¿Cárcel para Hazim por el robo de SENASA o a un hospital a recibir tratamiento médico?

El proceso judicial que involucra al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Marcelo Hazim Albainy, ha abierto un intenso debate nacional que trasciende los tribunales y se instala con fuerza en la opinión pública, luego de las graves acusaciones de corrupción administrativa y el presunto desfalco de miles de millones de pesos de fondos destinados al sistema de salud dominicano.

El Ministerio Público ha calificado este expediente como uno de los casos de corrupción más graves vinculados al sistema de seguridad social, al tratarse de recursos públicos que tenían como finalidad garantizar medicamentos, tratamientos y cobertura médica a millones de dominicanos, especialmente a los sectores más vulnerables.

Según las imputaciones presentadas, los fondos habrían sido manejados de forma irregular mediante contratos, pagos y esquemas administrativos que actualmente son objeto de investigación penal.

Solicitud de prisión preventiva y alegatos médicos

Durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Hazim y otros implicados, fundamentando su petición en la magnitud del daño económico al Estado, el impacto social del caso y la necesidad de garantizar el correcto desarrollo de la investigación.

Por su parte, la defensa del exfuncionario ha insistido en que su representado padece condiciones de salud delicadas, alegando que su estado clínico podría agravarse de manera considerable si es enviado a un centro penitenciario.

Las declaraciones realizadas en audiencia, que incluyeron manifestaciones emocionales del imputado, han generado reacciones encontradas tanto en el ámbito jurídico como en la ciudadanía.

Diversos sectores sociales, juristas y organizaciones de la sociedad civil han advertido que el proceso judicial no debe verse afectado por privilegios indebidos, recordando que los recursos presuntamente sustraídos estaban destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud de la población.

Otros plantean que, aun tratándose de imputaciones graves, el derecho a la salud es universal y debe ser garantizado por el Estado, sin que ello implique impunidad ni obstrucción del proceso penal.

El caso SENASA se ha convertido en un punto de inflexión para la lucha contra la corrupción en la República Dominicana y en una prueba crucial para el sistema de justicia, que deberá equilibrar la aplicación estricta de la ley, la protección de los derechos fundamentales y la firme exigencia social de rendición de cuentas.

La ciudadanía permanece atenta al curso de un proceso que podría marcar un precedente histórico en la defensa del patrimonio público y del derecho a la salud.