril de 2019 se disparó a la cabeza en su domicilio de Lima cuando iba a ser detenido por orden de la justicia.

A otro exmandatario, Alejandro Toledo, le imputan delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos al presuntamente haber recibido US$20 millones de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en la licitación de tramos de la carretera interoceánica del sur.

El 29 de agosto del presente año, el juez que lleva el caso de extradición del expresidente Toledo, quien se encuentra en los Estados Unidos, decidió mantenerlo en prisión, mientras se espera resolver su posible libertad bajo fianza.

El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia son investigados por lavado de activos por presuntamente haber recibido US$3 millones de Odebrecht para financiar su campaña electoral para los comicios presidenciales de 2011 y no declararlos.

Ambos pasaron casi 10 meses en prisión preventiva.

También Pedro Pablo Kuczynski está investigado por lavado de activos al descubrirse que su consultora Westfield Capital facturó US$782,000 a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro en el gobierno de Toledo. El 21 de marzo de 2018 dimitió de su cargo de presidente del Perú al revelarse una presunta compra de votos de parlamentarios para evitar que el Congreso lo destituyese por el caso Odebrecht.

Kuczynski interpuso un recurso de casación contra la decisión que ordenó su prisión preventiva, que será evaluado el próximo 19 de septiembre.

Colombia (sobornos: US$11 millones entre 2009-2014)

En este territorio, hasta mayo del presente año, se habían dictado cuatro condenas por sobornos para obras de construcción. Uno de los condenados es el exviceministro de transporte Gabriel Ignacio García Morales. La sentencia más alta es la del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, condenado a 11 años y siete meses de prisión.

Colombia también fue impactada por la muerte en diciembre de 2018 de Rafael Merchán, testigo del caso Odebrecht en el país.

La prensa colombiana reportó que Merchán fue el segundo testigo del caso en aparecer muerto en menos de dos meses, luego de que también fuera hallado sin vida Jorge Enrique Pizano. Este último falleció de un infarto, según el informe del hospital donde fue atendido, informaron los medios. Días después falleció su hijo Alejandro Pizano, envenenado con cianuro al beber de una botella que encontró en el escritorio de su padre.

Ecuador (sobornos: US$33.5 millones entre 2007-2016)

La justicia ecuatoriana ya ha procesado a varias personas y exfuncionarios implicados en el caso. En diciembre de 2017, el entonces vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue declarado culpable del delito de asociación ilícita, dentro de la trama de corrupción de Odebrecht, y condenado a seis años de prisión.

La semana pasada, el gobernante de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que mientras sea presidente del país, su gobierno no firmará ningún contrato con Odebrecht.

Guatemala (sobornos: US$18 millones entre 2013-2015)

En julio pasado, condenaron a tres personas vinculadas con el exministro de Infraestructura prófugo Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial recluido en los Estados Unidos, Manuel Baldizón, a penas de entre 6 y 14 años.

El tribunal los encontró culpables de operar empresas de fachada en las cuales Sinibaldi y Baldizón recibieron dinero del pago de sobornos por parte de Odebrecht.

En las investigaciones participa la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Las críticas al organismo de parte del presidente Jimmy Morales, lo llevaron a anunciar en enero pasado el fin del acuerdo de Guatemala con la entidad, un organismo creado en conjunto entre el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas.

Panamá (sobornos US$59 millones entre 2010-2014)

El expresidente Ricardo Martinelli y otras personas cercanas a su pasado gobierno, están siendo investigados por alegadamente recibir sobornos de Odebrecht.

Entre los alegatos está que entre 2009 y 2014, cuando Martinelli era presidente, se asignaron más de US$96 millones para proyectos de infraestructura.

Por el caso Odebrecht en Panamá, hay más de 80 imputados, entre ellos dos hijos de Martinelli (2009-2014), quien está bajo arresto domiciliario.

Argentina (sobornos US$35 millones entre 2007-2014)

En este país se procesan a varios empresarios y exfuncionarios del Gobierno kirchnerista por presuntos sobornos. Entre los investigados está Julio de Vido, exministro de Planificación durante la administración de Cristina Fernández, y el exministro de Energía, Daniel Cameron.

México (sobornos US$10.5 millones entre 2010-2014) y Venezuela (sobornos US$98 millones entre 2006-2015)

Las investigaciones en esto países están rezagadas. En México, hasta agosto pasado solo se había señalado públicamente al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien está prófugo de la justicia.

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