Crisis sanitaria, catalizador de la transformación digital en el Poder Judicial

SANTO DOMINGO. – Con el país paralizado, la justicia no podía detenerse. En marzo de 2020, ante el desafío de operar en medio de una pandemia, el Poder Judicial de República Dominicana comenzó un proceso de digitalización. Este cambio se realizó con un objetivo claro: garantizar el acceso a la justicia sin comprometer la salud y seguridad de los ciudadanos y del personal judicial.

A partir de ahí, la justicia dominicana ha experimentado una transformación sin precedentes, adaptándose a un nuevo entorno digital que promete eficiencia y transparencia.

Durante el período de emergencia sanitaria, el Poder Judicial implementó plataformas digitales para continuar funcionando, introduciendo audiencias virtuales, certificados electrónicos y una plataforma de acceso digital que revolucionó los trámites. De las 643,662 solicitudes recibidas en este período, el 43.99 % fueron gestionadas a través de la web, reflejando una adaptación de los ciudadanos al entorno digital, de acuerdo a las estadísticas de Servicio Judicial. Este cambio minimizó la interacción presencial, lo que permitió que el sistema judicial operara sin interrupciones.

Primeras audiencias

En marzo de 2020, se celebró la primera audiencia virtual en Bonao, Samaná y San Juan, en la cual las partes accedieron al proceso judicial mediante dispositivos móviles.

Pocos días después, el Consejo del Poder Judicial realizó también su primera reunión virtual, con cada uno de sus miembros conectado desde sus respectivos hogares. En apenas seis días del primer estado de emergencia nacional, el sistema judicial había recibido 472 solicitudes de medidas de coerción, de las cuales 264 fueron procesadas de manera virtual a través de las Oficinas Judiciales de Atención Permanente.

La digitalización del sistema continuó avanzando durante 2020 y el 8 de octubre de ese año se celebró la primera juramentación virtual de abogados y abogadas. En esta XXI ceremonia, un total de 1,533 profesionales del derecho presentaron juramento en una audiencia virtual.

Durante la ceremonia, el magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, destacó la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos y mitigar el riesgo de contagio, al señalar: “La audiencia estaba supuesta a suceder hace meses, pero la pandemia nos ha alterado todos los procesos. Hoy lo que estaba pautado para celebrarse con no más de 200 personas en esta sala augusta, ha tenido que realizarse de manera virtual para mitigar el riesgo de contagio”.

Para muchos abogados y usuarios, la digitalización significó ahorro de tiempo, recursos y una mayor accesibilidad al sistema. Elizardo Espinoza Ramírez, abogado en ejercicio, comenta la conveniencia que ha supuesto la digitalización de procesos y audiencias, especialmente durante la pandemia. Según él, la virtualidad le ha permitido ahorrar tiempo, reducir el desgaste del transporte y evitar el caótico tránsito de la ciudad, al mismo tiempo que facilita el depósito de documentos y la recepción de respuestas en línea. Sin embargo, Espinoza señala que la “brecha digital todavía impera en la República Dominicana, ya que sabemos que no todo el país está interconectado y existen colegas que están ejerciendo en todo el país”.

Rosmery Rojas García, también abogada y usuaria de la plataforma digital del Poder Judicial, comparte una perspectiva positiva sobre las audiencias virtuales y subraya que estas permiten una mayor flexibilidad para los abogados, quienes pueden conectarse desde cualquier lugar sin necesidad de trasladarse físicamente. A pesar de su optimismo, Rojas coincide con su colega Espinoza considerando que uno de los principales desafíos radica en la falta de preparación tecnológica entre los abogados.

“La desventaja que tiene es que algunos abogados no están preparados para la tecnología de esa plataforma… habría que prepararlos”, sostiene Rojas García.

Los números detrás del cambio

El avance en la digitalización de expedientes ha sido uno de los logros más destacados. Al cierre de 2023, se habían digitalizado 942,224 expedientes, alcanzando el 66.71 % de la meta anual. Esto, no sólo alivió la carga física en los archivos judiciales, sino que también redujo los tiempos de respuesta en los procesos judiciales. El Distrito Nacional lidera este avance, con 193,534 expedientes digitalizados, destacándose como una de las zonas más activas en este proceso de modernización, seguido las provincias Santo Domingo y Santiago, según estadísticas del Poder Judicial.

