Odebrecht

Corte declara ilegal detención del único preso por caso Odebrecht en Panamá

La Corte Suprema de Justicia de Panamáordenó la liberación inmediata del ecuatoriano Freddy Barco Vera, el único detenido en el país por el caso Odebrecht, tras declarar ilegal la medida cautelar de detención ordenada en mayo de 2019 por la fiscalía Anticorrupción.

La sentencia fue emitida el pasado 10 de diciembre por el magistrado Efrén Tello pero se hizo pública este jueves, al igual que la carta del Órgano Judicial, con fecha del 29 de enero de 2020 y dirigida la dirección del Centro Penitenciario La Mega Joya, en la que se ordena la ‘inmediata liberación’ de Barco Vera.

La fiscalía Anticorrupción imputó al ecuatoriano el delito de blanqueo de capitales y ordenó la detención provisional, una medida que su defensa atacó con un habeas corpus argumentado que la orden de arresto fue presentada fuera del término de la investigación, según datos de la prensa local.

Fuentes oficiales confirmaron a Efe este jueves que Barco Vera era el único detenido en Panamá por el caso de los sobornos de Odebrecht, una investigación iniciada en enero de 2017 en la que se han imputado cargos a 82 personas.

Para junio de 2019 había cinco personas detenidas en el marco de esta investigación, pero han sido liberadas en los últimos meses por distintas causas.

Tal es el caso de Carlos Ho González, que fue sentenciado a seis años por los sobornos de la constructora brasileña pero tras un acuerdo de pena y el pago de una multa quedó en libertad después de cumplir 24 meses de prisión provisional.

Ho González fue director de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas durante la Administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), y también fue funcionario de esa dependencia durante el Gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).

El caso Odebrecht es una de las tramas de corrupción más grandes destapadas en Panamá y su manejo ha generado muchas críticas contra la Fiscalía y los tribunales, precisamente porque hay muy pocos sentenciados y, ahora, ningún preso.

Los reclamos ciudadanos y de los implicados incluyen supuestos amaño de la investigación y compra de los juzgadores, unos señalamientos que han negado tanto los fiscales como los tribunales.

Un informe del Ministerio Público difundido a finales de 2019 indicó que hay 82 personas imputadas por blanqueo, soborno internacional y corrupción, y que 16 personas aceptaron su participación en esos hechos a través de acuerdos de pena y de colaboración validados judicialmente.

Se han recuperado 266.836.784,19 dólares, y se tramitaron 122 asistencias internacionales a países y jurisdicciones como Brasil, Andorra, Mónaco, Estados Unidos, Suiza, Islas Vírgenes, España, Ecuador, Uruguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica y Reino Unidos, entre otras, de acuerdo con el documento de la fiscalía.

El nuevo fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, dijo a Efe el pasado 20 de enero que impulsará una investigación integral y efectiva del caso Odebrecht y de otros de presunta corrupción, como el que implica a la constructora española FCC.

Recordó que un tribunal superior aprobó una prórroga de 5 meses para la investigación de Odebrecht, constructora que levantó obras emblemáticas como el paseo marítimo y dos líneas del metro de la capital, este último proyecto en consorcio con FCC.

Ulloa no descartó que se revise el acuerdo alcanzado por la Fiscalía con Odebrecht y validado por un tribunal panameño, que incluye el pago de 220 millones de dólares por parte de la constructora, porque posterior al mismo surgieron ‘informaciones sobre una serie de actividades de la empresa en Panamá’ que no fueron tomadas en cuenta.

‘Hemos sostenido desde un principio que la ciudadanía lo que desea es conocer la verdad de todo lo sucedido aquí con la empresa desde que llega al país’, durante el Gobierno de Martín Torrijos, ‘hasta el último proyecto que han estado desarrollando’, agregó Ulloa.

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