Contratos vencidos, pagos sin respaldo y obras incompletas: los hallazgos de la Cámara de Cuentas en las EDE

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RESUMEN
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) aprobó, entre septiembre y octubre de 2026, tres informes de investigación especial que documentan irregularidades en el manejo de fondos públicos en las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edeseste y Edenorte.
Las investigaciones, solicitadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), identificaron contratos y adendas firmados de manera retroactiva o después de vencidos sus plazos, desembolsos millonarios respaldados por expedientes incompletos o no localizados, sobrecostos sin justificación contractual y obras pagadas por adelantado que no fueron ejecutadas en su totalidad.
Los informes definitivos fueron ratificados mediante las resoluciones AUD-2026-043, correspondiente a Edenorte y aprobada el 9 de septiembre de 2026; AUD-2026-050, relativa a Edesur y aprobada el 20 de octubre de 2026; y AUD-2026-051, sobre Edeeste, aprobada el 29 de octubre de 2026.
Los resultados de las investigaciones identifican hallazgos con indicios de responsabilidad penal, posibles responsabilidades civiles y responsabilidades administrativas de funcionarios y servidores públicos que ocuparon posiciones como administradores generales, gerentes, directores financieros, consultores jurídicos y encargados de compras y seguridad durante los períodos examinados.
El alcance de las investigaciones varió según la distribuidora. En Edesur y Edeeste, la revisión se concentró en los contratos de seguridad privada suscritos con la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral, SRL (Senase), entre 2017 y marzo de 2025, con desembolsos que superan los RD$799.8 millones entre ambas compañías.
En EDENORTE, en cambio, la fiscalización abarcó los procesos de compras y contrataciones licitados entre 2012 y 2020, que sumaron RD$4,845,188,155 en adjudicaciones y RD$1,094,809,623 en obras bajo la modalidad de Aportes de Financiamientos Reembolsables (AFR). La investigación identificó una concentración significativa de las adjudicaciones y los pagos en dos suplidores y sus respectivos consorcios.
Origen y alcance de las investigaciones
Las tres auditorías tuvieron su punto de partida en solicitudes del Ministerio Público. El 12 de mayo de 2022, la PEPCA solicitó investigar los procesos de compras y licitaciones realizados por Edenorte.
Posteriormente, el 15 de agosto de 2025, la titular de esa procuraduría especializada, Mirna J. Ortiz Fernández, solicitó examinar los contratos, pagos y desembolsos vinculados con Senase en Edesur y Edeeste, inicialmente desde el año 2020.
En enero de 2026, el pleno de la Cámara de Cuentas amplió el período de investigación para incluir las contrataciones iniciadas en marzo de 2017 en EDESUR y enero de 2019 en EDEESTE, luego de comprobar que los procesos que originaron esos pagos habían comenzado en esas fechas.
EDESUR: pagos tras vencer el contrato y facturas no entregadas a los auditores

En EDESUR, la investigación examinó los vínculos contractuales con Servicios Nacional de Seguridad Integral, SRL (SENASE), RNC 101-79140-3, representada por Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
La contratación se originó mediante la licitación pública nacional EDESUR-CCC-LPN-2017-003, adjudicada a través del contrato 0215-2017, destinado a cubrir 31,782 horas/hombre mensuales de vigilancia en los sectores Santo Domingo Norte y San Cristóbal, correspondientes al bloque número 2.
El acuerdo fue firmado el 28 de septiembre de 2017, por un período de tres años, comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2020, por un monto de RD$104,727,207.
Posteriormente, el contrato recibió dos adendas para aumentar las tarifas por hora. La primera, identificada como 0302-2017 y firmada el 6 de diciembre de 2017, incrementó el monto en RD$7,766,329, mientras que la segunda, número 0297-2019, suscrita el 27 de septiembre de 2019, agregó RD$12,067,615.
Con ambas modificaciones, el monto contractual ascendió a RD$124,561,151, aunque en otros cuadros del informe figura por RD$124,561,152. Posteriormente se aprobaron las adendas tercera y cuarta para extender la vigencia del servicio hasta el 30 de junio de 2021.
Entre marzo de 2017 y el 18 de marzo de 2025, EDESUR registró desembolsos a favor de Senase por RD$180,757,984, según el total presentado en el informe de la Cámara de Cuentas.