Desde marzo a diciembre del 2020 se celebraron más de 104 mil audiencias virtuales, dijo el magistrado Francisco Jerez, expresidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Recientemente el Poder Judicial informó que Acceso Digital, plataforma del poder del Estado, se expandió a nivel nacional a 50 salas distribuidas en materia Civil y Comercial.

Dentro de los trámites que se podrán realizar están iniciar nuevos casos, depositar documentos en casos existentes, realizar solicitudes secretariales al tribunal, consultar casos, consultar calendario de audiencia, fijar audiencia, recibir alertas de avisos y actividades.

Para la jueza Miguelina Ureña, de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, la digitalización no sólo significó una solución de emergencia; fue una respuesta estratégica a problemas de almacenamiento y eficiencia. Ureña recuerda cómo los expedientes se almacenaban en furgones, lo que afectaba la rapidez de los procesos y la conservación de los documentos.  Agregó que el inicio para la digitalización fue escaneando todos los documentos con los que se forman los expedientes y más tarde incorporaron algunos servicios como solicitudes y entrega de certificados.

“La pandemia del Covid-19 aceleró la implementación, especialmente con las audiencias virtuales que permitió que la justicia continuara al alcance de las personas, usuarios y empleados, sin exponer su salud, consciente de que el acceso a la justicia es un derecho fundamental del que no podía prescindirse”, expresa la magistrada en declaraciones a El Nuevo Diario.

En ese sentido, la jueza señala que uno de los principales retos fue enfrentar la resistencia de quienes desconfiaban de la seguridad y eficacia de los sistemas digitales. Además, debido a la rápida implementación, gran parte del personal judicial tuvo que adaptarse al uso de estas herramientas sin una capacitación previa, aprendiendo mientras trabajaban.

Asimismo, afirma que con el Plan Estratégico Institucional Visión Justicia 20/24, la digitalización fue más allá de la simple reducción de papel.

Ureña resaltó el uso de la firma digital que se implementó mediante la promulgación de la Ley 339-22 de Uso de Medios Digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial.

“Contamos con la firma digital que ha sido de gran impacto en la rapidez, especialmente en los tribunales colegiados, puesto que no hay que esperar a estar físicamente en el tribunal para que la decisión esté disponible para el usuario”, destaca.

Educación superior y digitalización judicial

La perspectiva de los futuros abogados también es relevante. José Frank Ogando, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), considera que el sistema digitalizado es un avance positivo que ofrece mayor transparencia y accesibilidad. No obstante, menciona que la universidad debería preparar mejor a los estudiantes para esta realidad digital, sugiriendo una actualización en la formación académica.

Ogando señala que “la digitalización debe ser homogénea en todos los tribunales del país”, considerando que la justicia aún tiene un largo camino hacia la cohesión digital.

Igualmente, Miguelina Ureña, desde su rol de encargada en los programas de postgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), considera indispensable la inclusión de herramientas digitales y el uso adecuado de inteligencia artificial en la formación de los futuros abogados.

“Los docentes del área procesal se ocupan de adecuar las formalidades legales con la realidad práctica digital e incluso, hemos tenido visita al tribunal para que se comprenda el modo de aplicación, como ha ocurrido con grupos de la Maestría de Derecho Inmobiliario. También, invitados especiales que han ido al aula para exponer sus experiencias con la digitalización en derecho comparado, como ha sido en el caso del sistema de Uruguay”, indica.

De la misma forma, Rosa Fernández, directora y docente de la Escuela de Derecho de la Universidad APEC (UNAPEC), detalla que durante la pandemia, en coordinación con la Escuela Nacional de la Judicatura, la institución académica ofreció capacitaciones para los abogados con el fin de facilitar su adaptación a las nuevas herramientas tecnológicas.

Sin embargo, en 2022 este avance experimentó un revés cuando un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana provocó la cancelación de muchas audiencias y procesos virtuales, forzando el retorno a la presencialidad, calificando Fernández esta decisión como un “gran retroceso” en el camino hacia una justicia moderna.

