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Derecho de la competencia

Por: Namphi Rodríguez

El artículo 50 de la Constitución prohíbe los monopolios privados y los reserva solamente en provecho del Estado. Esta cláusula es capital para la prestación de servicios públicos en manos privadas, debido al hecho de que se pueden presentar dos escenarios para los ciudadanos.

El primero, donde la existencia de la libre competencia entre los agentes del mercado que funcionan de acuerdo a la libre contratación, libre ingreso de prestadores y libre fijación de precios y tarifas. Un tanto lo que pasa en República Dominicana con el mercado de las telecomunicaciones. Aquí la intervención de la autoridad se limitará a garantizar la libre competencia y a hacer cumplir las normas de lealtad comercial.

Sin embargo, en un segundo escenario en que no existan esas condiciones del mercado y la prestación del servicio se hace de manera limitada o monopólica se hace necesaria una mayor intensidad regulatoria para preservar la calidad del servicio, garantizar precios justos y asegurar los derechos de los usuarios.

Por esa razón, en el ordenamiento adjetivo, la Ley 42-08, de Defensa de la Competencia, y la Ley de Protección al Consumidor tienen como bienes jurídicos protegidos garantizar la lealtad comercial, controlar las estructuras del mercado para que haya libre competencia y asegurar los derechos de los consumidores y usuarios.

Son las típicas leyes de mercado que en República Dominicana se trataron de aprobar junto al régimen de propiedad intelectual como un Código de Mercado, pero que finalmente se sancionaron por separado.

En el caso de la Ley 42-08, ésta tiene por objeto fundamental promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficacia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en el mercado nacional.

De su lado, las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor tienen por finalidad establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios.

Es decir, que de ambas normas establecen como bien jurídico protegido final los consumidores y usuarios de bienes y servicios del mercado nacional, dentro de los cuales lo usuarios de servicios económicos de interés general tienen un rango preponderante.

Y es que, pese a que la Ley de Defensa de la Competencia constituye un instrumento para regular relaciones entre agentes económicos y no entre éstos y los consumidores y usuarios, desde la perspectiva de los servicios públicos esta legislación y los ordenamientos sectoriales constituyen poderosos instrumentos para proteger los derechos de los ciudadanos.

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