Denuncian presuntos entierros ilegales y riesgo de contaminación en cementerio de La Guáyiga

Comunitarios denunciaron la realización de presuntos entierros directamente en la tierra en el cementerio La Nueva Jerusalén, ubicado en el batey Palamara, distrito municipal de La Guáyiga, pese a que los estatutos internos del camposanto restringen esa modalidad.

Según la denuncia enviada a la redacción de N Digital, al menos tres personas habrían sido sepultadas en fosas de tierra. Los denunciantes atribuyen la presunta autorización de esas inhumaciones a la alcaldía del distrito municipal de La Guáyiga.

El reglamento aportado a este medio identifica a La Nueva Jerusalén como un cementerio municipal perteneciente al ayuntamiento y sometido a la administración, el cuidado y la dirección de la Junta Municipal de La Guáyiga, sin perjuicio de las competencias de las autoridades judiciales y sanitarias.

El documento establece además que la administración municipal tiene entre sus atribuciones la organización, conservación y acondicionamiento del cementerio, la autorización de obras y el cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas correspondientes.

Aunque los denunciantes mencionaron los artículos 19 y 23, el reglamento muestra que el artículo 19 se limita a clasificar las sepulturas en nichos comunes, nichos para restos, nichos para panteones y fosas comunes. Es el artículo 23 el que dispone que no se otorgarán derechos funerarios en fosas de tierra, salvo en casos de desastre natural o caso fortuito.

Los estatutos también indican que el ayuntamiento debe construir una cantidad suficiente de nichos de enterramiento y osarios, de acuerdo con las necesidades previstas.

La comunidad manifestó preocupación por un posible riesgo de contaminación ambiental, debido a la presunta cercanía del cementerio con los ríos Hicaco, Lebrón e Isabela. Sin embargo, esa ubicación y el posible impacto sobre las fuentes de agua no están detallados en los estatutos examinados y requerirían una evaluación de las autoridades ambientales y sanitarias.

Los denunciantes cuestionaron que los presuntos entierros en tierra se realicen a pesar de que, según afirmaron, el Poder Ejecutivo habría entregado RD$21.5 millones a la alcaldía para la adecuación del recinto y la construcción de nichos comunes.

El reglamento señala que las inhumaciones deben contar con autorización del director municipal, previa presentación del certificado de defunción, el pago de las tasas y una certificación emitida por la Junta Municipal. También exige que el recibo de enterramiento especifique el tipo de sepultura y el lugar exacto de la inhumación.

Los comunitarios solicitaron la intervención del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades municipales para inspeccionar el cementerio, verificar las condiciones de las sepulturas y determinar si se incumplieron los estatutos o las disposiciones sanitarias.

FUENTE: N DIGITAL.