Columnas

Coto vedado para la JCE

Por: Namphi Rodríguez

Hay un tinte maniqueísta en el debate sobre la constitucionalidad de la resolución que pretende imponer la Junta Central Electoral (JCE) a los partidos políticos y a la ciudadanía para limitar el ejercicio de derechos fundamentales mediante una “potestad reglamentaria clandestina” o un “poder de policía” que resulta incompatible con los principios de la Constitución.

Actores políticos y líderes de opinión han afilado cuchillo para su propio pescuezo cuando se han pronunciado a favor de la JCE, sin pensar en las consecuencias que para el Estado de derecho y para la democracia pueden acarrear decisiones como esa.

Nadie pone en duda que es un anhelo de la sociedad dominicana poner límites a los tiempos y los recursos que se invierten en campaña electoral y propaganda gubernamental clientelista.

Sin embargo, es responsabilidad de la clase política conducir esas aspiraciones por los cauces que habilita el procedimiento en democracia; es decir, mediante la observancia de la Constitución y las leyes.

En el Estado de derecho, por legítima que sea una aspiración, si no transita los cauces de la constitucionalidad se torna socialmente repudiable, porque sería el resultado del ejercicio de un poder arbitrario. La legitimidad sin legalidad es una trampa para el sistema democrático.

Así, que, sientan pues, un precedente nefasto quienes por miedo a un candidato, por conveniencias coyunturales o por egos personales han hundido sus cabezas en el hoyo como el avestruz para no ver el atropello a derechos fundamentales como las libertades de expresión, de reunión y de asociación política.

La Constitución es clara cuando expresa en su artículo 74.2 que sólo por ley, en los casos que ella lo permite, se pueden limitar los derechos fundamentales y siempre respetando el principio de razonabilidad o de proporcionalidad.

A lo que se refiere la Ley de Leyes cuando hace alusión al principio de razonabilidad es al hecho de que la ley debe observar un test riguroso de necesidad y proporcionalidad, de forma que no afecte el contenido esencial de los derechos.

Como ha dicho el Tribunal Constitucional español: “los derechos fundamentales sólo pueden ceder ante los límites que la propia Constitución impone”. A la JCE no le está permitido ni el medio ni el fin para limitarlos, ya que no es dable dictar restricciones a los derechos civiles y políticos apelando a ideas abstractas que carecen de cobertura constitucional.

En todo caso, si se va a limitar derechos fundamentales se precisa de una ley votada por el Congreso con mayoría calificada, nunca mediante la actividad reglamentaria de un órgano estatal.

Esto equivale a decir que el campo de los derechos humanos es un coto constitucionalmente vedado para imponer limitaciones y prohibiciones a través de una “clandestina potestad reglamentaria.

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