El desglose anual establece pagos por RD$4,852,084 en 2017; RD$18,551,050 en 2018; RD$26,451,892 en 2019; RD$25,280,605 en 2020; RD$58,705,794 en 2021 y RD$41,015,454 en 2022. Las casillas correspondientes a 2023, 2024 y 2025 aparecen sin desembolsos registrados.
Sin embargo, la suma de los montos anuales detallados entre 2017 y 2022 asciende a RD$174,856,879, lo que representa una diferencia de RD$5,901,105 respecto al total de RD$180,757,984 presentado en la tabla. El informe también señala que la suma de los pagos examinados en los hallazgos 3.8 y 3.9 coincide con el total de los desembolsos reportados.
Irregularidades desde la firma del contrato
Los auditores identificaron inconsistencias desde el inicio de la relación contractual. El contrato 0215-2017 comenzó a regir el 1 de septiembre de 2017, aunque fue firmado 27 días después, el 28 de septiembre de ese mismo año.
También observaron que las adendas tercera y cuarta, identificadas como 0257-2020 y 0005-2021, fueron suscritas el 26 de octubre de 2020 y el 15 de marzo de 2021, respectivamente, cuando los períodos contractuales anteriores ya habían vencido.
La investigación tampoco encontró constancia de publicación de la licitación ni de las cuatro adendas en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Al revisar los montos y las cantidades de horas diurnas y nocturnas estipuladas en el contrato, la Cámara de Cuentas determinó un valor de RD$104,468,463, equivalente a RD$258,744 menos que el monto contratado.
Asimismo, detectó diferencias en la cantidad de guardianes contemplados en los documentos. En Santo Domingo Norte figuraban 40 agentes en el contrato, mientras que la CCRD verificó 38 y el pliego de condiciones establecía 36.
En San Cristóbal, el contrato contemplaba 49 guardianes frente a los 52 establecidos en el pliego. En la columna de verificación del informe también aparece digitada la cifra «4927». Los auditores señalaron, además, que las dos primeras adendas no incluían el desglose de las horas de servicio.
Falta de documentos y pagos sin contrato vigente
Las debilidades documentales también afectaron el procedimiento de contratación. En los archivos de la licitación faltaban documentos esenciales, entre ellos el registro del contrato en la Contraloría General de la República, la solicitud de contratación, la certificación de existencia de fondos, el dictamen jurídico del pliego de condiciones, las actas de apertura, las ofertas técnicas y económicas, las pólizas de fiel cumplimiento y las certificaciones fiscales.
Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a 14 pagos directos por RD$60,855,536 netos, realizados entre el 14 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2022, cuando el contrato había vencido definitivamente el 30 de junio de 2021.
Los desembolsos correspondían a facturas por un monto bruto de RD$67,073,274 y fueron respaldados únicamente por un oficio interno de la Dirección de Seguridad, identificado como DS-00147-2021.
El informe señala que, en abril de 2021, la Gerencia de Compras había advertido que la firma de otra adenda para mantener la contratación podría representar una violación de las disposiciones legales.
La Cámara de Cuentas también identificó tres expedientes de pago de los años 2017 y 2019 que no fueron suministrados por EDESUR. Se trata de las transferencias TPE-ES-15387, TPE-ES-21191 y TPE-ES-22321, que suman RD$8,287,839.
A estos se agregan expedientes por RD$172,470,145 que presentaban documentación incompleta. Entre las deficiencias encontradas, 46 pagos carecían de certificaciones de estar al día con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Otros 45 pagos no tenían certificaciones de disponibilidad de fondos, documentos de recepción de servicios ni constancias de retención del ITBIS. Además, 14 pagos realizados entre 2021 y 2022, por RD$64,383,372, carecían de órdenes de compra o contratos, mientras que cinco pagos por RD$19,374,391 no estaban firmados ni sellados por los funcionarios competentes.
Cámara de Cuentas identifica indicios de responsabilidad penal
La investigación identificó dos hallazgos en los que la Cámara de Cuentas señaló indicios de responsabilidad penal.
El primero corresponde a una diferencia de RD$500,598 entre el monto de una factura confirmada por Senase y el registrado en los documentos de Edesur.
Al comparar el pago TPT-ES-15738-2021, realizado el 7 de octubre de 2021, con la confirmación directa del proveedor, los auditores encontraron que la factura FC-0012381 figuraba en los registros de EDESUR por RD$4,887,947, mientras que Senase la reportó por RD$4,387,349. La diferencia se mantuvo luego de aplicar una nota de crédito de RD$2,526.
