Discrecionalidad con bienes incautados y decomisados

El Ministerio Público comenzó a entregar los bienes incautados que tiene en su poder al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide), sin embargo, mantiene la discrecionalidad en cunato a establecer a cuáles y cuántos casos pertenecen.

Desde inicio de año, elCaribe ha solicitado información respecto a la cantidad de bienes en poder del MP; la cantidad de bienes decomisados desde el 2014 a la fecha, desglosado por tipo, pero amparado en el artículo 290 del Código Procesal Penal que establece que el procedimiento preparatorio no es público para los terceros, no se ha provisto la información.

En el fin de semana, la Procuraduría General de la República informó que entregaron bienes e inmuebles decomisados por más de tres mil doscientos cuarenta y dos millones 886 mil 258 pesos con treinta y dos centavos y un millón 417 mil 600 dólares, Sin establecer los expedientes de corrupción, narcotráfico y lavado de activos a los que corresponden.

También, el traspaso de la custodia y administración al Incabide de 58 apartamentos; 18 casas; 1 edificio; 10 fincas; 1 hotel; 6 inmuebles; 26 locales comerciales; 19 solares; 4 terrenos; 1 villa; 4 aeronaves y 238 vehículos, entre los que se incluyen automóviles de marcas como Lamborghini, BMW y Mercedes Benz.
De igual modo, ocho millones 266 mil 910 pesos en joyas.

La dirección de comunicaciones de la Procuraduría informó que el desglose de la información relacionada a qué caso o expediente corresponde, no está disponible para la prensa.

En tanto que desde el Incabide se informó que se están procesando los bienes recibidos por lo que no tenían la información disponible al momento de la solicitud de elCaribe.

“Esa primera entrega de bienes a Incabide no solo incluyó bienes decomisados a la corrupción, ya que también fueron entregados bienes secuestrados y decomisados por otros delitos propio del crimen organizado como narcotráfico y lavado de activos, por lo que el monto de los bienes decomisados en general es mucho mayor que 3,200 millones de pesos”.

Recupera competencia

Es la primera entrega que hace el órgano responsable de la persecución penal a la nueva entidad creada para manejar y administrar los bienes incautados o decomisados mediante decisión judicial, en favor del Estado a través de procedimientos judiciales, así como de procesos de extinción de dominio.

Incabide, que antes era la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Ocabid), una entidad que tuvo varios escándalos por la manera en que manejaba los bienes a su cargo, ahora está provista de personalidad jurídica, tiene autonomía administrativa, financiera y técnica y está adscrito al Ministerio de Hacienda, sumará al inventario de 36 propiedades que tenía bajo su custodia, lo que recibió de la procuraduría.

Debido a los escándalos que se presentaron en Ocabid, en el año 2013, mediante resolución, la PGR permaneció con la guarda y custodia de los bienes.

¿Cuánto han devuelto?

Con la Ley 60-23 sobre la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Judiciales se retira la administración y custodia de bienes incautados de la Procuraduría.

La normativa establece un plazo para que todos los bienes muebles e inmuebles en manos de esa entidad sean transferidos al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), creado por la nueva legislación.

En la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito se han procesado varios casos de corrupción y criminalidad organizada que involucran grandes volúmenes de bienes muebles e inmuebles. Algunos de esos expedientes están en fase de juicio y otros en preliminar.

La Operación Antipulpo, donde uno de los principales acusados admitió culpabilidad en la etapa preliminar, se habían decomisado 200 millones de pesos mediante los acuerdos a los que llegó la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

En el caso Medusa, en total fueron 25 personas físicas y jurídicas las que llegaron a acuerdos con la PEPCA y devolvieron recursos.

Mediante un procedimiento penal abreviado, en el caso Coral, el Estado recuperó 40 millones de pesos.
En la Operación Calamar es en la que más recursos ha recuperado el Estado. Más de dos mil millones de pesos han sido devueltos mediante diversos procedimientos agotados por la PEPCA y las personas involucradas.

Los otros expedientes de criminalidad organizada que no tienen que ver con corrupción administrativa son el Falcon en 70 personas enfrentan cargos por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, usurpación de identidad, tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos que, disfrazados como actividades comerciales legales, movilizaban miles de millones de pesos.

Discovery y Discovery 2.0 es un expediente que también llamó mucho la atención. Es un caso que involucra a 66 personas y ocho empresas acusadas de participar en una red de cibercrimen que estafó a cientos de envejecientes en los Estados Unidos, y les robó millones de dólares a través de fraudes electrónicos.

De igual modo, Búfalo NK, Arrecife 2.0, Larva, Nido, Operación Cattleya, Gavilán, son otros tantos procesos judicializados.

No basta la culpabilidad; hay que decomisar

Durante la entrega, la procuradora general, Miriam Germán Brito, enfatizó que al dar cumplimiento a lo establecido en la nueva Ley 60-23 y traspasar los bienes e inmuebles al organismo encargado de administrarlos, se afianza aun más la intención de su gestión de romper esquemas no favorables y accionar bajo una nueva cultura de transparencia, eficacia y eficiencia en las acciones del Ministerio Público.

Añadió que es una demostración tangible del compromiso del Ministerio Público con la persecución efectiva y la política de que no es suficiente lograr sanciones cuando se acredita la culpabilidad, sino que hay que decomisar el producto de las acciones criminales, es decir, los activos.

3,200
Los montos entregados al Incabide corresponden a casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos.
2013
Año en que se dejó de enviar al Ocabid los bienes incautados y decomisados por el mal manejo y administración.