La catedrática afirmó que desde hace algunos años la universidad ha estado trabajando en la incorporación de la tecnología en el aprendizaje del derecho. “Desde hace más de una década la Universidad APEC, en particular la Escuela de Derecho, apuesta y trabaja por la excelencia académica de sus egresados. La tecnología, la virtualidad y el saber hacer son ejes transversales de todas las asignaturas del pénsum de la Licenciatura en Derecho, apoyada en la virtualidad”, argumentó.

De igual manera, señaló que “las comisiones de ética de los gremios que agrupan a los abogados (Colegio de Abogados y Colegio de Notarios), al igual que las escuelas de derecho, tienen la responsabilidad de fortalecer la formación ética”.

“Va lento, pero avanza”

“Estimo que el Poder Judicial en lo que es la implementación…, no sabemos si por un tema presupuestario, pero, aunque va avanzando, no lo suficiente”, así lo expresó Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), quien valoró el esfuerzo del Poder Judicial, pero enfatizó en la necesidad de un mayor respaldo gubernamental y financiero para acelerar el proceso de la digitalización para alcanzar su verdadero potencial.

No obstante, para lograr un sistema judicial plenamente digital y eficiente, Potentini advierte que es esencial una mayor inversión por parte del Gobierno y el apoyo continuo del Poder Ejecutivo.

“Hay que involucrar al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). El actual incumbente de Indotel, Guido Gómez Mazara, ya parece que le va a dar algún sentido, un grado de prioridad al enfoque instrumental que hoy por hoy tiene ese ‘acceso al acceso’, esa disminución de esa brecha digital”, manifestó Potentini.

A su juicio, la colaboración entre las distintas ramas del Estado permitirá que los recursos lleguen a donde más se necesitan, especialmente en la creación de una infraestructura tecnológica que no solo beneficie a los abogados, sino también a todos los usuarios del sistema judicial, destacando que “no hacemos nada con considerar las virtudes de una ley tecnológica si no hay luz, si no hay internet, si no hay la señal en los lugares más recónditos porque se trata de un derecho fundamental como el acceso a la justicia”.

A su vez, el titular del CARD asegura que el gremio está trabajando en la preparación de sus miembros en el área digital como la inteligencia artificial, el impacto en el derecho y la tecnología.

El futuro

Desde el Poder Judicial de Chile, Mario Lara, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de ese país de América del Sur, observa que República Dominicana está en una fase avanzada de digitalización.

Según Lara, es un error común en el ámbito público pensar que la transformación digital consiste solo en comprar software. El experto sostiene que la verdadera transformación se basa en entender los procesos y necesidades de las personas, tanto usuarios como servidores judiciales, para luego definir qué tecnología se requiere. “La transformación digital no es comprar software y hardware; se basa en las personas y en sus procesos de trabajo”, enfatiza durante una entrevista en el podcast Hablemos de Justicia.

En cuanto a la inteligencia artificial, el experto es claro: “La inteligencia artificial no es informática; es una disciplina de la matemática… es estadística bastante avanzada que trabaja con probabilidades…”.

Aunque ve potencial en su uso para tareas repetitivas, advierte que no debe reemplazar la función cognitiva y crítica de los jueces. “A veces se discute acerca del rol del juez y la implementación de la IA. Creo que las tecnologías tienen que aportar al trabajo de las personas… estamos muy lejos de estos espacios un poco apocalípticos en donde una herramienta pueda reemplazar una función cognitiva como es el raciocinio de un juez en la dictación de una sentencia o una resolución”, comentó.

En su opinión, la inteligencia artificial puede contribuir a que los jueces se concentren en casos complejos, dejando las tareas volumétricas y repetitivas a la tecnología. Esto, según él, no deshumaniza el rol del juez; al contrario, permite que el juez se enfoque en los aspectos que realmente agregan valor al proceso judicial.

El ingeniero aseguró que el siguiente paso en la República Dominicana será maximizar el uso de la información digitalizada, integrando conceptos avanzados como inteligencia artificial para procesar datos y mejorar el servicio judicial.

“Los desafíos siguientes son cómo vamos a utilizar la información que tenemos en general. Cuando pensamos en conceptos como la inteligencia artificial, se habla de los datos estructurados y los poderes judiciales son millonarios en datos, pero en datos no estructurados. La mayor riqueza del Poder Judicial está en el contenido de las resoluciones y esos son textos y los poderes judiciales son millonarios en generar textos”, puntualizó el especialista.