Declaración jurada de bienes: el cuento de nunca acabar

Una vez más, la historia se repite. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha hecho pública una nueva lista de legisladores y funcionarios municipales, tanto actuales como salientes, que han incumplido con el mandato legal de presentar su declaración jurada de bienes, tal como lo establece la Ley No. 311-14. A pesar de tratarse de una obligación básica de transparencia y rendición de cuentas, más de 3,200 funcionarios han ignorado, burlado o postergado este deber, en una clara muestra de irrespeto hacia las normas que rigen el servicio público y, peor aún, hacia la ciudadanía que los eligió.

El informe remitido el 25 de abril de 2025 a la procuradora Yeni Berenice Reynoso es contundente: 1,591 personas electas o reelectas y 1,644 funcionarios salientes no cumplieron con el plazo legal para presentar su declaración jurada de patrimonio. Este incumplimiento no solo constituye una grave falta administrativa según el artículo 14 de la Ley 311-14, sino que además configura un acto de opacidad que erosiona aún más la ya frágil confianza de la población en sus instituciones.

Mientras tanto, la Ley No. 41-08 de Función Pública contempla sanciones, pero en el caso de los legisladores, alcaldes y regidores —elegidos mediante voto popular— no es posible proceder con su destitución. ¿Y entonces? ¿Seguiremos permitiendo que quienes deben dar ejemplo vivan por encima de la ley? Ya es hora de que se reforme el marco normativo y se contemplen sanciones verdaderamente efectivas: suspensión de funciones, inhabilitación temporal o definitiva, retención total de salarios y beneficios. Solo así podrá acabarse este vergonzoso relajo que atenta contra la ética pública, la justicia y el sentido más elemental del deber ciudadano.

Porque un país que no exige cuentas a sus autoridades está condenado a repetir los mismos errores. La transparencia no es una opción: es un mandato moral y legal.

Fuente: contraflujo