Editoriales Invitados

Difícil de entender

La República Dominicana vive un “raro momento político” con el partido en el poder muy tensado por la lucha entre las dos tendencias fundamentales, la del presidente de la República Danilo Medina y la del expresidente de la República Leonel Fernández.

Las expresiones más claras de esa situación se observaron ayer en la Cámara de Diputados, durante el conocimiento del proyecto de ley de partidos, cuestión que ha acentuado las diferencias entre Medina y Fernández.

El lunes en la noche fue reunido el comité político del partido oficial, y se resolvieron varios asuntos, la mayoría a favor del presidente Medina, que tiene el control de ese órgano y del comité central.

Observando estos prolegómenos de lo que podría ser una crisis mayor en el PLD, es inevitable pensar en la coyuntura política de 1986, de la cual surgió el último gobierno de Joaquín Balaguer, a consecuencia de una larga confrontación en el gobernante PRD, que se anidó durante muchos años por fuertes conflictos entre los líderes Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, primero, que luego evolucionó con los protagonistas Jacobo Majluta y José Francisco Peña Gómez.

Pero aquella vez, el partido gobernante debió administrar una grave crisis económica, que tuvo un desenlace fatal, que fue la matanza de 1984, después que la administración de Jorge Blanco aplicó un paquete de medidas económicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional.

Ahora el país tiene un buen desempeño económico, el cual es un factor estimulante para el grupo gobernante, que al margen de ciertas denuncias escandalosas de corrupción, se ha desenvuelto exitosamente.

De modo que no parece posible que una confrontación política devenga en un desorden de la Administración, pero llaman la atención los métodos que emplean los oficialistas en sus trifulcas internas y los miedos que una de las partes expresa sobre el futuro de la democracia.

El expresidente Fernández abiertamente advirtió ayer que si se aprobaba la versión de la ley de partidos consensuada por el grupo gobernante y el opositor PRM, se estaría violando preceptos constitucionales. Sus seguidores en el Congreso han advertido que una ley así terminaría en el Tribunal Constitucional.

Nadie sabe cómo evolucionarán los juegos de poder entre cimarrones. Y peor aún, resultan difícil de entender.

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