El aire que asfixia la infancia: una serie de intoxicaciones, alertas de la ONU y el urgente llamado a la acción

En la provincia Duarte, la rutina escolar se ha vuelto una pesadilla recurrente. Tras el himno nacional, los niños ingresan a sus aulas con la incertidumbre de si desfallecerán asfixiados. Solo en el 2025, en San Francisco de Macorís, unos 300 estudiantes y personal docente han sido afectados por intoxicaciones, un caso cada tres horas. Las escuelas, llamadas a ser santuarios del aprendizaje, se han transformado en salas de emergencias.

Para citar algunos ejemplos, el Centro Académico Max Henríquez Ureña en Cenoví ha vivido la angustia de ver a sus alumnos y docentes afectados por fumigaciones cercanas. El Liceo Hernán José Sánchez ha reportado cuatro incidentes desde enero de 2025. El 18 de febrero, una «nube tóxica» de plaguicidas de una parcela adyacente invadió la escuela, afectó a 34 personas, entre ellos, 20 estudiantes, con mareos, náuseas y dificultad para respirar. Otro incidente similar ocurrió el 23 de enero, cuando 19 alumnos y dos maestros se intoxicaron por un químico lanzado desde una avioneta. La Escuela Ana Celeste Fernández también sufrió, con dos estudiantes hospitalizadas, una en cuidados intensivos. Los eventos citados no solo causan síntomas graves, sino que interrumpen la docencia.

En medio de esta crisis, la voz de la comunidad internacional se hizo presente. Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, visitó el país en mayo de 2025. Sus hallazgos fueron contundentes: una «catástrofe de plástico» y una «falta de manejo adecuado» de residuos. Crucialmente, señaló la ausencia de un «apropiado sistema de control y comercialización de agroquímicos peligrosos», y mencionó la preocupante entrada de paraquat, un herbicida altamente tóxico que daña principalmente los pulmones y puede ser mortal incluso por inhalación. Orellana también destacó la persistencia de «dispersiones aéreas y terrestres de plaguicidas cerca de las escuelas» durante el horario escolar, a pesar de las prohibiciones.

El especialista destacó que para proteger la infancia dominicana es imperativo: primero, establecer y hacer cumplir zonas de exclusión obligatorias alrededor de las escuelas para la aplicación de plaguicidas. Segundo, mejorar el control y la trazabilidad de todos los agroquímicos, con sanciones severas para los infractores. Tercero, estandarizar protocolos de respuesta a emergencias y establecer un sistema nacional de monitoreo de intoxicaciones. Cuarto, promover una economía circular. Quinto, mejorar la gestión de todos los desechos peligrosos y la criminalización del tráfico ilegal. Finalmente, sexto, fortalecer la legislación ambiental y de salud pública, y considerar la ratificación del Acuerdo de Escazú para empoderar a las comunidades.

La situación en la provincia Duarte es un llamado de atención. Proteger a los niños de estas amenazas requiere un esfuerzo multisectorial y un compromiso inquebrantable con la justicia ambiental y los derechos humanos.

Estas intoxicaciones resuenan en cada aula y hogar afectado, como un recordatorio palpable de que el derecho fundamental a la salud y a la educación deben ser garantizados a nuestros niños. Las recomendaciones de Marcos Orellana no son meras sugerencias, sino una hoja de ruta urgente y obligatoria para las autoridades dominicanas.

Proteger a la infancia dominicana de estas amenazas no es solo una responsabilidad legal, sino un deber moral ineludible. Es hora de que el bienestar de los estudiantes sea la prioridad número uno.  Solo a través de un esfuerzo multisectorial y un compromiso inquebrantable con la justicia ambiental y los derechos humanos podremos asegurar que el aire que respiran nuestros niños no sea un veneno, sino el aliento vital que les permita florecer.

Fuente: Panorama