Columnas

Con la Constitución

Por: Rafael Ciprián

El debate sobre el problema político-constitucional que se podría generar el próximo 16 de agosto si se materializara la hipótesis fáctica de que no se pudieran celebrar las elecciones presidenciales y congresuales antes de esa fecha, por efectos de la pandemia del COVID-19, como diría un fanático del béisbol, pica y se extiende.

La Junta Central Electoral (JCE) fijó esos comicios para el 5 de julio venidero. Y esperamos, para el bien del país, que se realicen normalmente.

Pero si por miedo al contagio de ese coronavirus llega la fecha de transmisión de mandos sin que se hayan elegido las nuevas autoridades presidenciales y legislativas, entonces la profecía se habrá cumplido.

En ese escenario, tendremos que los actuales titulares habrán vencido en su mandato constitucional, conforme al artículo 274 de la Carta Magna, sin que sus sustitutos hayan sido elegidos.

Y esa posibilidad ha llevado a mucha gente bien intencionadas a buscar soluciones fuera del orden constitucional. Justifican sus planteos afirmando que no hay previsión constitucional al respecto. Pero en entregas anteriores demostramos que el sistema jurídico sí tiene solución al problema. Y lo hicimos adoptando la tesis que había desarrollado Eduardo Jorge Prats, con la aplicación por analogía del artículo 275 de la Ley Suprema, que permite mantener el orden sustantivo, enriqueciéndola con los valores y principios expresos e implícitos de esa Ley de leyes.

Recibimos un diluvio de críticas por aquellos artículos. Esa es la manifestación de la democracia, del derecho y de la libertad de expresión del pensamiento.

Nuestros críticos sostienen que si no hay elecciones antes del Día de la Restauración, debe instalarse un gobierno de consenso, entre los partidos políticos y las demás fuerzas vivas de la nación. Y hasta han afirmado que debe ser de tres o de cinco miembros. Piensan en un Triunvirato o más que eso.

Y cuando les preguntamos sobre el fundamento constitucional de esa propuesta, no pueden justificarla y dicen que la Constitución no importa.

Sí importa. Olvidan nuestra experiencia histórica: el caos del golpe de Estado del 1963, contra el gobierno democrático del profesor Juan Bosch, y la Guerra de Abril del 1965, con la intervención norteamericana y los más de 5 mil muertos.

Ya el jurista Cristóbal Rodríguez se encargó de destripar esa propuesta. Niega la soberanía popular y la invariabilidad de la forma de gobierno, según los artículos 2 y 268 del Pacto Político.

Para legitimar lo que desean nuestros críticos, primero hay que reformar la actual Carta Magna y luego llamar a una Constituyente. Sería lo correcto y sensato.

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