Columnas

Cierre de una controversia

Por: Namphi Rodríguez

Uno de los precedentes más trascedente que en materia de derechos económicos y sociales ha rendido el Tribunal Constitucional (TC) ha sido el de su sentencia TC/0080/19, mediante el cual se zanjó definitivamente la controversia sobre la potestad sancionadora del Instituto Dominicano de Protección de los Derechos del Consumidor y del Usuario (Pro-Consumidor).

Tras casi 20 años de la creación del órgano de defensa a los derechos de los consumidores y de los usuarios, el TC ha puesto el punto final a una de las disputas más prolijas sobre las potestades de un ente de Derecho Público y lo ha hecho con un reconocimiento inequívoco de su habilitación legal para imponer multas y otras sanciones a los agentes del mercado.

La sentencia TC/0080/19 estatuyó en su “ratio decidendi” que “toda autoridad facultada por la ley a aplicar sanciones debe ser considerada como un juez natural, en relación con aquellos casos instruidos y decididos con posterioridad a dicha ley, requisito que ha quedado satisfecho en la especie, ya que el proceso que nos ocupa se inicio con posterioridad a la Ley No. 358-05, Ley General de Protección a los Derechos al Consumidor o Usuario”.

En relación a dicha potestad “de aplicar multas atribuida por el legislador a la Dirección Ejecutiva de Pro-Consumidor, el tribunal destaca que se trata de una prerrogativa legal compatible con la Constitución, en la medida en que el constituyente sólo prohíbe a la Administración Pública la aplicación de sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad, no así la aplicación de sanciones de naturaleza pecuniaria, como lo son las multas”.

La referida sentencia cierra la larga disputa de Pro-Consumidor con las corporaciones del mercado energético que cuestionaban las potestades del órgano de aplicación de la ley, y que dio origen a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) No. 50 del 3 de febrero del 2016, mediante la cual se juzgó “que la sanción administrativa es una expresión del iuspuniendi del Estado, que es una consecuencia lógica del ordenamiento jurídico, pues la norma sin sanción carecería de imperio, y que su objetivo es corregir una conducta, es decir, es un medio para educar al infractor, (…) por todo lo cual el legislador al diseñar el régimen sancionador de la Administración Pública lo hace tomando en consideración los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y tipicidad a que están sujetas las actuaciones de la Administración”.

Consecuentemente, la SCJ consideró que el artículo 31 literal j) de la norma facultaba a Pro-Consumidor a dictar resoluciones relativas a la aplicación de la ley en caso de infracciones y violaciones que deban ser conocidas y resueltas, en primera instancia, a su nivel de competencia.

Comentarios para este artículo

Otros Artículos

Botón volver arriba
Cerrar