El segundo hallazgo corresponde a 37 transacciones entre facturas y notas de crédito, correspondientes al período 2017-2022, que fueron confirmadas por SENASE por un monto de RD$53,882,161, pero cuyos documentos Edesur no entregó para fines de auditoría.
La Cámara de Cuentas indicó que esta situación limitó la verificación integral de las operaciones y señaló indicios de responsabilidad penal relacionados con la obligación de conservar los documentos que respaldan las transacciones realizadas con fondos públicos.
En materia de responsabilidad civil, las consideraciones jurídicas del hallazgo 3.3, relativo a las diferencias entre los montos de la oferta y el contrato, señalan expresamente la existencia de perjuicio económico y responsabilidad civil. Sin embargo, el cuadro resumen de la sección 4.10 vincula esa responsabilidad con el hallazgo 3.7, correspondiente a los pagos realizados después del vencimiento contractual.
EDEESTE: adendas por encima del límite legal y expedientes sin documentación

En Edeeste, las contrataciones con Senase alcanzaron montos superiores entre enero de 2019 y marzo de 2025.
La primera contratación surgió de la licitación EDEESTE-CCC-LPN-2019-0002, que dio lugar al contrato EE-DSF-073-05-2019, firmado el 6 de junio de 2019 por RD$254,778,048, con una tarifa de RD$85 por hora y una vigencia comprendida entre el 3 de junio de 2019 y el 3 de junio de 2022.
Después del vencimiento de ese acuerdo se aprobaron cuatro adendas sucesivas, que representaron RD$216,717,501 adicionales hasta el 29 de febrero de 2024.
Posteriormente, el 1 de marzo de 2024, comenzó a ejecutarse un nuevo contrato, identificado como EDEESTE-GC-C-2024-0023, derivado de la licitación EDEESTE-CCC-LPN-2023-0003, por un monto de RD$395,787,179.
En conjunto, los acuerdos alcanzaron RD$867,282,729 contratados, mientras que los desembolsos realizados durante el período auditado ascendieron a RD$619,115,933.
Los pagos más elevados se registraron en 2023, cuando la distribuidora desembolsó RD$134,175,726, y en 2024, con RD$133,692,466.
Contratos sin registro y adendas fuera de plazo
La Cámara de Cuentas identificó seis irregularidades principales en los procesos de contratación examinados.
Entre ellas figura la ausencia de evidencia de registro en la Contraloría General de la República de los dos contratos y las cuatro adendas, por un monto conjunto de RD$867,282,729.
Los auditores también determinaron que los contratos de 2019 y 2024, cuyo monto conjunto ascendió a RD$650,565,227, fueron firmados fuera del plazo reglamentario de 20 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación. El primero se suscribió 20 días hábiles después de vencido ese plazo y el segundo, dos días hábiles después.
Otra observación corresponde a la cuarta adenda del contrato de 2019, identificada como DESF-073-05-2019-A-04. La Dirección Legal confirmó que no reposaba en los archivos la póliza de fiel cumplimiento del 4 % exigida por las disposiciones legales.
Uno de los hallazgos de mayor relevancia jurídica se relaciona con las modificaciones realizadas al contrato original de 2019. Las cuatro adendas fueron firmadas cuando el acuerdo ya había vencido, el 3 de junio de 2022.
La primera, identificada como EE-DSF-158-11-2022, fue suscrita el 2 de febrero de 2023, con efectos retroactivos desde junio de 2022.
La investigación también determinó que la Ley 340-06 establece un límite máximo del 50 % para las ampliaciones de contratos de servicios. En el caso de SENASE, ese porcentaje representaba RD$127,389,024 sobre el contrato original.
Sin embargo, las cuatro adendas incrementaron el monto contractual en un 85 %, equivalente a RD$216,717,501. La diferencia entre el límite permitido y el incremento aplicado ascendió a RD$89,328,477 durante el período comprendido entre junio de 2022 y febrero de 2024.
Los auditores señalaron que ese excedente no estaba respaldado por informes técnicos ni actos administrativos que justificaran las modificaciones, por lo que identificaron indicios de responsabilidad penal.
58 expedientes de pago con documentos faltantes
Otro de los hallazgos de la investigación corresponde a 58 expedientes de pago tramitados entre enero de 2019 y noviembre de 2024, por un monto acumulado de RD$481,612,003, que presentaban documentos faltantes.
