Odebrecht

El desafío del MP: evitar que se excluyan las delaciones

Para hoy a las 9:00 está previsto la exposición de las defensa de Pittaluga, Díaz Rúa y Galán

El Ministerio Público tendrá que emplearse a fondo esta semana para evitar que la base de sustentación del caso Odebrecht, que son las delaciones premiadas de los exejecutivos del consocio brasileño, le sea excluida del proceso por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que conoce el juicio de fondo a seis encartados.

Los supuestos testimonios de Marcelo Odebrecht, Ernesto Saviera Baiardi, Hilberto Mascarenha Alves Da Silva, Luis Eduardo Da Rocha Soares, Luiz Antonio Mameri y Marco Vasconcelos Cruz han sido descalificados como pruebas por las defensas de los imputados, en base a normas de República Dominicana y del país emisor, Brasil; y en una vasta jurisprudencia que existe sobre el tema.

Esto “para que el tribunal pueda tener suficiente argumentos para tomar una decisión ajustada a la ley”, dijo la defensa técnica de Angel Rondón, principal imputado en el caso de los sobornos de Odebrecht.

En abono a su tesis de que en esos documentos están las pruebas de la participación específica de cada uno de los seis imputados en el esquema de pago de sobornos de Odebrecht, el MP se aferra al artículo 312 del Código procesal Penal (CPP) sobre excepciones a la oralidad; y a la preclusión, afirmando que esas delaciones fueron admitidas en la audiencia preliminar.

No cumplen con las reglas. Las defensas de los imputados acusan al MP de tratar de confundir al tribunal con la excepción del artículo 321 para poder incorporar los documentos de marras como pruebas documentales contra Rondón, Andrés Bautista García, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Conrado Pittaluga, cuando en realidad no lo son.

Perdieron oportunidad. Afirmó que la única posibilidad que tenía el MP de incorporar esos documentos por lectura era cumpliendo con el artículo 371 del CPP, cuando el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, autorizó al exprocurador general Jean Alain Rodríguez; a la extitular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, “a realizar producción de prueba masiva” como ellos mismos le solicitaron.

Refirió que en su resolución del 2 de noviembre del 2017 el juez Ortega además le ordenó al MP “registrar por cualquier medio los interrogatorios” que haría a empleados y ejecutivos de Odebrecht en Brasil “y presentar un informe que sintetice objetivamente las declaraciones”, conforme a lo estipulado en el citado artículo 371.

Señaló que el MP no hizo nada de lo que se le ordenó y ahora presenta unos documentos sin las generales ni las firmas de las partes que dicen declarar, ni se sabe ante cuál autoridad lo hicieron.

Indicó que otros argumentos que podría utilizar el MP para que el tribunal le permita esas pruebas podría ser que los empleados y ejecutivos de Odebrecht son coimputados o que esto entra dentro de la esfera de la libertad probatoria.

Sin embargo, señaló que esas personas nunca vinieron a la República Dominicana ni siquiera a firmar el acuerdo de colaboración, ni se sabe frente a qué autoridad se hicieron (declaraciones) porque no tienen las generales ni las firmas de las partes.

“Si no fueron a Brasil como el juez Ortega le autorizó en la etapa preparatoria, y si el juicio tiene como principio la contradicción, tuvieron la oportunidad de traer a Marcelo Odebrecht a la República Dominicana y sentarlo en esa silla porque la libertad probatoria no podría permitirle al Ministerio Público traer cualquier documento que no sabemos cuál es la fuente de la que provino e incorporarlo a este proceso”, puntualizó.

Por la defensa técnica de Rondón que encabeza Luis Minier, expusieron Jorge López Hilario y Emery Rodríguez.

Para hoy a las 9:00 de la mañana está previsto la exposición de las defensa de Conrado Pittaluga, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán, quienes al igual que las de Rondón y Roberto Rodríguez se adhirieron a la solicitud que inicialmente hizo Andrés Bautista García para que las delaciones premiadas sean excluidas del proceso por ser ilegales.

Fuente: Hoy

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