Judiciales

Dos testigos de la Operación Calamar cuestionados en sus contratos con el Estado

En informaciones que ofreció al Ministerio Público, el empresario Ramón Emilio Jiménez admite que creó, junto a su socio José Arturo Ureña y a Fernando Crisóstomo, el mecanismo de cobro “ilegal” a las bancas de apuestas, lotería y colmados, que se describe en el caso Calamar.

Pero más allá de su participación en el esquema que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dice que se orquestó desde el Ministerio de Hacienda en la gestión del exministro Donald Guerrero, Jiménez y Ureña también son los socios de la empresa Trossachs Enterprises, favorecida con varios contratos de parte del Estado dominicano, y cuestionada en varias ocasiones por la forma en que se realizaban esos contratos.

En 2017, el programa de investigación de la periodista Nuria Piera refirió varios pagos que se realizaban a empresas desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oiseoe), por obras que no estaban terminadas.

Citó el caso de la empresa Trossachs Enterprises, que habría declarado hacer el equipamiento del hospital José Melenciano, de Jimaní, previo a realizar el contrato para esos fines. Entonces reclamaba un pago de más de 167 millones de pesos, según la reseña periodística de la fecha.

Durante el interrogatorio ante la Pepca, Jiménez declaró que ha sido suplidor del Estado dominicano a través de varias de sus empresas, resaltando como principal, a Trossachs Enterprises SRL. Al cuestionarle sobre los montos que ha contratado, dijo que esa parte la manejaba Ureña, que era quien más estaba al tanto.

Aseguró no conocer los detalles de las negociaciones en Oisoe. En la investigación de Piera se señala que varios contratistas cedieron a la empresa Trossachs sus contratas para trabajos en hospitales.

En la solicitud de medidas de coerción que presentó la Pepca a las personas que fueron detenidas durante la Operación Calamar, José Arturo figura como uno de los testigos, con quien se pretende probar que éste fungió como intermediario entre Crisóstomo y Jiménez Collie, así como la forma en que operaron la estructura para el cobro de cubicaciones adulteradas, así como el cobre de dinero, tipo soborno, a las bancas de apuestas, loterías y colmadas con máquinas tragamonedas.

Fuente: DL

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