Entre las ausencias identificadas figuraban cartas bancarias de autorización, certificaciones de la DGII, TSS y del Registro de Proveedores del Estado (RPE), certificaciones de cuotas de compromiso y memorándums de aceptación de los servicios.
El informe desglosa los expedientes incompletos según los períodos de gestión de los administradores y gerentes generales de la distribuidora.
Durante la administración de Luis Ernesto de León Núñez, comprendida entre el 17 de agosto de 2012 y el 17 de agosto de 2020, se identificaron 19 expedientes incompletos por RD$132,347,002.
En la gestión de Tomás Ozuna Tapia, del 17 de agosto de 2020 al 20 de mayo de 2021, fueron señalados nueve expedientes por RD$70,352,402.
Mientras que durante la administración de Andrés Emmanuel Astacio Polanco, del 20 de mayo de 2021 al 8 de agosto de 2022, se identificaron 11 expedientes por RD$98,667,590.
En el período de Andrés Julio Portes Pompiano, comprendido entre el 12 de agosto de 2022 y el 30 de junio de 2023, se reportaron 10 expedientes por RD$96,875,829.
Por su parte, durante la gestión de Manuel Alberto Mejía Naut, del 16 de julio de 2023 al 21 de octubre de 2024, se identificaron ocho expedientes por RD$70,773,500.
Finalmente, en el período de Mario Esteban Pizarro Stiepovich, del 21 de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2025, se reportó un expediente incompleto por RD$12,595,680.
En conjunto, los seis períodos de gestión acumularon 58 expedientes con documentación incompleta, por RD$481,612,003.
EDENORTE: compras concentradas en dos suplidores, anticipos sin obras y 14 indicios penales

La investigación especial realizada a Edenorte abarcó nueve años de compras y contrataciones, correspondientes al período comprendido entre 2012 y 2020.
El informe técnico fue cerrado en octubre de 2023 y culminó su trámite legal en septiembre de 2026.
Durante ese período, la distribuidora adjudicó RD$4,845,188,155 en procesos de contratación, aunque la suma de los cuadros individuales por modalidad asciende a RD$4,845,408,983.
Las adjudicaciones incluyeron 25 licitaciones públicas nacionales por RD$1,654,516,330; 12 procesos de excepción por RD$2,447,083,135; nueve adjudicaciones a proveedores únicos o exclusivos por RD$13,074,808; dos procedimientos de urgencia por RD$296,565,685; tres comparaciones de precios por RD$160,804,037 y nueve compras directas por RD$273,364,988.
Además, EDENORTE firmó dos contratos bajo la modalidad de Aportes de Financiamientos Reembolsables (AFR), por US$23,336,828, equivalentes a RD$1,094,809,623.
Al analizar los desembolsos verificados en 51 procesos, que totalizaron RD$4,076,040,569, los auditores identificaron una concentración significativa de los recursos en dos empresas y sus consorcios.
Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., RNC 130-48019-2, recibió RD$3,637,678,964 mediante 39 procesos, equivalente a cerca del 89.2 % del total pagado.
Por su parte, Electrocable Aluconsa, S.A.S., RNC 130-48110-5, recibió RD$340,790,086 en ocho procesos.
También figuran el Consorcio Solomon-Telecsa, SRL, con RD$36,903,161; el Consorcio Solomon LeanQ, SRL, con RD$30,334,179; y el Consorcio Aluconsa-Telecsa, que aparece con RD$36,161,334 en la columna de monto en pesos y RD$30,334,179 en la columna de total final.
La investigación levantó 30 hallazgos en EDENORTE. De estos, 16 comprometen responsabilidad administrativa, uno de ellos también con responsabilidad civil, mientras que los otros 14 presentan responsabilidad administrativa e indicios de responsabilidad penal.
Irregularidades en licitaciones, excepciones y garantías
En los procesos de selección, los auditores identificaron que tres licitaciones adjudicadas a Transformadores Solomon por RD$133,269,381 tuvieron pliegos aprobados días antes de emitirse el dictamen jurídico obligatorio.
También encontraron que 22 procesos por RD$2,272,505,965.73, correspondientes a RD$1,139,837,265 y US$23,915,675.52, no fueron publicados en el portal institucional.
A esto se suman cuatro procedimientos por RD$319,267,021 que fueron publicados después de notificarse las adjudicaciones.
