DEBACLE JUDICIAL

El acondicionamiento de las salas de audiencia, la reducción de la mora judicial, la designación de más personal y presupuesto exigidos por la abogacía nacional, es una necesidad de suma importancia tanto para jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, alguaciles, secretarias, personal administrativo y usuarios. El Poder Judicial no puede dar una adecuada, efectiva y eficaz respuesta a los requerimientos y necesidades de los usuarios del sistema de justicia con las falencias que exhibe hoy día.

No es posible que al día de hoy aún se vean casos como por ejemplo, en la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago donde solo para depositar unos documentos conlleva al usuario hacer una fila de 2 a 3 horas de duración. Esto se debe a la falta de personal suficiente que pueda atender a la abrumadora cantidad de usuarios del sistema de justicia.

El personal que brinda servicios judiciales (jueces, jueces suplentes o interinos, secretarias, oficinistas, archivistas, alguaciles, mensajeros, abogados ayudantes…) es insuficiente frente a la avalancha de trabajo que soportan estoicamente cada día. Sus esfuerzos resultan insignificantes frente a la sobrecarga laboral.

Se suponía que el sistema de “Virtualidad Judicial” iba a resolver estos problemas, pero extrañamente, dicho sistema, del cual se ufanaban de anunciar que funcionaba cuando era ilegal, hoy ya no funciona a pesar de ser legal a través de la Ley 339-22 sobre Virtualidad Judicial. Dicha norma fue el resultado de las luchas iniciadas por los abogados de Santiago.

Los artículos 69 y 149 de la Constitución Dominicana nos hablan de la tutela judicial “efectiva” en donde encarga al Poder Judicial administrar justicia y decidir sobre los conflictos entre las personas, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Sin embargo, existe una mora insoportable que nos hace recordar el refrán: “justicia tardía no es justicia”. ¿De qué le vale a un ciudadano recibir respuesta definitiva de su caso 7 u 8 años después? Máxime cuando a esa mora judicial se la añade las dificultades de acceso a la justicia.

La cuestión proyecta agravarse aún más, al doble, si recordamos que de casi 2 mil aspirantes al concurso de juez sólo 7 aprobaron los exámenes para iniciar su proceso de formación en la Escuela Nacional de la Judicatura para cubrir solo 7 vacantes a nivel nacional de casi de 400 que se necesitan. Es decir, hasta dentro de 2 años no podrán ingresar nuevos jueces de carreras, pues el proceso de formación es de 2 años de duración.

Esto es muy preocupante, puesto que la agobiante mora judicial no se podrá paliar con esos 7 aspirantes a jueces. Indudablemente que esto ahondará la debacle judicial porque actualmente hay aproximadamente 700 jueces a nivel nacional para cubrir más de 900 plazas de juez, esto sin contar las aproximadamente casi 100 plazas de tribunales creados por ley aún no puestos en funcionamiento.

Esta situación genera que algunos jueces estén designados simultáneamente hasta en 3 tribunales al mismo tiempo, el mismo día y a la misma hora. Es decir, hay un faltante de aproximadamente 400 jueces a nivel nacional. También es importante mencionar que en 2 años los jueces pudieran renunciar, tomar licencia por estudios o salud, así como aquellos que pudieran colapsar por la sobrecarga laboral. Esto provocaría aún más falta de jueces y por ende, mayor debacle judicial.

Lo anterior se ahonda, pues el Ministerio Público y la Defensoría Pública también se encuentran en similar situación por la falta de personal y de acondicionamiento de las áreas de servicio público, así como las áreas internas. Igualmente, ni los fiscales ni los defensores públicos han podido hilvanar un concurso de oposición y su posterior proceso de formación en sus respectivas escuelas de formación. Por tanto, la proyección es igual de catastrófica si se analiza que cada día aumentan los casos en justicia.

En definitiva, la sobrecarga laboral, la falta de presupuesto y las difíciles condiciones en que ejercen sus funciones los jueces, fiscales y defensores, así como sus respectivos colaboradores administrativos, es una situación que obviamente no solo genera preocupación en la abogacía nacional sino también en la propia población.

De ahí que, nuestras propuestas ante esta realidad tan tétrica, así como el oscuro horizonte que se avecina cual anuncio de tormenta eléctrica con rayos y centellas son las siguientes:

1. Aumentar el salario de jueces, fiscales y defensores públicos, así como el personal administrativo.
2. Reducir el periodo de formación de jueces a un periodo de 1 año incluyendo el período de pasantía.
3. Simplificar los exámenes de ingreso a los procesos de formación.
4. Mantener procesos de formación continua y constante de los jueces, fiscales y defensores públicos.
5. Hacer un proceso de licitación a crédito para adquirir las necesidades del sistema de justicia.
6. Crear programas de formación expedita al personal administrativo antes de ingresar al servicio judicial.
7. Designar a abogados de reputado conocimiento a cubrir las vacantes de los juzgados de Paz.
8. Seleccionar a los abogados ayudantes para cubrir las vacantes de los Jugados de Paz, de Instrucción y de 1era. instancia.
9. Crear acuerdos con las universidades para aplicar programas de pasantías en el sistema de justicia.
10. Procurar y mostrar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la importancia de un adecuado presupuesto judicial.

Con esta última medida se aplica lo que hemos denominado “La Teoría de la Colaboración Mutua”. Sobre este particular escribimos un artículo proponiendo que las universidades envíen a sus estudiantes ante los palacios de justicia a dos principales objetivos: ver en la práctica los conocimientos adquiridos en las universidades y prestar colaboración al colapsado sistema de justicia. Es decir, ambos se auto ayudan en sus respectivas necesidades (el estudiante de adquirir conocimientos prácticos y el del sistema de justicia recibir colaboración de más personal).

Esto al final redunda en el fortalecimiento del servicio judicial a la ciudadanía.

Finalmente, advertir que algunos manifiestan miedo de mezclar al personal judicial con nuevos empleados por lo sensitivo de sus funciones, pero, es peor un sistema colapsado pues como dijo el profesor Ángel Ossorio en su obra El Alma de la Toga: “La justicia no es solo un Poder sino el más trascendental de los Poderes. Actúa sobre los ciudadanos en su hacienda, en su libertad y hasta su vida… De nada sirve a los pueblos tener fuerza, riqueza y cultura si no tienen justicia”.