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Danilo Medina evalúa cumplimiento de la primera fase de la desescalada

El presidente Danilo Medina encabezó este lunes una reunión en la que se evaluó el cumplimiento de los protocolos obligatorios de prevención del coronavirus establecidos por la Comisión de Alto Nivel, durante la primera fase de la desescalada.

En la reunión, que tuvo lugar en el Salón Privado del Palacio Nacional, el jefe de Estado pasó balance a la primera fase del proceso, que empezó el miércoles 20, y los resultados obtenidos a la fecha por las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de los protocolos generales y específicos para cada sector.

A través de un comunicado, la Presidencia indicó: «En todos los sectores, sin excepción, la reapertura ordenada y gradual de las actividades económicas ha venido acompañada de la aplicación de protocolos obligatorios de prevención».

Dijo que comisiones mixtas del Gobierno realizan visitas de supervisión a los comercios autorizados a operar en esta primera fase denominada “Convivir con el COVID-19 de forma segura”.

Destacó que las autoridades tienen instrucciones estrictas de vigilar permanentemente y actuar con rigor en caso de incumplimiento de las medidas establecidas, pudiendo llegar a arrestar a los infractores y cerrar los establecimientoscon autorización para operar, que no cumplan con las medidas de distanciamiento social e higiene.

Explicó que estableció un protocolo general, en consenso con el sector privado, que incluye, además, de las medidas de distanciamiento, higiene y prevención, la realización de pruebas de COVID-19 y toma de temperatura.

Asimismo, se han establecido protocolos específicos para los diferentes sectores, adaptados a cada una de las actividades.

Desde el pasado 18 de mayo, el horario del toque de queda es de lunes a sábado de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana y los domingos a partir de las 5:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana.

Operaciones de acuerdo a tamaño de empresas y número empleados

En la primera fase solo se está permitiendo operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados.

Así, en las microempresas, que pueden tener hasta 10 empleados, pueden trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% del personal; en las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, un mínimo de 10 personas y no más del 50% de su personal.

Mientras, las empresas medianas y grandes tienen permitido operar, como máximo, con el 25% del personal.

Por su parte, el sector público comenzó a laborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan.

Obligatoriedad de horarios diferenciados

Para evitar las aglomeraciones en las horas pico, el Gobierno también estableció la obligatoriedad de horarios diferenciados.

A las 7:00 de la mañana, pueden comenzar a operar los supermercados, farmacias, sector construcción, industria y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de exportación.

Igualmente, comenzarán a esa hora la minería y las canteras, la actividad agropecuaria y agroindustrial y en puertos y aeropuertos, que seguirán recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry.

A las 8:00 de la mañana inician sus labores los empleados del sector público. Y a las 9:00 de la mañana, les corresponde a otros comercios como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confección, además del sector servicios.

El gobierno indicó que “de la correcta aplicación de estas medidas dependerá que el país pueda seguir avanzando en las siguientes fases de la desescalada, motivo por el cual el Gobierno está siendo estricto en su cumplimiento”.

Estuvieron presentes en la reunión Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel; el teniente general Rubén Darío Paulino Sem, ministro de Defensa; Winston Santos, ministro de Trabajo; mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, director de la Policía Nacional; Anina del Castillo, directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor); y Jean Rodríguez, procurador general de la República.

DL

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