Cámara de Cuentas revela irregularidades por RD$18,967 millones en Aduanas, operaciones sin soporte y fallas de control
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RESUMEN
Una auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a la Dirección General de Aduanas (DGA) identificó 44 tipos de irregularidades financieras, contables y administrativas durante el período 2016-2019. Los hallazgos cuantificados suman RD$ 18,967,840,743; otros seis no tienen monto determinado.
La fiscalización examinó principalmente la gestión de Enrique Antonio Ramírez Paniagua, comprendida entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de agosto de 2020. Su conclusión más severa fue una opinión adversa: los estados financieros no reflejan razonablemente la situación financiera de la DGA, señalaron los auditores.
Según el informe de la Cámara de Cuentas, los hallazgos abarcan cuentas bancarias, cuentas por cobrar, inventarios, activos, contrataciones, nóminas, impuestos y obras. El total representa la suma de las partidas observadas; por sí solo, no demuestra que todo ese dinero haya sido sustraído ni que constituya una pérdida definitiva para el Estado.
El alcance económico podría ser mayor. Seis hallazgos quedaron sin cuantificar porque la documentación examinada no permitió determinar su valor, de acuerdo con el informe.
El núcleo de los hallazgos
La mayor partida corresponde a RD$ 11,164,213,895 en ingresos no depositados en la Cuenta Única del Tesoro, indica el documento. Al permanecer fuera del sistema central de tesorería, esos recursos pierden trazabilidad y se debilitan tanto el control presupuestario como la supervisión de su uso.
Le siguen RD$ 3,662,724,405 en registros cuyos documentos de soporte no fueron suministrados. Sin facturas, autorizaciones u otras evidencias, la Cámara de Cuentas no pudo comprobar la naturaleza y legitimidad de esas operaciones. En la administración pública, la documentación es la primera línea de rendición de cuentas.
De acuerdo con los auditores, tampoco se realizó una toma física de inventario por RD$ 2,236,274,768. Sin verificar los bienes sobre el terreno, la institución no puede garantizar su existencia, ubicación ni estado. Estas tres grandes partidas revelan fallas estructurales de control.
Cuentas por cobrar y obligaciones tributarias
Según la fiscalización de la Cámara de Cuentas, no se aplicaron retenciones del impuesto sobre la renta por RD$ 389,083,500 y RD$ 918,435. El informe también identifica cuentas por cobrar mantenidas más allá del plazo establecido, por RD$ 2,214,816 y RD$ 307,000,000, situación que podría dificultar su recuperación.
Otros RD$210,781,564 correspondían a cuentas por cobrar originadas en acuerdos de pago que no fueron registrados. A esto se suman desembolsos por RD$ 274,311,538 realizados sin facturas ni otros comprobantes, una carencia que impide seguir con claridad la ruta del dinero, según la auditoría.
Contrataciones bajo cuestionamiento
En compras y contrataciones, la Cámara de Cuentas identifica pagos por RD$ 128,160,849 y RD$8,494,300 efectuados sin un procedimiento de selección adecuado. El documento también registra fraccionamientos de compras por RD$ 69,770,000. Estas prácticas reducen la competencia y elevan el riesgo de decisiones discrecionales.
La falta de respaldo contractual aparece en adquisiciones por RD$21,045,919. Según la fiscalización, también hubo obras no incluidas en el Plan Anual de Compras por RD$40,175,381 y una declaración de urgencia por RD$29,625,263 que carecía de informe pericial justificativo.
El patrón descrito por la Cámara de Cuentas sugiere que la planificación no siempre orientó el gasto. Cuando las excepciones sustituyen los procedimientos ordinarios, se comprometen la transparencia y la igualdad entre oferentes. En las obras también figuran pagos en exceso por RD$4,657,503 y una partida duplicada de RD$816,225.
Un patrimonio sin control suficiente
Los problemas se extienden al patrimonio institucional. De acuerdo con los auditores, había equipos de transporte fuera de la póliza de seguro por RD$4,461,532 y bienes subastados o descargados que seguían registrados como activos por RD$1,990,684. Tampoco fueron localizados mobiliario y equipos por RD$14,710,908.
La Cámara de Cuentas señala además títulos y matrículas que no estaban a nombre de la DGA, equipos asignados a otras instituciones sin evidencia de transferencia y bienes asegurados que no aparecían en los registros auxiliares. Aunque algunos casos no fueron cuantificados, muestran un control patrimonial insuficiente.
Pagos laborales que exigen respuestas
En materia laboral, indica el informe, hubo indemnizaciones superiores a lo establecido por RD$14,218,587 y pagos por RD$32,227,216 a personal al que no correspondían. La Cámara de Cuentas también identificó empleados de la DGA en nóminas de otras entidades, con desembolsos de RD$ 19,292,658 y RD$ 8,781,102.
El informe añade RD$ 812,955 en bonos navideños entregados a personas no verificadas en nómina. Los datos exigen determinar si hubo duplicidades, incompatibilidades o fallas de actualización. La auditoría documenta indicios administrativos, pero cualquier responsabilidad individual debe establecerse mediante el debido proceso.
Más inconsistencias financieras
Según el documento, la lista incluye fondos incautados no presentados en los estados financieros por RD$98,503,461, diferencias con suplidores por RD$63,170,488 y discrepancias en intereses bancarios por RD$27,618,770. La Cámara de Cuentas también reporta cuentas bancarias omitidas, saldos irreales por pagar y gastos fuera de período.
El valor del informe de la Cámara de Cuentas dependerá de lo que ocurra después de su publicación. Recuperar los fondos cuando corresponda, corregir los controles y rendir cuentas serán las verdaderas pruebas. Sin seguimiento verificable, una auditoría de esta magnitud corre el riesgo de convertirse en otra advertencia archivada.
Las medidas que exige la auditoría
La Cámara de Cuentas recomendó a la máxima autoridad de la DGA cumplir estrictamente la legislación que regula la administración de bienes y recursos públicos. También pidió gestionar la restitución de los pagos duplicados, improcedentes o realizados sin facturas ni otros comprobantes del gasto.
El órgano fiscalizador dispuso, además, la elaboración de un Plan de Acción Correctivo dentro de los 25 días calendario siguientes a la notificación del informe. El plan deberá establecer controles efectivos, atender las observaciones obligatorias y quedar sujeto a verificación institucional.
La fiscalización se apoya en un amplio marco jurídico, incluidos las leyes 10-04 y 18-24 de la Cámara de Cuentas y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 18-24. Estas normas definen las facultades de control externo y obligan a las instituciones a corregir las deficiencias identificadas.
También son aplicables el Código Tributario, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, la Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto, la Ley 5-07 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado y la Ley 10-07 sobre Control Interno. Este marco regula el manejo de ingresos, bienes, pagos, contratos, registros contables y rendición de cuentas.
Fuente: acento
