Departamento de Justicia activa tribunal especial para deportar “terroristas extranjeros”

Redacción.- La administración Trump presentó la primera petición de este tipo ante un tribunal secreto e inactivo creado hace 30 años para considerar las solicitudes gubernamentales de deportación de los llamados «terroristas extranjeros» de Estados Unidos.

El Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros se estableció en 1996, pero nunca había recibido una petición hasta el pasado miércoles, cuando el Departamento de Justicia presentó una solicitud para la expulsión de una persona cuyo nombre no figura en el documento de una sola página publicado en el sitio web del tribunal.

La jueza presidenta del tribunal de cinco miembros, Joan Ericksen, respondió por escrito a la petición señalando que el jueves se celebró una audiencia durante la cual el tribunal tuvo «preguntas sobre el nexo que el gobierno alega entre las acciones del demandado y las secciones y subsecciones específicas que invoca con respecto a esas acciones».

«Las respuestas convencieron al Tribunal de que el Gobierno podría beneficiarse de la oportunidad de una consideración más reflexiva», escribió Ericksen, jueza federal en Minnesota.

La magistrada ordenó al Departamento de Justicia presentar información adicional antes del miércoles.

Las facultades del tribunal surgieron de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, que permite al fiscal general presentar, bajo secreto de sumario, solicitudes de deportación de un presunto «terrorista extranjero». Si se concede la solicitud, el tribunal debe celebrar una audiencia pública en la que el gobierno tiene la carga de demostrar que el individuo cumple con esa definición legal. Las solicitudes deben ser aprobadas por el fiscal general o el fiscal general adjunto.

La legislación federal establece que una persona puede ser considerada «terrorista extranjero» por haber participado en actividades terroristas, respaldarlas o defenderlas, así como por pertenecer a una organización política o social que promueva ese tipo de actividades.

¿Qué cambia?

La activación de este tribunal supone un cambio respecto a las deportaciones tradicionales. Habitualmente, los casos de expulsión son tramitados ante jueces de inmigración dentro del sistema administrativo, donde los extranjeros pueden impugnar la deportación y, si cumplen los requisitos, solicitar medidas de protección como el asilo u otros alivios migratorios.

En este caso, el Departamento de Justicia recurrió a un tribunal federal especial creado por la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996 para conocer solicitudes de expulsión de presuntos «terroristas extranjeros». El procedimiento comienza con una solicitud presentada bajo secreto.

Tras una revisión inicial, el tribunal puede admitirla, desestimarla o, como ocurrió en este primer caso, solicitar información adicional antes de decidir cómo proceder. Si la solicitud sigue adelante, la ley exige la celebración de una audiencia pública en la que el gobierno debe demostrar que la persona cumple con la definición legal de «terrorista extranjero».

Implicaciones legales

La decisión también plantea implicaciones legales. Aunque la ley permite que la solicitud inicial se presente bajo secreto, exige posteriormente que el gobierno demuestre, en una audiencia pública, que el acusado cumple con la definición legal de «terrorista extranjero».

En este primer caso, la jueza Joan Ericksen solicitó información adicional al considerar que la petición inicial requería una justificación más sólida antes de decidir cómo proceder.

Expertos en derecho migratorio citados por Axios sostienen que, aunque se trata de un mecanismo excepcional previsto en la legislación antiterrorista, el procedimiento sigue sujeto a supervisión judicial y fue concebido para casos muy específicos relacionados con terrorismo, no para sustituir el sistema ordinario de deportaciones.

Con información de AP.

Fuente El caribe