Por disposición de la jueza Kenya Romero, el extitular de Hacienda y el exministro Administrativo de la Presidencia estarán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, lugar en el que estuvieron presos otros funcionarios del pasado gobierno y que ya salieron al cumplirse el tiempo tope para esta medida cautelar.

Mientras que el exministro de Obras Públicas y pasado candidato presidencial Gonzalo Castillo estará en arresto domiciliario, tendrá impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica, como también deberá pagar una garantía económica de 20 millones de pesos en la modalidad de contrato.

No afecta vida de Gonzalo

Al salir de la audiencia, que se conoció a puertas cerradas, la abogada de Castillo, Laura Acosta, dijo que la decisión de la jueza Romero en nada afecta la vida del exfuncionario.

“El tribunal valoró que el señor Gonzalo Castillo no representa peligro de fuga… el Ministerio Público no aportó ningún elemento que pudiera determinar que Gonzalo Castillo representa un riesgo para la investigación, sin embargo, al establecer que es una investigación compleja decidió dictar una medida de coerción para garantizar su presencia en el proceso, lo que no cambia la vida de Gonzalo Castillo que desde el 5 de julio del 2020 solo va a su trabajo y las únicas dos veces que ha salido del país ha pedido permiso”, afirmó la jurista.

Para la defensa de José Ramón Peralta, el fallo de la magistrada de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional es un atropello y por lo tanto recurrirán en apelación en busca de que un tribunal de alzada revoque esta decisión.

MP dice fallo fortalece expediente

De su lado, la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que la decisión de la jueza Romero demuestra la solidez del expediente presentado por el órgano acusador.

“Pensamos que la decisión del tribunal corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público de la seriedad y de la contundencia de la investigación. Prácticamente todas las barras tenían hasta tres abogados, pero les fue imposible obtener ni una sola ganancia de incidentes”, manifestó ante las preguntas de la prensa.

A los acusados de distraer más de 19 mil millones de pesos del erario, se les revisará la medida de coerción el 4 de julio y se apoderó al Segundo Juzgado de la Instrucción, que preside la jueza Patricia Padilla, como tribunal control.

Las demás medidas impuestas por la jueza

La magistrada dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica para Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. También, a los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Fernández; y el abogado Ángel Lockward. Por igual, estarán recluidos en sus casas Aldo Gerbasi, Roberto Santiago, Agustín Mejía, Emil Dávila, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito, Ana Fernández, Ramón Hernández, Víctor Matías. Mientras que a Rafael Rodríguez, le fue impuesto presentación periódica e impedimento de salida del país. Y presentación periódica y una garantía económica a Daniel Caamaño, excontralor.

Fuente: el Caribe