Columnas

El Control de la Constitucionalidad Dominicana

Por: Iván González Cuevas

El control constitucionalidad  en República Dominicana opera como un mecanismo que permite verificar si las leyes contradicen a la constitución por el fondo o por la forma, el control de la legalidad tiene la misma finalidad respecto a las normas de inferior jerarquía ambos controles; El de la constitucionalidad y el de la legalidad de las normas jurídicas comprenden también la protección de los derechos fundamentales de las personas consagrados en la constitución del 13 de junio del año 2015.

Tanto la doctrina como la práctica acogen dos sistemas de controles de la constitucionalidad y legalidad de las normas jurídicas según  sea el órgano al cual la constitución le confíe dicho cometido. Uno de ellos se designa ‘’Control Concentrado’’ resultado de la creación de órganos constitucionales con la finalidad de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes por vía directa; y  el otro es el llamado ‘’Control Difuso’’, reservado al juez ordinario en ocasión del planteamiento de una excesion de constitucionalidad con carácter accesorio y de efecto exclusivo y transitorio para el caso en particular sometido a la consideración del juzgador.

El sistema de Control Concentrado es ejercido en la República Dominicana por el Tribunal Constitucional amparado en los términos del artículo 184 de nuestra constitución, su labor es la de garantizar la supremacía de la constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

La esencia del sistema concentrado de control de la Constitucionalidad de las leyes es la noción de supremacía de la constitución. En efecto si la constitución es la ley suprema de un país y por lo tanto prevalece ante todas las demás leyes, entonces un acto del Estado que contradiga la constitución no puede constituir una norma efectiva; al contrario, debe considerarse nulo como en efecto lo consagra el artículo 6 de nuestra carta magna. (Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto a esta constitución).

El control Difuso tiene su fundamento legal en el artículo 188 de nuestra carta magna y articulo 51 de la ley 137-11, orgánica del tribunal constitucional y de los procedimientos constitucionales, faculta a los tribunales de la República a conocer de la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento siempre bajo la condicionante de la pauta y guía con carácter obligatorio de la jurisprudencia publicas y todos los órganos estatales.

Tanto el control difuso  como el concentrado tiene su origen en los principios del constitucionalismo norteamericano, específicamente en el caso ‘’Marbury contra Madison’’, el cual se le reconoce a la constitución el carácter de norma suprema y se les da a los jueces la función de velar por la protección de los derechos fundamentales. ¿CONTINUARÁ? ……….

Iván González Cuevas. Abogado.

Comentarios para este artículo

Otros Artículos

Botón volver arriba