La investigación estableció, además, que cuatro contratos por RD$639,058,535 fueron firmados entre 22 y 37 días hábiles después de la adjudicación, fuera del límite de 20 días establecido.
Asimismo, diez compras de emergencia, directas y de proveedor único por RD$22,492,532 no contaban con contratos formales.
Otros dos procesos de proveedor único correspondientes a 2020, por US$69,620, equivalentes a RD$3,919,033, permanecían sin contrato y con facturas pendientes de pago.
Los auditores también documentaron deficiencias en las garantías de las contrataciones. En 44 procesos, 25 en pesos por RD$2,296,955,436 y 19 en dólares por US$38,328,180.69, no se encontraron pólizas de seriedad de oferta, avance o fiel cumplimiento por RD$470,702,180 y US$6,432,765.
En otros 26 procesos por RD$2,662,411,482 faltaban certificaciones de la DGII, TSS y del Registro de Proveedores del Estado. Asimismo, en expedientes de pago por RD$4,015,372,201 tampoco constaban las certificaciones tributarias correspondientes.
La Cámara de Cuentas identificó que 12 compras por excepción o exclusividad adjudicadas a Transformadores Solomon, por RD$1,709,877,403, carecían de una resolución motivada del Comité de Compras. Cuatro de esos procesos tampoco contaban con informe pericial, aunque las conclusiones del informe mencionan seis procesos para ese mismo monto.
Otra irregularidad consistió en la falta de remisión a la Contraloría y a la Cámara de Cuentas de los informes posteriores a procedimientos de urgencia y compras directas por RD$306,700,459.
Además, los auditores señalaron que en dos compras realizadas entre 2012 y 2013, por RD$10,134,019.44, no se cumplió con el procedimiento competitivo correspondiente a las contrataciones de emergencia.
Obras eléctricas con modificaciones, retrasos y pagos sin respaldo
En el proyecto de rehabilitación de redes de Pekín, Santiago, identificado como EDN-CP-02-2017 y adjudicado por RD$183,693,712.52, Edenorte utilizó una comparación de precios en lugar de una licitación, pese a que correspondía aplicar este último procedimiento según los umbrales establecidos por la DGCP.
De ese proyecto, RD$46,432,102 fueron contratados al Consorcio Solomon Telecsa.
La investigación también examinó las excepciones EDN-CE-EX-04-2017 y 06-2017, en las que se modificaron cartas de adjudicación conservando la misma numeración para contratar US$270,039.16, equivalentes a RD$12,810,704, por encima de la oferta original. Los auditores señalaron que esta práctica generó perjuicio económico y responsabilidad civil.
En otros proyectos se comprobaron retrasos reiterados en los cronogramas de entrega de materiales, obras de redes cerradas sin certificado de recepción definitiva por RD$72,091,504 y US$22,856,864, aunque en el cuadro del hallazgo figura US$22,857,140, y falta de pólizas contra vicios ocultos por RD$7,209,151.
Los 14 hallazgos con indicios de responsabilidad penal
Entre los 14 hallazgos de EDENORTE que presentan indicios de responsabilidad penal figuran irregularidades en la elaboración de informes técnicos, emisión de órdenes de compra, contratos de financiamiento, registros contables y ejecución de obras.
En el hallazgo 3.3, los auditores identificaron que informes técnicos y económicos de 12 procesos, correspondientes a 2014-2015 y 2018, además de otros procesos entre 2016 y 2020, fueron firmados por servidores públicos que no estaban habilitados como peritos. El monto involucrado ascendió a RD$812,243,415.
El hallazgo 3.4 corresponde a órdenes de compra emitidas antes de los actos o cartas de adjudicación. La tabla del informe identifica 14 procesos, mientras que las conclusiones mencionan 11, por un monto de RD$1,566,177,627.56, correspondientes al período 2014-2020.
En el hallazgo 3.14 se examinaron contratos de Aportes de Financiamientos Reembolsables para redes eléctricas que no cumplían con los requisitos de la Ley 125-01 y que, según los auditores, eludieron la aplicación de la Ley 340-06. El monto aparece registrado en la tabla como US$23,336,827.57, equivalente a RD$1,094,809,623, mientras que el texto del hallazgo menciona US$23,831,883.43. Los procesos corresponden al período 2015-2019.
