Columnas

Asociaciones consumidores

Por: Namphi Rodríguez

Ayer miércoles asistí al inicio de un ciclo talleres coordinados por la Unión Europea y el Instituto Nacional de Defensa de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) para el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores y usuarios.

La actividad fue encabezada por la directora del órgano, Anina del Castillo, y el especialista español en Derecho del Consumidor Manú Martín García, quien tuvo a su cargo la evaluación de las organizaciones de la sociedad civil en el tema de la defensa y representación de estos derechos.

Uno de los aspectos estratégicos de la cooperación europea es el fortalecimiento asociativo de los consumidores mediante propuestas concretas y líneas de trabajo para aumentar su presencia, su impacto y calidad técnica en defensa de los derechos ciudadanos.

Al evaluar el papel de estas organizaciones, el principal reclamo que surgió fue el acceso al financiamiento público que establece la Ley 358-05, de Proconsumidor a favor de estas entidades.

En efecto, la Ley señala como la principal fuente de asignación de fondos de las asociaciones de consumidores los aportes del Estado tramitados al Congreso Nacional a través de Pro-Consumidor y desembolsados por la Oficina Nacional de Presupuesto.

Asimismo, las contribuciones financieras o en naturaleza de sus asociados y de instituciones nacionales e internacionales sin fines de lucro y las ventas de publicaciones y servicios a sus asociados y al público en general.

El artículo 95 de la Ley prescribe que las fuentes y montos de los aportes públicos a dichas instituciones serán fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Con el objeto de garantizar la autonomía de las asociaciones de consumidores, la propia Ley de Proconsumidor prevé una serie de prohibiciones que están contenidas en el citado artículo 95 para garantizar su independencia.

En ese sentido, esas asociaciones no se deben involucrar en actividades políticas partidaristas, ni tener vinculación a ninguna actividad profesional, comercial o productiva o recibir donaciones, aportes o contribuciones de éstas.

Estas exclusiones lo que procuran es mantener las asociaciones de consumidores alejadas del ámbito lucrativo y trazar una clara separación de sus objetivos y los de los empresarios. Es importante reseñar que no es que un empresario no pueda formar parte de una asociación de consumidores, siempre que lo haga como consumidor final no debería haber objeción a ello.

De la letra de la ley se infiere que la principal fuente de financiamiento de estas entidades son los aportes del Estado a través del Presupuesto Nacional, por lo que hay que crear condiciones institucionales para destrabar los trámites que permitan que las asociaciones de consumidores puedan acceder a dichos fondos y que sean correctamente fiscalizados por la Administración.

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