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Contraloría había advertido a Hugo Beras sobre violaciones legales que cometía el comité de compras del Intrant

Se encontraron anomalías en los procesos de adquisición y contratación, así como en la adjudicación y gestión de contratos que infringen la Ley 340-06, según un informe de auditoría que fue entregado al Intrant

La Contraloría General de la República (CGR) había notificado al director general (suspendido) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras-Goico, sobre presuntas violaciones que se venían cometiendo en el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad,   desde septiembre de 2020.

Se encontraron anomalías en los procesos de adquisición y contratación, así como en la adjudicación y gestión de contratos que infringen la Ley 340-06, según un informe de auditoría que fue entregado al INTRANT.

El 3 de agosto de 2022, Hugo Beras fue designado en la entidad y se le informó del inicio de la auditoría el 24 de ese mismo mes, mediante la comunicación NI-CGR 2022-003850.

En respuesta a los resultados de la auditoría, el 15 de agosto de 2023, el director saliente del INTRANT, Hugo Beras, señaló lo siguiente:

“[…] por esta vía informamos nueva vez haber recibido el informe preliminar de auditoría y, en consecuencia, nos acogemos a los hallazgos identificados.”

Las irregularidades detectadas por la CGR pudieron haber afectado los procedimientos utilizados en la adjudicación del contrato para el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, cuyo monto superaba los RD$ 1,300 millones, y que fue cancelado por la Dirección de Compras y Contrataciones.

A pesar de que se documentaron todas estas irregularidades y se remitieron a las autoridades del INTRANT, aparentemente no se corrigieron y causaron un problema mayor.

Según una auditoría interna realizada por la CGR, la institución oficial mostraba deficiencias en el cumplimiento de la Ley 340-06 y las normas fundamentales del Control Interno en los contratos de obras, bienes y servicios entre 2020 y 2022.

El informe de fiscalización, presentado antes del acuerdo con la compañía Transcore LATAM, S.R.L, para optimizar el Centro de Control de Tráfico y Red Semafórica del Gran Santo Domingo, señala las siguientes deficiencias:

“El Plan Operativo Anual de la institución no se encuentra alineado con el Plan Anual de Compras y Contrataciones y el Plan de Recursos Humanos, resultando que, la planeación no sea coherente a los fines de satisfacer los requerimientos institucionales […]”.

Además, la falta de política y procedimientos en la emisión, secuencia, resguardo, vencimiento y archivos de los contratos emitidos, los cuales carecían de enumeración secuencial, que vulnera resoluciones y normas del Control Interno.

Durante la verificación al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), los auditores no lograron confirmar la revisión y aprobación de este por parte del director general del INTRANT, lo cual contraviene la Norma Básica de Control Interno de Segundo Grado.

De igual forma, 50 de 85 expedientes de compra no se incluyeron en el Plan Anual de Compras y Contrataciones por un monto de RD$ 51,359,93820, en violación al Reglamento 543-12 de Compras y Contrataciones en el Estado y otras normativas.

La Contraloría revisó los expedientes de compras y detectó 9 procesos adjudicados a empresas que no tenían Estados Financieros ni declaración de impuestos, lo que imposibilitó verificar su respaldo económico, en incumplimiento a la normativa referida.

A pesar de que se documentaron todas estas irregularidades y se remitieron a las autoridades del INTRANT, aparentemente no se corrigieron y causaron un problema mayor.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recientemente canceló el contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y Transcore LATAM, S.R.L., después de descubrir graves irregularidades con indicios de corrupción administrativa.

Sin embargo, la entidad oficial pagó un 20 % de anticipo del contrato con la compañía proveedora, cinco días antes de que la DGCP suspendiera la contratación.

Por la gravedad que implica el caso, Contrataciones Públicas lo remitió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para realizar una investigación forense y tomar las medidas correspondientes.

Fuente: Acento

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