Otro caso, identificado como hallazgo 3.15, corresponde a la compra directa EDN-CD-72-2015, por RD$840,903, cuyo expediente físico y digital no fue localizado, pese a estar relacionado con el proceso LPN-18-2014.
En el hallazgo 3.16, la investigación identificó pagos no localizados ni entregados correspondientes a los períodos 2012-2013 y 2014-2016. Los montos señalados fueron RD$28,862,787 y US$6,226,553.82 para el primer período, y RD$79,564,213 para el segundo.
La Cámara también detectó discrepancias entre contratos, órdenes de pedido físicas y registros en el sistema SAP en cuatro procesos de excepción de 2019. La diferencia entre el contrato y el pedido ascendió a US$2,599,157.40, mientras que la diferencia entre el pedido y el registro en SAP fue de US$1,615,960.61.
En los hallazgos 3.18 y 3.19 se identificaron pagos por encima de los montos contratados al cubrir el ITBIS no previsto en dos procesos de excepción, PEEX-005 y 006-2019, por US$58,363, equivalentes a RD$3,413,185.50.
También se reportaron pagos de costos aduanales, flete y transporte que correspondían a Edenorte, pese a que los contratos establecían que los impuestos estaban incluidos. El monto involucrado ascendió a US$2,550,664.67, equivalentes a RD$128,402,054.
En el hallazgo 3.21, los auditores señalaron que cuatro materiales de entrega inmediata adjudicados mediante la licitación LPN-03-2017 no fueron suministrados, por un valor de RD$73,566.
El hallazgo 3.22 se refiere a facturas que no fueron registradas en la contabilidad y a un anticipo del 20 % que no fue amortizado en el contrato MDO-002-2020. El monto facturado ascendió a RD$42,397,730, mientras que el anticipo pendiente de amortización fue de RD$8,238,688.
En el hallazgo 3.23, la Cámara de Cuentas identificó anticipos del 20 % pagados en tres proyectos que no fueron ejecutados y cuyos fondos no fueron devueltos. Los pagos ascendieron a RD$22,694,187, correspondientes a contratos por RD$113,470,956, durante el período 2015-2020.
La investigación también identificó partidas no ejecutadas en un 23 % en las redes de Pekín, sin que se realizara una adenda de disminución en el contrato CORR-005-2017. El monto señalado fue de RD$10,501,932.
En el hallazgo 3.29 se reportó la omisión de retenciones correspondientes al 1 % del fondo de construcción establecido en la Ley 6-86 y al 1 por mil del CODIA en obras de redes ejecutadas entre 2015 y 2018. El monto involucrado ascendió a RD$11,367,720, distribuidos en RD$10,334,292 correspondientes a la Ley 6-86 y RD$1,033,428 al CODIA.
Finalmente, en el hallazgo 3.30 se identificaron diferencias volumétricas durante inspecciones de campo en tres obras, con pagos superiores a las cantidades instaladas por RD$2,547,638 en exceso. En Ceibita-Pekín se identificaron RD$5,209.79; en Pekín, segunda y cuarta etapas, RD$826,529.45; y en el contrato AFR-019-2015, US$34,427, equivalentes a RD$1,715,900.21.
Qué respondieron las distribuidoras y por qué se mantuvieron los hallazgos
Durante el proceso de revisión y réplica, los gerentes actuales y exadministradores de las distribuidoras defendieron sus actuaciones mediante argumentos relacionados con prácticas administrativas heredadas, limitaciones de las plataformas tecnológicas y necesidades operativas.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la Cámara de Cuentas mantuvo las observaciones al considerar que las explicaciones ofrecidas no estaban acompañadas de evidencias suficientes para desvirtuar los señalamientos.
La posición de EDESUR
En EDESUR, el gerente general José Luis Actis informó que, pese a las búsquedas realizadas en los archivos físicos y digitales, la empresa no logró localizar todos los documentos solicitados ni explicar las discrepancias de fechas, montos y pagos realizados sin contratos vigentes.
El funcionario argumentó que la licitación de 2017 había sido publicada antes de que el Decreto 350-17 estableciera la obligatoriedad del portal transaccional de la DGCP. También destacó los controles implementados desde 2024, entre ellos el Sistema Único de Gestión de Pagos (SUGEP) y la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.
Por su parte, el expresidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Manuel Antonio Lara Hernández, aclaró que el informe no le atribuye actos concretos y que su nombre aparece únicamente en el listado cronológico de autoridades.
