Judiciales

Caso Coral entra a fase final de la etapa preliminar

La audiencia preliminar del caso Coral continuó ayer con el inicio de la réplica del Ministerio Público a los argumentos de defensa que presentaron los 48 imputados, acusados de corrupción administrativa.

La Coordinadora de Litigación del órgano persecutor, Mirna Ortiz, manifestó que “la réplica se compone inicialmente de contestar los incidentes que han planteado las defensas de los imputados”.

“Estamos desmontando incidentes, como la no formulación de cargos. Estableciéndose al tribunal que sí, que la acusación contiene correcta formulación de cargos. También ciertas exclusiones probatorias que las defensas utilizaron en sus argumentos”, expresó Ortiz.

La procuradora sostuvo que en esta fase del proceso, el Ministerio Público “irá, imputado por imputado, respondiendo cada uno de los alegatos que ellos presentaron en la audiencia”.

La fiscal explicó que no lograron “terminar porque se presentó un incidente con relación a una de las imputadas cuya situación de salud no le permitió continuar”.

Se trata de la teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez. Aunque no se dio a conocer su condición de salud, su abogado Félix Portes, expresó a elCaribe que su cliente “se encontraba indispuesta”.

A raíz de esto, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, le autorizó a la imputada, que cumple arresto domiciliario, ir al médico.

La magistrada indicó que el proceso judicial en contra de los 48 imputados, 30 físicas y 18 jurídicas, continuará el próximo viernes a las 9:00 de la mañana.

Una vez el Ministerio Público concluya la réplica, sólo resta la contrarréplica de la defensa. Después las manifestaciones finales de los imputados (si lo desean). De ahí el tribunal determina si envía o no a juicio de fondo a los imputados, donde serían condenados o absueltos.

El órgano persecutor acusa a los imputados del caso Coral de conformar un entramado de corrupción, que supuestamente operó en las instituciones castrenses Cusep, Cestur y en el Conani. A los encartados se les imputa por defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

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