Aunque los auditores valoraron las mejoras recientes, mantuvieron los nueve hallazgos al considerar que la continuidad operativa no justifica desembolsar fondos públicos sin un vínculo contractual vigente.
La posición de EDEESTE
En Edeestw, el gerente general Emilio Contreras Hernández explicó que entre 2019 y septiembre de 2024 la distribuidora no estuvo habilitada en el Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE Contratos) de la Contraloría General de la República.
Indicó que en febrero de 2025 la empresa recibió una dispensa de transición del contralor y sostuvo que las certificaciones de la DGII, TSS y del Registro de Proveedores del Estado solamente eran requeridas durante la etapa de licitación.
Los exgerentes Luis Ernesto de León Núñez y Andrés Astacio Polanco, así como la expresidenta del consejo María Luisa Carbonell Marrero, solicitaron que las responsabilidades fueran delimitadas tomando en cuenta los períodos exactos de sus respectivas gestiones.
La Cámara de Cuentas mantuvo las observaciones y recordó que, incluso sin una plataforma electrónica habilitada, la Ley 10-07 obligaba a remitir copias certificadas de los contratos a la Unidad de Auditoría Interna.
La posición de EDENORTE
En Edenorte, el exadministrador general Julio César Correa Mena, quien ocupó el cargo entre 2013 y 2020, atribuyó la ausencia de dictámenes jurídicos, actas de recepción definitiva y pólizas contra vicios ocultos a prácticas institucionales de la época.
El exfuncionario justificó las firmas tardías de contratos por los retrasos en la Gerencia Legal y explicó que algunas órdenes de compra se emitieron antes de la adjudicación para evitar comprometer el presupuesto del año siguiente.
También vinculó los acuerdos de Aportes de Financiamientos Reembolsables sin los requisitos legales a presiones sociales y huelgas comunitarias.
En cuanto a las obras paralizadas que habían recibido anticipos, responsabilizó a la pandemia de 2020. Asimismo, calificó como un «error de digitación» la cláusula contractual que establecía que los impuestos estaban incluidos, pese a que la empresa pagaba por separado los costos aduanales y el ITBIS.
Por su parte, el actual gerente general, Gustavo Adolfo Martínez, presentó documentación para acreditar que EDENORTE ingresó al portal transaccional de la DGCP el 21 de diciembre de 2018 y defendió la legalidad de los contratos AFR.
Aunque los auditores acogieron algunas precisiones relacionadas con las fechas de determinados reglamentos y la habilitación de las plataformas digitales, mantuvieron los 30 hallazgos identificados.
Planes correctivos, sanciones y remisión al Ministerio Público
Con la aprobación definitiva de las tres resoluciones, los informes pasan a la fase de corrección de las irregularidades identificadas y de evaluación de las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.
El pleno de la Cámara de Cuentas otorgó a cada distribuidora un plazo de 25 días para presentar un Plan de Acción Correctivo ante el órgano fiscalizador y la Contraloría General de la República. El plazo es de 25 días hábiles para EDESUR y EDEESTE, y de 25 días calendario para Edenorte, contados a partir de la notificación correspondiente.
En el ámbito administrativo, las autoridades competentes deberán aplicar las sanciones disciplinarias y multas de entre 100 y 500 salarios mínimos vigentes del sector público a los servidores responsables, conforme al artículo 55 de la derogada Ley 10-04 y al artículo 90 de la vigente Ley 18-24.
Una vez concluido el procedimiento administrativo sancionador, las autoridades dispondrán de 15 días para comunicar los resultados a la Cámara de Cuentas.
En los casos en que se establezca responsabilidad civil por perjuicios económicos, como los montos contratados por encima de las ofertas en Edenorte o los pagos señalados en Edesur, también podrán iniciarse acciones para procurar el resarcimiento patrimonial.
Finalmente, el órgano fiscalizador dispuso remitir los tres informes finales a la Procuraduría General de la República, con atención a la PEPCA. También ordenó notificarlos al Ministerio de Energía y Minas, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog).
En el caso de Edeeste, el documento también será remitido a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Mientras tanto, los funcionarios y exfuncionarios mencionados disponen de 30 días hábiles para interponer recursos de reconsideración o acudir al Tribunal Superior Administrativo.
La determinación de si los indicios de responsabilidad penal documentados en las investigaciones dan lugar a acusaciones formales ante los tribunales corresponderá al Ministerio Público.
Fuente: N Digital








